La prueba que originó el caso se obtuvo de forma lícita, los pinchazos estuvieron justificados y proporcionados y el juez instructor actuó conforme a la ley
{mosimage}Agencias.- La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notificó ayer el auto que desestima los recursos de apelación formulados por cinco de los seis imputados en el caso eólico contra la resolución del presidente del jurado que el 13 de junio de 2014 avaló todas las pruebas que va a esgrimir el fiscal contra los acusados.
La resolución, dictada por la magistrada Carla Bellini de consenso con el presidente del TSJC Antonio Doreste y la magistrada Margarita Varona, cierra definitivamente los prolegómenos del juicio, es inapelable e implica que, sin posibilidad alguna de recurso, en las próximas semanas o meses se celebrará el juicio del caso eólico ante un tribunal de jurado presidido por el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Ignacio Marrero sin que los acusados puedan argumentar nada sobre la supuesta ilicitud de las pruebas. Todas ellas han sido declaradas lícitas.
A lo largo de 29 folios, la magistrada Bellini confirma que la actuación del denunciante Alfredo Santana fue legítima cuando interceptó los correos electrónicos dirigidos a su jefe en los que se evidenciaba que había personas con información privilegiada sobre aspectos técnicos del concurso para la asignación de potencia eólica; que el magistrado instructor del caso Miguel Ángel Parramón, ordenó la intervención de los teléfonos de los acusados de forma proporcionada a la gravedad del caso y mediante resoluciones motivadas; que no hubo falta de control judicial en las escuchas, que el juez instructor no fue elegido caprichosamente y que, si bien es cierto que se perdió un CD con pruebas, no era más que un recopilatorio de correos electrónicos que ya estaban adverados y aportados a la causa por escrito.
Los acusados son el ex director general de Industria Celso Perdomo, su novia Mónica Quintana, el abogado y escritor Alfredo Briganty, el funcionario Honorato López, y los empresarios José Ignacio Esquível Astelarra y Enrique Guzmán. El proceso cumplirá 10 años en 2016.