Por: José Manuel Rivero Abogado y analista político
La sincronía de los acontecimientos geopolíticos rara vez obedece al azar; es, por el contrario, el síntoma visible de una convergencia dialéctica mucho más profunda. Responde al deterioro estructural del sistema capitalista global y a la precipitación de crisis que el imperialismo instrumentaliza como palancas de recomposición autoritaria. España atraviesa hoy un periodo de vulnerabilidad multidimensional extrema. A la catástrofe climática encarnada en incendios forestales sin precedentes, se suma una violenta ofensiva interna de acoso judicial e intoxicación mediática diseñada para desestabilizar al Ejecutivo central. Esta ofensiva es ejecutada por la díada reaccionaria española —la alianza orgánica entre el PP y Vox— cuyo brazo armado es el lawfare judicial y mediático, operando como correa de transmisión de una estrategia de desgaste de mayor calado. Y es precisamente en este epicentro de fragilidad política interna donde se activa la válvula de escape exterior: la crisis fronteriza en el sur. La llegada masiva, fuera de los cauces legales, de decenas de miles de personas a Ceuta —un episodio de tal gravedad que el propio Gobierno español ha tenido que calificarlo como una vulneración de la integridad territorial— no es un accidente, sino la pieza de un tablero mayor.
La tragedia fronteriza es, en términos geoestratégicos, un arma de guerra híbrida. Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 50.000 personas fueron empujadas a cruzar el límite fronterizo en una operación de dimensiones inéditas, que ya se ha cobrado un trágico saldo de más de sesenta fallecidos en suelo español. Lo que define este suceso como una operación de chantaje no es el flujo humano en sí, sino su fría orquestación: la deliberada inacción y la permisividad calculada de las autoridades de Rabat, que levantaron la vigilancia en puntos neurálgicos como el espigón limítrofe. No hubo falla operativa; hubo un movimiento táctico de la monarquía alauita para asfixiar al Estado español en su momento de mayor debilidad.
Pero Marruecos no actúa en solitario. Lo hace como pieza subordinada —como Estado subimperialista— dentro de una arquitectura geopolítica superior. Su alineamiento con la transacción colonial de los Acuerdos de Abraham, mediante la cual Washington y Tel Aviv avalaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental a cambio del sometimiento incondicional de Rabat a la agenda anglo-sionista, ha transformado al reino norteafricano en el gendarme del Estrecho y en el verdugo de los gobiernos disidentes. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el conflicto de Palestina, su negativa a involucrar a España en la agresión armada estadounidense e israelí contra Irán —bloqueando el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón— y su resistencia al incremento desmedido del gasto militar dictado por los Estados Unidos a la OTAN, han activado el mecanismo de castigo del bloque imperialista. Ceuta no es un problema migratorio; es una represalia geopolítica en toda regla.
Esta ofensiva desestabilizadora no es improvisada; está explícitamente teorizada y promotora desde los centros de poder estadounidenses. El reciente informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el sector neocon liderado por Mario Díaz-Balart bajo la cobertura de Marco Rubio, ha calificado formalmente a Ceuta y Melilla como «territorios bajo administración española situados en Marruecos», instando explícitamente a negociar su estatus. Esta declaración no es una ocurrencia retórica: es un acto de agresión institucional que cuestiona la soberanía española desde la propia legislatura del país hegemón.
A esta presión política se suman las provocaciones de los ideólogos del imperialismo y el sionismo. Michael Rubin, del American Enterprise Institute —vinculado a la maquinaria de inteligencia israelí y conocido por fabricar las falsas pruebas de armas de destrucción masiva que justificaron el genocidio en Irak en 2003—, ha incitado públicamente a Marruecos a organizar una «nueva Marcha Verde». Su plan es claro: enviar excavadoras para derribar las vallas perimetrales y facilitar la invasión de multitudes desarmadas para tomar las ciudades, ejecutando una sustitución demográfica y la expulsión forzosa de la población local. Esta retórica no es un exabrupto; se inscribe en una campaña de desestabilización narrativa que es amplificada por la maquinaria de intoxicación digital de magnates como Elon Musk y por la retórica agresiva de Donald Trump, quien ha sentenciado: «Parece una invasión de un país… y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no son elegidos […] Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que hacen que España parezca algo menor». Con estas palabras, Trump articula un ataque coordinado para consolidar la narrativa del «Estado fallido» español, reduciendo la tragedia humanitaria a mera coyuntura electoral estadounidense y escalando el chantaje hasta presentar a España como el ensayo generalizado de una invasión continental de los nuevos “bárbaros”.
Para comprender la magnitud del momento histórico, es insoslayable inscribir este chantaje en un marco continental. El alineamiento del gobierno neofascista italiano de Giorgia Meloni, suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España y el anuncio de Emmanuel Macron de reforzar militarmente las fronteras francesas con España no son hechos aislados. Obedecen al despliegue de una estrategia coordinada desde la internacional reaccionaria y anticomunista urdida en Washington, orientada a la configuración ideológica y material de un auténtico «IV Reich» en el seno de la Unión Europea. El objetivo central de este bloque es la militarización total del continente para sostener a cualquier costo la confrontación bélica contra la Federación Rusa en Ucrania, mientras se prepara el terreno para la colisión estratégica final contra la República Popular China.
Dentro de este macroproyecto imperialista, el asalto a Ceuta y la amenaza latente sobre Melilla actúan como catalizadores ideológicos de primer orden.
De cara a los procesos electorales en Europa, el ensañamiento con la frontera sur y la exacerbación del racismo institucional buscan inyectar el pánico moral necesario en las sociedades europeas. Es la ingeniería del miedo aplicada para desviar la atención de la crisis sistémica del capital, liquidar cualquier reducto de soberanía popular y catapultar al poder a ejecutivos abiertamente nazifascistas, disciplinados bajo el nuevo orden paneuropeo.
En este tablero de agresiones cruzadas, el pueblo canario debe extraer una lección histórica inaplazable. La vulnerabilidad demostrada en la frontera norteafricana expone la falacia de situar la seguridad del Archipiélago bajo la cobertura del atlantismo o en la subordinación a los intereses geopolíticos de Washington. Marruecos, fortalecido por el aval anglo-sionista en la ocupación del Sáhara Occidental y por la complacencia europea, avanza sin freno en su agenda expansionista sobre las aguas jurisdiccionales y los recursos marinos y mineros contiguos a las Islas Canarias. Pretender que el servilismo militarista a la OTAN o la integración en clústeres de la industria de la guerra blindarán al Archipiélago es una ceguera trágica. Canarias no puede seguir siendo la plataforma logística de retaguardia ni el peón sacrificable de las aventuras imperialistas en África; la verdadera salvaguarda del pueblo canario pasa por la exigencia de la neutralidad, el respeto estricto al Derecho Internacional, el apoyo inequívoco al proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la firme oposición a ser arrastrados a la espiral del expansionismo alauita.
Frente a esta embestida, la denuncia, también, debe ser implacable y la respuesta, estratégica. Pretender que la soberanía de Ceuta y Melilla, incluyendo la del Archipiélago Canari, pueda ser objeto de transacción en despachos de Washington, o que su integridad pueda ser asaltada impunemente bajo la instigación de ideólogos sionistas y la complicidad del régimen alauita, constituye un atropello flagrante al Derecho Internacional. Cuestionar el estatus de estas poblaciones para utilizarlas como fichas de cambio geopolítico no solo conculca la legalidad internacional sobre el derecho a la autodeterminación, sino que vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la seguridad de miles de ciudadanos. El pueblo canario debe estar muy alerta.
La articulación de la resistencia exige desenmascarar esta maniobra sin caer en el chauvinismo reactivo ni en la xenofobia de baja intensidad que la derecha intenta explotar. Se trata de aplicar la pedagogía política y el análisis de clase a las relaciones internacionales para impedir que el eje anglo-sionista destruya la autodeterminación de los pueblos y consolide su proyecto de dominación neofascista en Europa. El «IV Reich» no es una metáfora retórica ni una exageración alarmista: es el nombre de una arquitectura de poder que se está cementando ante nuestros ojos, y cuya primera línea de trinchera ha sido trazada, hoy, en el Estrecho de Gibraltar.
