González Ortiz denuncia que el ministerio de Hacienda altera la distribución de recursos entre las CCAA “por la puerta de atrás”
{mosimage}SB-Noticias.- Canarias rechazó este martes la quita de intereses de la deuda de las comunidades autónomas por parte del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por considerar que es una medida “injusta, discriminatoria y perjudica a las Islas”.
González Ortiz defendió ante el ministro Montoro que el coste que le supone al Gobierno central esta condonación de intereses “lo emplee en un fondo transitorio para nivelar a las comunidades que están por debajo de la media en la recepción de los recursos necesarios para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales”.
El consejero, además, cuestionó al ministro que si hasta ahora el argumento para negarse a reformar el sistema de financiación era que el Estado no disponía de recursos suficientes “cómo es que ahora sí hay dinero para una medida que lo que hace es incidir en la discriminación de unos territorios y ciudadanos frente a otros”. “El principal argumento del Estado se rompe”, agregó.
La delegación canaria manifestó su acuerdo en que todas las comunidades autónomas puedan beneficiarse de los bajos tipos de interés que obtiene el Tesoro de España en los mercados. “Creemos –dijo el consejero- que es una actuación acertada que las administraciones destinen los menos recursos posibles al pago de intereses en beneficio de los servicios públicos”.
De esta forma, González Ortiz se mostró conforme con la posibilidad de emitir deuda que permita a las autonomías lograr el mismo coste que el Gobierno central pero no compartió que la diferencia entre ese coste y el 0% que se aplicará a todas las comunidades por igual sea asumido por el Estado.
En este sentido, el consejero consideró que ese diferencial “debería destinarse a un fondo de compensación para distribuir entre las comunidades que se sitúan por debajo de la media de lo recibido en el sistema de financiación”.
“Lo que no podemos aceptar –destacó- es que estos fondos extra se repartan sin criterios objetivos, como podrían ser el PIB de cada territorio, el cumplimiento de déficit o su financiación específica”. “Es inadmisible que, por el contrario, se distribuyan en función de la gestión realizada por cada administración premiando a aquellas que han acumulado más déficit y deuda”.
González, que recordó que Canarias percibe 800 millones menos anuales del sistema de financiación en relación con la media, concluyó en que el ministerio de Hacienda “está alterando la distribución de recursos entre las comunidades autónomas por la puerta de atrás”.
El déficit de Canarias se situó en el 0,31 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta octubre, lo que la sitúa como la Comunidad Autónoma más cumplidora, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El déficit de las Administraciones Públicas, excluyendo a las corporaciones locales y las ayudas financieras, se redujo un 11,2% hasta octubre y sumó 43.115 millones, el 4,05% del PIB, mientras que el saldo del Estado alcanzó los 35.561 millones hasta noviembre, el equivalente al 3,34% del PIB y un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2013.
Así lo ha señalado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota de prensa, tras cerrar también el dato del tercer trimestre del año (38.482 millones, el 3,62% del PIB) una vez incorporadas las cifras de las entidades locales.
El saldo registrado entre enero y octubre se desglosa en un déficit de la Administración Central de 28.470 millones, el 2,68% del PIB; un déficit autonómico de 14.167 millones, el 1,33% del PIB; y un déficit de la Seguridad Social de 478 millones, el 0,04% del PIB.
Las comunidades superan así en algo más de tres décimas su objetivo anual. Extremadura (-2,29%), Murcia (-2,22%), Andalucía (-1,84%), Cataluña (-1,76%), Comunidad Valenciana (-1,57%), Castilla-La Mancha (-1,46%), Aragón (-1,24%) y Madrid (-1,11%) superan el objetivo.
Galicia (-1,03%) y Castilla y León (-1,03%) están en el límite y el resto cumplen: Cantabria (-0,96%), Baleares (-0,92%), La Rioja (-0,92%), Navarra (-0,86%), Asturias (-0,62%), País Vasco (-0,42%) y Canarias (-0,31%).
En el caso de la Seguridad Social, la cifra se debe principalmente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que amplió su superávit hasta el 0,53% del PIB, mientras que el Sistema de la Seguridad Social registró un déficit del 0,51% del PIB y el Fogasa contabilizó un déficit del 0,07% del PIB.
Las cifras del Estado van siempre un mes por delante de las déficit público y muestran una disminución superior al 10% hasta noviembre. En términos de PIB la cifra se sitúa en el 3,34% y muestran cierto margen de cara al objetivo del 3,5% fijado para el conjunto del año.
El déficit registrado hasta noviembre es consecuencia de unos ingresos de 156.812 millones de euros, un 4,3% más, y unos gastos de 192.373, lo que supone un aumento del 1,3%. En términos de caja, que computa los ingresos y gastos cuando realmente se producen, el déficit del Estado se situó en 26.498 millones de euros, el 2,49% del PIB.
La recaudación total hasta septiembre ascendió a 183.149 millones, frente a 171.816 millones en 2013, lo que supone un incremento del 6,6%. De este importe, 65.999 millones corresponden a ingresos cedidos a las comunidades territoriales por su participación en los impuestos estatales, un 3,1% más. Los ingresos impositivos totales crecieron un 4,2% impulsados por los aumentos del IRPF y del IVA en un 4,2% y un 8,2%, respectivamente. El resto de ingresos no financieros creció un 26,8%, con una recaudación total del 22.713 millones.
La recaudación total por impuestos directos y cotizaciones sociales, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales, sumó 86.032 millones, con un aumento del 2,2%. De su lado, los ingresos totales por impuestos indirectos ascendieron a 74.404 millones, un 6,7% más.
EL IRPF SUBE UN 4,2%
En concreto, la recaudación del IRPF fue de 68.027 millones, un 4,2% más que un año antes debido, principalmente, al aumento de las retenciones del trabajo en un 3,4%, los ingresos de la Campaña de Renta y la minoración de las devoluciones en un 2,6%. Los pagos fraccionados crecieron un 7,2% y el gravamen sobre premios de determinadas loterías aumentó en 193 millones. En términos homogéneos, los ingresos del IRPF aumentaron el 3,6%.
Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades sumó 14.102 millones, un 7,6% menos por el aumento de las devoluciones en un 28,2% y por los elevados ingresos del año pasado, que no tienen correspondencia este año. Los ingresos de la declaración anual de 2013 fueron de 4.020 millones, un 7,4% más, mientas que los pagos fraccionados, con una cifra de 12.487 millones, aumentaron un 9,2%, principalmente por el crecimiento de los grupos consolidados y del resto de las grandes empresas. En términos homogéneos, la recaudación hasta creció un 1,3%.
EL IVA SUBE UN 8,2%
La recaudación del IVA sumó 53.730 millones y se incrementó en un 8,2% respecto a un año antes, aunque en términos homogéneos, de los que 44.551 millones proceden del IVA operaciones interiores, que experimenta un aumento del 8,5%.
La recaudación por Impuestos Especiales, por su parte, ascendió a 17.959 millones, con un aumento del 2,1% debido al aumento del Impuesto sobre Labores del Tabaco e Hidrocarburos en un 1,6% y 1,8%, respectivamente. En cambio, los ingresos del Impuesto sobre la Electricidad cayó un 4,1%.
BAJAN LOS PAGOS
Por el lado de los gastos, los pagos no financieros efectuados por el Estado se situaron en 143.648 millones de euros, un 1,3% menos. En este resultado ha influido el descenso de las transferencias corrientes y las inversiones reales, compensados en parte por los mayores gastos financieros y de transferencias de capital.
Así, los gastos financieros ascendieron a 31.233 millones, un 11,6% más, mientras que las transferencias de capital acumularon 7.048 millones, un 46,7% más. En cambio, cayeron los gastos corrientes en bienes y servicios (-1,2%), las transferencias corrientes (-6,8%) y las inversiones reales (-24,1%).
De su lado, los gastos de personal cayeron un 0,3% y se situaron en 13.755 millones de euros, con un aumento del 0,3% de las cotizaciones sociales y un descenso del 4% en los gastos sociales a cargo del empleador y del 0,4% en los sueldos y salarios.