El anuncio del hallazgo de un sistema geotérmico convencional con alto potencial en el subsuelo de Vilaflor, ha encendido el optimismo en el sector energético de las islas. Por primera vez, una perforación profunda en Tenerife ha confirmado la presencia simultánea de calor a más de 150 grados, agua y permeabilidad en la roca.
Antonio Cabrera — portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Canarias —, ha afirmado en Radio San Borondón que se trata de una buena noticia frente al uso de combustibles fósiles, aunque advierte de que la clave del éxito no radica solo en el recurso, sino en quién lo gestiona.
Escucha aquí la entrevista a Antonio Cabrera
🔒 Al reproducir se cargará el reproductor de iVoox y sus cookies.
Un mix energético con el espejo de Azores
Pese a admitir que no es un experto específico en geotermia, Cabrera valora los resultados de las prospecciones como un paso positivo que requiere cautela y una evaluación exhaustiva de los datos. Sin embargo, aclara que la geotermia no debe verse como una solución única, sino como el complemento perfecto dentro de un mix diversificado.
El experto señala el ejemplo de las islas Azores, concretamente la isla de San Miguel, donde este modelo funciona con éxito desde 1985. En la actualidad, el archipiélago portugués cuenta con dos centrales que cubren el 50% de su demanda eléctrica. La gran ventaja de la geotermia es que aporta la estabilidad y continuidad de suministro las 24 horas del día de la que carecen el sol y el viento, al no depender de los factores meteorológicos.
Crítica al modelo público-privado
El principal punto de fricción para la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético radica en el modelo de gestión elegido para explotar este recurso en Tenerife, articulado a través de un consorcio donde participan el Cabildo, con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Así como el grupo privado DISA y la firma islandesa Reykjavik Geothermal. Cabrera expresa su rotundo rechazo a esta fórmula y defiende que los recursos renovables, al ser de propiedad colectiva, son de interés general y deben estar bajo un estricto control y gestión pública.
El ecologista lamenta la falta de visión de los sucesivos ejecutivos autonómicos, acusándolos de entregar los recursos públicos a multinacionales y grandes fondos de inversión, dejando al margen a las instituciones locales. Para Cabrera, el control público es la única garantía de que los beneficios de la transición energética repercutan directamente en la ciudadanía y no se queden en manos de las grandes eléctricas.
Frenos al autoconsumo y la energía de cercanía
La situación del territorio y el impacto de las futuras instalaciones también generan debate. Ante las críticas vecinales en Vilaflor, Cabrera aclara que el hecho de haber realizado sondeos en Trevejos no implica que la central vaya a construirse allí, ya que existen otros puntos de interés en evaluación. La ubicación definitiva se determinará cuando concluyan los estudios profundos.
Por otro lado, el portavoz de la plataforma expone las trabas que sufre la energía distribuida y de cercanía. Citando el proyecto «Electrón» en La Palma —una comunidad energética de iniciativa ciudadana con ocho proyectos de autoconsumo compartido en colegios y polideportivos—, denuncia que tres de ellos siguen bloqueados por trabas administrativas con la distribuidora Endesa (ENEL).
Según Cabrera, producir un megavatio en una central de petróleo como Los Guinchos en La Palma cuesta unos 300 euros (y unos 200 euros en Tenerife), mientras que con autoconsumo el coste cae a 50 euros. La razón por la que no se fomenta esta electricidad barata y cercana es, según sus palabras, porque rompe el negocio de las grandes multinacionales. Critica la ceguera de los responsables políticos, a quienes acusa de actuar como colaboradores de los grandes fondos de inversión en lugar de defender el interés general. Como ejemplo cita al municipio de Arico, que alberga 500 megavatios de potencia eólica —el equivalente a las necesidades de toda la isla— y, sin embargo, la localidad no percibe ingresos económicos directos de esas macroinfraestructuras.
Un llamamiento a la democratización
La valoración global de Cabrera sobre la transición energética en el archipiélago es sumamente crítica. Lamenta que las instituciones canarias declaren de «interés general» los parques eólicos de los fondos de inversión, facilitando la expropiación forzosa de suelos, mientras bloquean las iniciativas populares.
El activista concluye advirtiendo que si el progreso genera desigualdad, no puede considerarse progreso, recordando que el 33% de la población canaria se encuentra en el umbral de la pobreza. Cabrera reclama la democratización de la energía para que las familias puedan acceder a precios asequibles y denuncia la anomalía de que Tenerife aún no cuente con un Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas para un sector que es completamente estratégico. Por último, hace un llamamiento a la población para que se sume y contacte con las cooperativas energéticas que ya se encuentran operativas en las islas.