Arturo Borges Álamo, candidato al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Canarias por el equipo Claro que Podemos
{mosimage}Estamos ahora en Podemos con la fase final de la elección de nuestros órganos internos, la que corresponde a los ámbitos insular y autonómico. Y en ese marco nos jugamos el tipo de proyecto político y organizativo que apoye la mayoría de las personas inscritas en Podemos para encarar los enormes retos a los que está llamado también en Canarias.
Con ocasión de las elecciones europeas tuvo lugar un brusco viraje que ha cambiado radicalmente la correlación política poniendo en la picota al “viejo régimen del 78” y como no podía ser de otra manera, entre nosotros dicho fenómeno se ha visto impulsado por contradicciones particularmente sobredimensionadas por las condiciones de pobreza, desigualdad social, corrupción y otras tantas lacras que caracterizan la situación social y política de la sociedad canaria.
En Canarias el voto a Podemos en las europeas venía asociado a la voluntad de desbancar del poder político a la minoría oligárquica dominante y a su corte de hampones y parásitos. Por eso desde la candidatura al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, avalada por el equipo de Pablo Iglesias "Claro que Podemos" insistimos en que habría que estar ciego para no ver en ello un histórico y extraordinario salto en la conciencia social, y consolidarlo es la tarea, por lo que cualquier concesión en este orden sería un paso atrás, imperdonable, de consecuencias estratégicas.
La reforma del Sistema Electoral Canario es una pieza clave para lograr el necesario cambio político y social que nuestro pueblo demanda, es fundamental para desalojar hasta sus raíces a las castas burocráticas de los cuatrillizos (CC, PP, PSOE y NC) y sus diferentes aliados en las distintas circunscripciones electorales. Con el actual régimen electoral no será nunca posible conformar gobiernos que atiendan las necesidades objetivas con baremos sociales archipielágicos.
Este sistema electoral es el menos democrático de cuantos funcionan actualmente en el Estado español. establece que el 17% de la población (islas no capitalinas) elije la mitad de los diputados del Parlamento Canario (caso único en el Estado) y para obtener escaño exige además superar el 30% de los votos (el máximo en el resto del Estado es del 5%). Se precisa mejorar la proporcionalidad aumentando la representación de las circunscripciones capitalinas, reducir las barreras electorales y excluir, como elemento rector de cualquier reforma, el argumento de la triple paridad que distribuye los diputados no con un criterio poblacional sino equiparando la representación de las islas no capitalinas con la de las islas capitalinas.
Por otro lado, Podemos no puede aceptar limites competenciales que obstruyan o bloqueen políticas en materia de legislación laboral y social, crédito público, fiscalidad progresiva, protección del medio ambiente, fomento de la producción interior, control de precios y de prácticas monopolísticas… En definitiva, la defensa de lo público en todos los órdenes de lo que caracteriza y significa el estado social y de derecho y su profundización, y en todo lo que concierne a los sectores estratégicos de la economía y la realidad social de Canarias.
En este sentido, para terminar, quiero referirme a la cuestión sanitaria que es la que me viene preocupando y ocupando desde hace años, como miembro del movimiento para la defensa de la salud y la sanidad pública de Canarias, y ahora integrado en el Círculo de Sanidad de Podemos en Tenerife. La propuesta de este círculo respecto a la situación de salud y sanidad de la población canaria es una aportación más que en el marco autonómico sectorial de Podemos dará origen a la orientación técnica y política con la que los órganos decisorios de Podemos adoptarán el programa correspondiente. De todos modos no me resisto a dejar apuntadas algunas medidas necesarias, tales como la derogación del RDL 16/2012 y reversión de todas sus medidas desmanteladoras del modelo de sanidad pública, universal y gratuita, así como la derogación de la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión en la sanidad, con la que se pusieron las bases para el proceso privatizador.
Esencial es la mejora de la financiación del Sistema Nacional de Salud y de la sanidad de las CCAA recuperando el recorte habido en el gasto sanitario y situándolo en la media de la Unión Europea, consignando así mismo partidas finalistas para la sanidad de las CCAA. Potenciada con el ejercicio de la autoridad fiscal autonómica mediante impuestos directos progresivos a la riqueza, persecución del fraude fiscal, abono del impuesto de sociedades y derogación de la Reserva de Inversiones de Canarias.
Se precisa racionalizar el gasto: potenciando consultas y urgencias en atención primaria, la hospitalización de enfermos crónicos en centros de crónicos de gasto mucho menor, la creación de una Agencia de compras en el SNS para usar las ventajas de la economía de escala y la reducción paulatina para finalmente suspender los conciertos con la sanidad privada.
Otras necesidades son la recuperación de las plantillas de la sanidad pública situando las ratios de personal en la media de la UE y la exigencia de la dedicación exclusiva y aplicación de la Ley de Incompatibilidades para l@s profesionales. Un plan de Salud centrado en las desigualdades en salud y realmente participativo para profesionales y usuarios. Rechazo del principio de "hacer más con menos". Profesionalización de la Gestión y oposición a las Unidades de Gestión Clínica neoliberales. Atención Primaria resolutiva con el personal y los medios tecnológicos para ser el instrumento fundamental de la atención sanitaria en todas las islas y para toda la población por igual. Integración de la Atención Primaria y la Especializada evitando duplicidades de actuaciones. Puesta en marcha de auténticos Hospitales comarcales, de 2º nivel, cuya necesidad está más que fundamentada. Potenciación de los servicios y programas de Salud Pública, de prevención, promoción de la salud y educación sanitaria, tanto en centros educativos como sanitarios, así como en el ámbito comunitario.
También atención a la Salud Mental que evite medicalizar. Intervención de profesionales de la psicología en atención primaria, atención en el ámbito comunitario potenciando la atención a domicilio y los equipos y programas para la promoción de la salud mental. Integración de la atención a las drogodependencias. Integración de la Atención Sociosanitaria que garantice continuidad de cuidados en pacientes crónicos, dependientes, así como su autonomía personal. Incrementar el número de camas de media y larga estancia hasta una ratio de 1 cama de crónicos por 1.000 habitantes. Aumento de plazas de hospitales de día. Integración de los hospitales de crónicos como hospitales de apoyo al área de salud, en el SCS. Coordinación entre servicios sanitarios y servicios sociales que atiendan a las condiciones sociales de estos pacientes. Aplicación de programas de geriatría, cuidados paliativos y muerte digna. Integración de la Salud laboral con los programas y servicios de Salud Pública y de Atención Primaria. Derogación de la Ley de Mutuas laborales.
Garantizar el derecho a la Salud sexual y reproductiva de las mujeres, interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita en la sanidad pública. Potenciar los programas públicos de fisioterapia y de rehabilitación, etc.
También debemos avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, basado en la actuación sobre las causas sociales de las enfermedades y por tanto sobre las causas de esas causas, el injusto sistema capitalista y su estructura de poder.
Por eso a medio y largo plazo, habrá de ser la prevención, mediante políticas intersectoriales "saludables" económicas, laborales, medioambientales, sociales, educativas, culturales, etc. que promocionan la salud, la que pudiera permitir un cambio del modelo de atención a la salud, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
Para ello es decisiva la firme voluntad de resistencia y lucha de la ciudadanía, de ejercicio de la actividad de modificación de los determinantes sociales de la salud como culminación de un proceso de emancipación o de empoderamiento de la población. Por tanto estamos hablando de poder, de democracia participativa, de participación social plena, no solo en el ámbito de la salud y la sanidad, sino en la organización y funcionamiento de la estructura general de nuestra sociedad. Estas son referencias básicas para el proyecto de Podemos, en ellas hunde sus raíces que son las que nos vinculan de modo determinante al presente y al futuro de nuestro pueblo.