Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
{mosimage}En el año 2010, se presentó la proposición de ley de iniciativa popular en la que en ocho artículos y siete disposiciones adicionales, se expresaban el derecho a la salud de la ciudadanía, la potenciación de las infraestructuras y programas de medicina preventiva y salud pública, la potenciación de la atención primaria y especializada extrahospitalaria, la atención integrada dentro del sistema sanitario público de las drododependencias, (…)
(…) la integración y promoción de la salud mental, cuidados paliativos y de geriatría, la realización de un plan integral de urgencias y emergencias, la profesionalización de los gestores sanitarios, el control y reversión de los conciertos con la sanidad privada y el fomento de la participación profesional y ciudadana en la toma de decisiones.
En Canarias necesitamos acometer las medidas de cambio propuestas para la atención sanitaria e incorporar los presupuestos salubristas que se materializaron en la Ley estatal 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Precisamente esos presupuestos y la necesidad de tener un nuevo marco legislativo actualizado en el que se pueda dar carta de naturaleza al conjunto de reformas necesarias, además del objetivo de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria y de salud pública, fueron las motivaciones para la presentación de la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, que tras la toma en consideración en 2012, por unanimidad plena del Parlamento de Canarias, desapareció en una gaveta del mismo a la espera de que se la terminara de tramitar como la necesaria Ley Canaria de Salud.
Poner la salud en lo más alto de la agenda política pasa por elevar el rango político del citado conjunto de reivindicaciones contemplándolas en la correspondiente ley reguladora que exprese un claro posicionamiento hacia la salud para plasmarlo en los instrumentos de acción en salud, los planes locales de salud y la territorialización de los mismos en las áreas y zonas básicas de salud.
Por otro lado, en cuanto a los condicionamientos de la agenda política, es preciso señalar que tras el Consejo Interterritorial de Salud del pasado día 29, la aspiración de que el PP derogue el RDL 16/2012 de la contrarreforma sanitaria se ha desvanecido anunciando la clara amenaza de multiplicación de las políticas austericidas tras las próximas elecciones generales que, bajo la batuta del FMI, podrán suponer, por ejemplo, la introducción de más copagos sanitarios (copagos en transporte, dietas, etc), ya contemplados en el RDL 16/2012 del gobierno de Rajoy y que no se han llevado a cabo debido al gran rechazo social y profesional. Otra cosa será si los resultados electorales les permitieran seguir por el mismo camino.
Además, respecto a la atención sanitaria a inmigrantes "sin papeles", la exigencia apuntada por el Ministerio de Sanidad de empadronamiento de un año, en la práctica supone que muchas personas extranjeras tendrán que esperar bastante más de un año para acceder a la sanidad pública, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para poder acceder al padrón y al no contemplar otras opciones posibles para demostrar la residencia habitual. También continuará la falta de asistencia para nuestros emigrantes al perderla tras la permanencia de más de 90 días en el extranjero. Por tanto, más de lo mismo.
Desde luego está por verse si desde Canarias el gobierno de CC-PSOE se adaptará, como siempre, de modo sumiso a esta tónica continuista o va a seguir la senda de otras CCAA como la Comunidad Valenciana que acaba de restituir el carácter universal a su sanidad pública, en ella los inmigrantes "sin papeles" gozarán de las mismas prestaciones, incluidas la asignación de facultativo y los medicamentos con solo 3 meses de residencia habitual.
También la tramitación de la ILP será una magnífica ocasión para demostrar que la mayoría parlamentaria puede contribuir a la construcción de un instrumento legal que garantice el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, que asegure presupuestos suficientes, recuperación del empleo perdido, prohibición explícita del copago sanitario y sociosanitario y ponga freno y revierta las políticas privatizadoras. Para ello llamamos a hacer de dicha tramitación un proceso ampliamente participativo con expertos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y usuarios, organizaciones profesionales y sindicatos. Esperamos que las expectativas no se vean defraudadas una vez más.