Los querellantes sobre la financiación irregular del PP presentan una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

{mosimage}SB-Noticias.- Las organizaciones querellantes han venido denunciando ante todas las instancias judiciales del Estado español la actuación de los magistrados frente a los que esta parte se querelló (Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional).

Consideran su actuación irregular y plagada de actuaciones que vulneraban los cauces legal y procesalmente previstos, no habiendo sido investigada dicha actuación con una mínima instrucción por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dado su aforamiento, ni analizadas dichas irregularidades por esa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en un caso en que deben enjuiciar a sus propios compañeros.

Es por este motivo y ante la imposibilidad de respuesta alguna por los órganos judiciales españoles, por lo que se ha presentado dicha demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se denuncia la vulneración tanto del artículo 6.1 como el 13 del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En ese sentido, la demanda muestra la vulneración del derecho a un proceso equitativo en su vertiente de igualdad de armas y de juez imparcial en sus aspectos objetivo y subjetivo, algo que tiene ahora una mayor relevancia pues uno de los magistrados objeto de la misma, y con evidentes y notorias vinculaciones con el Partido Popular, será el previsible ponente en el presente procedimiento, aunque dichas actuaciones no afectase a los procesados más que para beneficiarles.

Fueron cinco organizaciones las que en su día suscribieron la llamada Querella Bárcenas: Izquierda Unida, Asociación Libre De Abogados (ALA), Ecologistas En Acción, Federación de Los Verdes y Asociación Justicia y Sociedad. Esta acción permitió que se iniciase, investigase y llegase hasta el juicio oral, por delitos tales como organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral, entre otros.

Por este motivo, las organizaciones querellantes consideran que no pueden más que seguir avanzando en la exigencia de justicia, para que se responda penalmente por los hechos objeto de la querella y que se respeten las garantías de la ciudadanía. Y más cuando son estas organizaciones, actuando como acusación popular, las que han impulsado algo que ni desde fiscalía ni desde otros estamentos se promovió: la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia y de los derechos civiles y sociales de las personas.