Bernardo Medina Rodríguez. Presidente de la Junta de Personal del Área de Salud de Gran Canaria.
{mosimage}Recordar y comprometer a las distintas fuerzas y partidos políticos en campaña electoral, que nuestra sanidad pública tiene graves problemas que precisan solución y la necesidad de recuperar derechos perdidos, era lo que pretendíamos.
Dice la sabiduría popular que no se equivoca quién ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas; se equivoca el que por temor a equivocarse, no camina. Convocar marchas blancas en defensa del sistema sanitario público en plena campaña electoral tenía sus riesgos, y los hemos asumido desde la unidad sindical, con un claro objetivo, recordar a los partidos y fuerzas políticas que tienen que comprometerse en defender y mejorar el sistema sanitario público, que la crisis la provocaron los bancos sin control y la deuda privada, no el déficit público, las medidas de austeridad han sido innecesarias, contraproducentes y la excusa perfecta para imponernos recetas que han demostrado ser un fracaso.
Estamos cansados de imposiciones, estamos cansados de mala gestión, es la ciudadanía quien debe recibir y juzgar en último término las actuaciones y con su voto y participación, tomar las decisiones finalmente. El poder quieren seguir con las viejas formas, con los viejos métodos, decimos alto y claro: no con nosotros y nosotras. La corrupción en todas sus variantes (fraude, soborno, nepotismo, clientelismo) es la antítesis del buen gobierno. Por ello, reclamamos que se adopten y mantengan procedimientos para que la toma de decisiones en todos los niveles de la sanidad pública, sea transparente y abierta a la consulta, para que se analicen los problemas, alternativas y políticas propuestas, de forma que se puedan recibir críticas y aportaciones de todos los ámbitos de la sociedad. Porque tenemos unos indicadores socioeconómicos dramáticos, con un 33% de la población bajo el umbral de la pobreza, motivados en parte por el déficit de financiación histórico por parte del Estado que padece nuestra sanidad pública, que se eleva este año a 2.412 millones de euros, una cantidad equivalente a todo un ejercicio de presupuesto del Servicio Canario de la Salud, a lo que hay que sumar los entre 800 y 1.700 millones anuales que tenemos de déficit anual de financiación presupuestaria del gobierno central, ese déficit de financiación nos lleva al precipicio, a las carencias actuales, y a un colapso del sistema a medio plazo.
La mayoría de la población de canarias no puede hacer frente a sus necesidades básicas, aumentando la desigualdad. Por estas y muchas otras razones, por eficacia, por legitimidad, exigimos que la sanidad pública tiene que responder con la mayor calidad, efectividad, eficiencia y equidad a las necesidades y demandas de ciudadanos y pacientes, planificándola, gobernándola y gestionándola, considerando que los ciudadanos son sus auténticos propietarios, destinatarios y jueces. Cuenten con nosotros los profesionales, en esa línea, de no callarnos, de defender al débil, de mejorar continuamente. De no cerrar los ojos con lo que ocurre en urgencias, con las listas de espera, con el cierre de camas, de negarnos a los abusos por la falta de personal y medios.
Esto es lo importante y lo hemos hecho desde la unidad sindical: CEMSATSE; INTERSINDICAL CANARIA; SEPCA; CCOO y UGT. Somos conscientes que es una carrera de fondo revertir la situación, pero tenemos nuestra conciencia tranquila ya que nadie con seriedad, nos puede reprochar que no cumplimos con nuestra obligación: defender a los que representamos y a un sistema sanitario público que se sostiene por la profesionalidad y buen hacer de los trabajadores, no de los que la dirigen y gestionan.