Centenares de personas se concentraron este jueves en Santa Cruz de Tenerife para protestar contra los desahucios y denunciar la «insostenible» emergencia habitacional que sufre la isla. La movilización, según explicaron los convocantes, refleja el profundo hartazgo ciudadano frente a las prácticas de «depredadores inmobiliarios».
La Concentración fue promovida con carácter de urgencia, tras el desahucio a Mari Carmen en Madrid, y el fallido desahucio a una vecina de Granadilla con cáncer terminal, por Inma Évora — Acción Social Canarias / PAH Tenerife, quienes advirtieron que seguirá la lucha y las movilizaciones en defensa de la vivienda y los derechos sociales, asegurando que los «Derechos Humanos no se negocian». Asimismo, manifestaron su respaldo a iniciativas similares impulsadas por otras organizaciones.
La jornada sirvió también de antesala para la manifestación convocada este sábado a las 12:00 horas bajo el lema «Democracia Real Ya», cuyo recorrido se iniciará en la Plaza Weiler. Al cierre del acto, se procedió a la lectura del manifiesto oficial de la protesta, cuyo documento íntegro se adjunta a continuación.
MANIFIESTO POR LA VIVIENDA: NINGUNA VIDA FUERA DE CASA
El 23 de septiembre, Maricarmen, con 87 años y más de 70 años de vida en la misma casa, fue desahuciada en Madrid. Cientos de personas intentaron impedir que una mujer anciana perdiera su hogar. No fue suficiente. Maricarmen salió de su casa en una camilla.
Y hoy, mientras nos concentramos por ella, tenemos que mirar también hacia quienes están viviendo situaciones similares.
Porque esto no va de una sola mujer.
Va de nuestros mayores.
Va de nuestras familias.
Va de quienes trabajan y no pueden pagar un alquiler.
Va de quienes tienen una pensión que no alcanza para la vivienda.
Va de quienes llevan décadas en un barrio y están siendo expulsados de él.
Va de quienes han perdido su casa y también de quienes viven con el miedo permanente
a perderla.
Una sociedad que permite que una mujer de 87 años sea expulsada de su casa, donde ha vivido durante más de siete décadas, sin protección frente a un depredador inmobiliario, tiene un problema mucho más profundo que un procedimiento judicial que valida la especulación con un bien de primera necesidad.
Tiene un problema de humanidad. Desecha los Derechos Humanos, que son el eje fundamental de la justicia.
Y ante esto, no podemos mirar hacia otro lado.
Ya conocemos esta historia.
La vivimos durante la crisis hipotecaria. Miles de familias perdieron sus viviendas, muchas quedaron endeudadas después de perderlas y la mayor parte de aquellos activos, sus hogares, terminaron en manos de la banca y fondos de inversión: fondos buitre
El Estado destinó decenas de miles de millones de euros a la recapitalización del sistema financiero mientras miles de familias afrontaban ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Aquella crisis no terminó para quienes perdieron sus casas.
Hoy estamos asistiendo a otra transformación del mercado de la vivienda: la vivienda se concentra cada vez más en manos de quienes poseen múltiples inmuebles y de personas jurídicas, mientras cada vez resulta más difícil para una familia acceder a un hogar a un precio que pueda pagar.ComentarioResaltar Casi el 70 % del parque de viviendas en el mercado del alquiler en el Estado está en manos de multiarrendadores. Solo en Canarias superamos ese tanto por ciento.
Mientras tanto, los precios siguen presionando a las familias y el alquiler se convierte en una carrera imposible.
No queremos esperar a que la próxima burbuja inmobiliaria del alquiler vuelva a estallar para reconocer que llevamos años construyéndola.
No queremos que nuestras ciudades se conviertan en lugares donde solo puedan vivir quienes puedan pagar precios desorbitados por la rentabilidad de los activos inmobiliarios de esos multirrentistas.
No queremos barrios sin vecinos.
No queremos mayores expulsados de sus casas.
No queremos familias obligadas a elegir entre comer o pagar el alquiler.
No queremos que una vivienda sea considerada más importante como inversión que como hogar.
La vivienda es un derecho. No una mercancía en manos de políticos y banqueros.
Defender ese derecho significa exigir que ninguna persona vulnerable sea expulsada de su hogar sin una alternativa habitacional digna y adecuada.
Significa reclamar vivienda pública suficiente.
Significa regular un mercado que está dejando fuera a una parte cada vez mayor de la población.
Significa impedir que la especulación convierta nuestros barrios en productos financieros.
Significa proteger especialmente a quienes, por edad, enfermedad, discapacidad o situación económica, tienen menos capacidad para defenderse.
Y significa algo todavía más sencillo:
No podemos aceptar que una sociedad mire cómo una mujer de 87 años sale de su casa en una camilla y después continúe con su vida como si no hubiera ocurrido nada.
Porque ayer fue Maricarmen y mañana podríamos ser cualquiera de nosotras. Qué nadie piense que no puede pasarle, porque la vida es impredecible: hoy estamos arriba y mañana podemos caer a lo más hondo. Defendernos, ayudarnos, empatizar, porque nadie está exento de poder enfermar, de una quiebra o de cualquier revés que la vida pueda darnos y una sociedad que se precie debe articular sistemas de protección y de bienestar donde los intereses de unas pocas no choquen con los Derechos de todas .
POR MARICARMEN.
POR NUESTROS MAYORES.
POR LAS FAMILIAS.
POR QUIENES NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER.
POR UNA VIVIENDA PÚBLICA Y ASEQUIBLE.
POR EL DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE.
¡NINGÚN DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL!
¡LA VIVIENDA NO SE VENDE!
¡LA VIVIENDA SE DEFIENDE!