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Home»Noticias»Movimiento Ciudadano»«No tengo a dónde ir»: aplazado el desahucio de una familia vulnerable tras 14 años en Las Rehoyas»

«No tengo a dónde ir»: aplazado el desahucio de una familia vulnerable tras 14 años en Las Rehoyas»

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By Prensa CCPC on septiembre 11, 2026 Movimiento Ciudadano, Sociedad
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El Juzgado ha decretado la suspensión temporal del lanzamiento judicial previsto para este lunes, 14 de septiembre, contra Natalia, una vecina de Las Rehoyas que vive con sus cuatro hijos (dos de ellos con parálisis cerebral) y su hermano, diagnosticado con esquizofrenia. Aunque la llamada de su abogada, Jenifer Santana Paiz, y la mediación del colectivo Derecho al Techo han logrado frenar el desalojo de forma inminente para revisar el caso durante los próximos meses, la afectada denuncia el desamparo institucional y exige una solución habitacional digna y permanente.

Escucha aquí la entrevista a Natalia en Radio San Borondón

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Natalia relata el calvario de vivir bajo la amenaza de quedarse en la calle junto a una familia con un altísimo grado de dependencia. «Llevo días sin dormir y sin comer porque no tengo a dónde ir», confiesa angustiada en declaraciones a Radio San Borondón. La vivienda que habita en Las Rehoyas estaba totalmente abandonada hace 14 años. Fueron los propios vecinos del barrio quienes, mediante una colecta solidaria, la ayudaron económicamente a arreglar ventanas y puertas para hacerla habitable.

A pesar de percibir unos ingresos mensuales y de tener a todos sus hijos escolarizados y bajo un cuidado estricto, la realidad del mercado inmobiliario actual le impide acceder a un alquiler convencional. «Cuando llamo para un piso me piden la nómina, y yo no tengo nómina», lamenta. Entre sus prestaciones se incluyen apenas 496 euros destinados al cuidado de su hija con un 100% de discapacidad, una cuantía que califica de «injusta» dada la dependencia absoluta de la menor.

La historia de Natalia está marcada por la precariedad y la falta de apoyo de la administración. Antes de trasladarse a Las Rehoyas, residía en el barrio de San Juan, donde se veía obligada a subir y bajar a diario 92 escaleras con la silla de ruedas de su hija. «En las pasadas elecciones me prometieron ayuda; yo tenía depresión y pesaba 40 kilos. Pedí una rampa y jamás me la pusieron», critica con dureza.

Ante este aplazamiento temporal, la vecina advierte de que la suspensión no resuelve el problema de fondo y hace un llamamiento a la movilización social: «El pueblo tiene que salir a la calle. Si salimos a las fiestas, también tenemos que salir a reivindicar nuestros derechos. Menos estadios grandes y carnavales, y más ayudar a las familias». Natalia concluye exigiendo a las autoridades locales que se pongan en el lugar de las familias vulnerables y cumplan con el derecho constitucional a una vivienda digna.

La plataforma ‘Derecho al Techo’ exige alternativas habitacionales y critica que la vivienda se gestione como un simple «expediente judicial»

Por su parte, el colectivo Derecho al Techo han afirmado que : «la paralización temporal de un desahucio no equivale a resolver la crisis de vivienda que sufren las familias vulnerables. Así lo ha manifestado de forma contundente la organización Derecho al Techo, tras la tregua judicial conseguida para una familia del municipio que incluye a un menor de edad y a dos personas mayores con movilidad reducida y dependencia reconocidas».

Desde el colectivo insisten en que la suspensión del lanzamiento únicamente otorga un margen temporal para evaluar el caso, por lo que apelan directamente a la responsabilidad de las instituciones competentes para impedir que los afectados terminen en la calle. Asimismo, tachan de «inaceptable» que personas en condiciones de extrema fragilidad social se vean obligadas a resistir al límite del plazo judicial sin certezas sobre su futuro habitacional.
«Detrás de cada procedimiento hay personas, familias y vidas que pueden quedar gravemente afectadas», remarca el comunicado de la entidad social. Derecho al Techo incide en que los procesos de desalojo no deben reducirse a la burocracia de los juzgados e insta al desarrollo de mecanismos públicos preventivos y eficaces. La plataforma concluye reafirmando su compromiso de acompañamiento a los afectados bajo la premisa de que «la vivienda es un derecho, no un negocio».
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