La Opinión / 7 de febrero de 2008.- NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, tendrá que volver a declarar ante la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, por el conocido como caso Teresitas. Esta será una de las principales consecuencias del levantamiento del secreto del sumario, ya que así lo puede solicitar la acusación particular formada por el colectivo Ínsula Viable y Justicia y Sociedad.
También se va a pedir una ampliación de la querella criminal que actualmente se tramita a instancias de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de que el abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayeck pueda ser imputado. Y ello es así, a raíz de tener conocimiento de que este letrado prestó sus servicios a la vez tanto a los miembros de la Junta como a los compradores de los terrenos, Inversiones Las Teresitas (ILT), recibiendo a cambio 100 millones de pesetas a cuenta, tal y como se ha demostrado hasta el momento, aunque se sospecha que la cantidad final sería bastante más elevada.
Derecho a no declarar. Aunque la declaración de Zerolo y muchos de los demás imputados será obligatoria dado que así lo pedirá la acusación particular, todos ellos podrán acogerse a su derecho a no responder. Desde un principio se daba por seguro que se pediría la declaración del alcalde, pero aún más tras levantarse el secreto.
Denuncia ante el Ministerio
Los miembros de la Plataforma en defensa de la playa de Las Teresitas y del litoral de Anaga han remitido al Ministerio de Medio Ambiente un escrito en el que llaman la atención de los responsables de este organismo ante la próxima reunión que la edil de Urbanismo, Luz Reverón, sostendrá en fechas próximas para intentar dar una solución a las obras que se realizan en este enclave. En concreto, los miembros de la Plataforma recuerdan que han presentado una denuncia pidiendo la paralización de las actuaciones- ante la Dirección General de Costas. Para ello remiten un escrito con diversas fotografías donde se demostraría que las obras que se vienen ejecutando en este entorno invaden el deslinde marítimo,terrestre. Y especialmente en lo que se refiere al gran aparcamiento que se está construyendo en la entrada de la playa, con capacidad para 400 plazas aunque este hecho se produce en otros puntos de la playa. Por todo ello, la Plataforma pidió la paralización de las obras al comprobar que éstas ni siquiera cuentan con licencia. Actualmente Urbanismo se ha comprometido a estudiar el expediente para determinar si se debe proceder a la paralización de los trabajos.