Diario de Avisos / 6 de febrero de 2008.- V. P. Santa Cruz. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, declaró ante la juez del caso Las Teresitas que "siempre se ha atenido a los informes técnicos" y que en todo el proceso de la compraventa del frente de playa y de la ordenación de la zona tomó todas sus decisiones "en base a los informes de sus funcionarios".
En todo caso, en otro momento de su declaración, al ser preguntado por qué el Ayuntamiento contrató empresas y a un abogado externos para este expediente, el alcalde respondió que "si volviera ahora mismo a tomar la decisión para salvar la playa, la tomaría de nuevo", y que "seguramente ahora" contrataría "a muchas más personas".
Zerolo subrayó también que la intención del Ayuntamiento es que esta operación de compraventa tenga a la larga "un coste cero" para el Ayuntamiento, ya que para ello el Consistorio se ha quedado en su activo con una parcela hotelera -en la antigua batería militar- que, "según valoraciones hechas por terceros parece que vale más de 8.000 millones de pesetas", cantidad que se aproxima a los 8.750 millones de pesetas que salieron de las arcas municipales para la adquisición de las parcelas.
Interpelado por la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, quién fijó el precio pagado (52,6 millones), el primer edil contestó que "sería la Gerencia de Urbanismo, fue quien llevó las negociaciones", y que supone que fue fijado conforme a las tasaciones. En otro momento de su comparecencia ante el Tribunal el 17 de abril de 2007, en calidad de imputado, el mandatario santacrucero fue preguntado también por la cuestión del deslinde público marítimo terrestre y dijo que, en esa fecha, el Ayuntamiento había "mantenido reuniones con el director de Costas al objeto de llegar a un acuerdo, por ser esa zona [las parcelas del frente de playa] municipal" y que estaban "a punto de llegar a un acuerdo para que el Ayuntamiento ceda los terrenos donde el Ministerio [de Medio Ambiente] está actuando en la playa".
Asimismo, Zerolo, con relación al conflicto sobre la titularidad del Valle de Las Huertas entre la Junta de Compensación y propietarios ajenos a este órgano, manifestó que tenía "constancia de que había vecinos de San Andrés que protestaron, no se les había pagado, y se tomó la decisión de ponerles un abogado por parte de la Gerencia de Urbanismo, para poder asesorarles".