José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
El pasado sábado 3 de octubre, unas 15.000 personas se concentraron en Gaillon (departamento francés del Eure), a escasos metros de la planta de Syngenta. Enfermos, campesinos, médicos, científicos y ciudadanos portaban carteles que no eran meros eslóganes, sino biografías truncadas: “Armèle, 45 años, cáncer de mama”; “Mi pequeña hermana Julia, muerta de un cáncer de páncreas a los 24 años”. No asistíamos a una convocatoria aislada ni a un estallido emocional carente de fundamento. Organizaciones como la Confédération Paysanne, Cancer Colère y diversos colectivos de víctimas de pesticidas materializaban una exigencia racional: el fin de la producción y uso de estos agrotóxicos. Los testimonios reflejaban la crudeza de una realidad cotidiana en zonas de alto consumo agroquímico: patologías severas que golpean a edades inusuales y la certeza de que el modelo agrícola industrial, regido por la acumulación de capital, está dejando una huella indeleble en la salud pública. Quienes allí se congregaron no padecen delirios conspiranoicos. Son la expresión consciente de una sociedad que ha puesto rostro a un daño estructural respaldado por décadas de evidencia. Y este mismo clamor resuena, con una vigencia ineludible, en Canarias.
En nuestro archipiélago, la realidad material de las cifras confirma una tendencia alarmante que castiga con extrema severidad los cuerpos de las mujeres. En el año 2024 se diagnosticaron 12.688 nuevos casos de cáncer en Canarias (es decir, 12.688 diagnósticos nuevos registrados en un solo año), lo que supone un incremento del 2,7 por ciento respecto al año anterior (según los datos consolidados del Observatorio del Cáncer 2024 de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC). De estos diagnósticos, 5.382 correspondieron a mujeres (el 42,4% del total de nuevos casos). El cáncer de mama sigue encabezando esta letal estadística: 1.638 casos diagnosticados en 2024 —la cifra asciende a 1.790 si se contabilizan los detectados por el programa de cribado del Servicio Canario de la Salud—, erigiéndose en la primera causa de muerte tumoral entre la población femenina canaria. El dato adquiere una gravedad aún mayor cuando se examina la franja de edad: en Canarias, una de cada cinco mujeres con cáncer de mama tiene menos de 50 años (esto es, el 20%), y un 10% de los casos se diagnostican en menores de 40 años (uno de cada diez), una incidencia notablemente alta en mujeres jóvenes que desafía las explicaciones basadas exclusivamente en el envejecimiento poblacional. Además, los tumores ginecológicos (ovario y útero), aunque en ocasiones diluidos en las estadísticas hegemónicas, alimentan la justa alarma sobre la incidencia de factores ambientales y hormonales. En la última década, el incremento absoluto de los diagnósticos oncológicos en las islas ronda el 25 por ciento (es decir, el número de nuevos diagnósticos ha crecido una cuarta parte en diez años). Si bien la ortodoxia estadística atribuye parte de este aumento al envejecimiento poblacional y a la mejora técnica de los cribados, resulta metodológicamente inaceptable omitir el peso de la carga química a la que nuestra población está crónicamente expuesta.
La conexión no es fortuita. Los rigurosos estudios toxicológicos desarrollados por el Grupo de Investigación de Medio Ambiente y Salud del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han documentado la presencia de contaminantes persistentes en la población canaria, detectables incluso en etapas de desarrollo fetal. Los datos son incontestables: el 99,3% de las 682 personas analizadas (una muestra representativa del archipiélago) presentaban DDT o sus metabolitos en sangre, y las concentraciones más altas correspondían a los habitantes de Gran Canaria y Tenerife. Más de la mitad de la población canaria mostraba niveles de DDT corporal superiores a 715 ng/g (nanogramos por gramo, esto es, milmillonésimas de gramo de DDT por cada gramo de muestra analizada, habitualmente grasa o suero sanguíneo), y el 87,9% de las muestras presentaba el metabolito principal, el p,p’-DDE. Un hallazgo particularmente revelador es la elevada ratio DDT/DDE (la proporción entre el DDT original y su metabolito DDE; una ratio alta sugiere exposición reciente o continuada, no solo histórica) en la población canaria, indicativa de una exposición crónica que persiste hasta la actualidad, décadas después de la prohibición del compuesto. Destacan por su persistencia en el organismo estos metabolitos del DDT —proscrito hace décadas pero aferrado a nuestra tierra— y un vasto arsenal de residuos de pesticidas que saturan suelos, aguas y alimentos. Debido a la histórica explotación a través de una agricultura intensiva orientada a la exportación, Canarias registra niveles de contaminación por plaguicidas persistentes marcadamente altos. Estudios específicos han documentado contaminación de acuíferos en Gran Canaria y Tenerife, con concentraciones de pesticidas en aguas subterráneas que alcanzan los 13,5 µg/l (microgramos por litro, equivalente a 13,5 partes por billón) en zonas como La Aldea. Gran parte de estos compuestos actúan como disruptores endocrinos —sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal—, los cuales la literatura científica asocia directamente con un incremento del riesgo de enfermedades metabólicas y cánceres hormonodependientes, cebándose de manera específica en el cáncer de mama. Un estudio de casos y controles (diseño epidemiológico que compara personas enfermas con personas sanas para identificar factores de riesgo) realizado en Gran Canaria con 103 mujeres sanas y 121 diagnosticadas de cáncer de mama demostró que las mezclas complejas de pesticidas organoclorados constituyen un factor determinante en el riesgo de padecer esta enfermedad. La evidencia es tan contundente que las mujeres canarias presentan niveles más altos de insecticidas organoclorados que los hombres, y estos compuestos son considerados xenoestrógenos —estrógenos ambientales— directamente relacionados con cánceres inducidos ambientalmente. Negar esta dimensión ambiental, multifactorial pero decisiva, es un ejercicio de ceguera voluntaria que encubre responsabilidades concretas.
De forma paralela, la exposición continúa de forma invisible a través de la cadena trófica. A pesar de los discursos institucionalizados sobre la seguridad alimentaria, consumimos un cóctel tóxico amparado por un marco normativo laxo. Análisis independientes recientes —véase el informe Directo a tus hormonas 2026, elaborado por Ecologistas en Acción a partir de los últimos registros de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)— revelan que el 46 por ciento de los alimentos y el 69 por ciento de las frutas consumidas en el Estado español contienen residuos de plaguicidas (porcentajes calculados sobre el total de muestras analizadas). Los datos desagregan una realidad aún más inquietante: los alimentos de producción local presentan un 39% de muestras contaminadas, frente al 72% de los alimentos importados, lo que evidencia que ni siquiera el consumo de proximidad garantiza la inocuidad. Más grave aún: en estos análisis se detectó la presencia de 59 sustancias que no están autorizadas en la Unión Europea (59 principios activos distintos prohibidos o no aprobados en la UE). La legislación actual incurre en la trampa de evaluar la toxicidad de cada sustancia de forma aislada, ignorando el peligroso “efecto cóctel” (exposición simultánea a múltiples sustancias químicas cuyos efectos pueden sumarse o potenciarse) derivado de la mezcla diaria de estos químicos en nuestros cuerpos. El propio Parlamento Europeo ha instado a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) a revisar las metodologías de evaluación de los efectos tóxicos y cancerígenos a largo plazo de los pesticidas, en particular como resultado de las interacciones entre sus componentes, reconociendo implícitamente que la evaluación sustancia por sustancia puede ser insuficiente para salvaguardar la salud humana. Mientras tanto, corporaciones agroquímicas como Syngenta —cuya filial ibérica, Syngenta España SAU, registró unas ventas de 328.385.364 euros en 2024 (más de 328 millones de euros de facturación anual)— consolidan un oligopolio global. La presencia de Syngenta en Canarias no es anecdótica: la empresa ha firmado convenios de colaboración con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para el control de plagas, y sus productos han sido autorizados para uso en las islas, tejiendo una red de dependencia química que atraviesa la administración pública. Nos hallamos ante el paradigma fundacional de este modelo de producción: la privatización sistemática de beneficios millonarios frente a la socialización de los costes sanitarios, ecológicos y humanos, forzando al colapso a un sistema público de salud cada vez más tensionado.
La movilización de Gaillon no es, por tanto, un acto de histeria. Es la manifestación de una conciencia colectiva que se niega a normalizar la exposición crónica a venenos, amparados por un sistema que prioriza sistemáticamente la tasa de ganancia sobre la reproducción de la vida. En Canarias, donde el abuso de fitosanitarios es un legado histórico palpable en nuestro territorio —con el glifosato aún presente en la jardinería pública de numerosos municipios pese a que la Organización Mundial de la Salud lo clasificó en 2015 como “probablemente carcinógeno para los humanos”— y donde los índices oncológicos, dramáticamente sesgados hacia el cuerpo de las mujeres, no dejan de escalar, asumir esta conciencia es un imperativo innegociable. No se trata únicamente de reclamar mejores tratamientos paliativos; se trata de exigir transparencia radical, una reducción efectiva de los agrotóxicos, vigilancia epidemiológica independiente de intereses corporativos y un modelo agroalimentario emancipado del dictado químico. Cuando miles de voces se alzan frente a una corporación esgrimiendo el nombre de sus muertos, no deliran. Ejercen la legítima defensa de su derecho a la vida frente a un entorno estructuralmente hostil. Y eso, lejos de ser paranoia, es el primer paso ineludible hacia la justicia sanitaria, ambiental y social.
