Este jueves 21 de mayo se ha celebrado el juicio contra las 9 activistas climáticas que en 2023 participaron en una protesta frente al Congreso de los Diputados, en la cual 4 de ellas lanzaron “pintura” roja a las escaleras del edificio. Se enfrentan a una posible condena de 1 año y 9 meses de prisión, además del pago conjunto de más de 5.800 € por los gastos de limpieza del edificio. La acción coincidió con el día que declaraban 15 activistas de Rebelión Científica por teñir de rojo el edificio el año anterior, y por lo que se enfrentan a la misma petición de condena junto con 3.300 € de gastos de limpieza.
Con esta acción simbólica, las activistas denunciaban que las medidas en materia de clima de los gobiernos no están a la altura de las advertencias científicas y, por tanto, están poniendo en grave peligro la vida en el planeta. Al mismo tiempo, protestaban frente a la criminalización de este tipo de acciones de desobediencia civil noviolenta, en auge en los últimos años.
En sus declaraciones de esta mañana, las activistas sostienen que estas acciones son un reflejo de autodefensa y una reacción normal ante lo que consideran una actualidad alarmante, no solo en materia de clima, energía y sistema agroalimentario, sino en cuanto al contexto bélico y de rearme, alegando que el incremento del 50% en gasto militar español el año pasado, lejos de aportar seguridad, inspira terror y la sensación de ir en dirección contraria. Argumentan que el incremento del gasto debería ir, por el contrario, hacia la descarbonización de la industria, el fomento del consumo de productos de origen vegetal y de cercanía, incentivar el transporte público, la regulación de los precios de la vivienda y del coste de vida, etc. con el objetivo de aportar bienestar, salud y seguridad real a la población.
Recalcan el carácter no violento de su protesta, prueba de ello es la selección deliberada de tinte diluido y lavable al agua, así como realizar la acción a cara descubierta y sin eludir la intervención policial posterior, asumiendo las consecuencias de sus actos incluso pagando por adelantado la indemnización de más de 5.800 € solicitada desde el juzgado en concepto de limpieza del edificio.
Dos de estas nueve activistas participaron también en la primera acción en el Congreso, el 6 de abril de 2022, por lo que enfrentan doble petición de condena. Declaran que reincidieron porque, tras un año desde que exigieran acción política en 2022, con motivo de la publicación de uno de los informes sobre el estado del clima del IPCC (el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático), se siguieron batiendo récords históricos de temperatura que hacen evidente que el objetivo de contener el calentamiento global en 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales (el límite de seguridad fijado en el Tratado de París) es ya un imposible. Y la situación no ha mejorado desde entonces. El Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) registró entre mayo y julio de 2025 un total de 1.180 fallecimientos atribuidos a las olas de calor en menos de 2 meses (misma cifra de fallecidos que en accidentes de tráfico en todo el año). Según un estudio de la Universidad de Stanford publicado recientemente en Nature, la producción agrícola española amenaza con descender hasta en un 40% en cultivos clave como el maíz, el trigo y el arroz (pilares del sistema agroalimentario nacional), debido también no solo a las temperaturas extremas, sino a las sequías y el aumento de fenómenos meteorológicos como las tormentas, inundaciones y episodios de granizo. Las activistas denuncian que la fiscalía que les acusa, sin embargo, permanece ajena a estos datos tan objetivos como escalofriantes.
Critican que se les exijan consecuencias penales y económicas por arrojar tinte biodegradable a un león de bronce, y por mostrar carteles con figuras de artículos científicos que nos alertan del peligro que corremos, a la vez que se siguen subvencionando con miles de millones a las grandes petroleras que son las responsables de esta situación crítica y se les perdonan multas a las grandes energéticas mientras vacían embalses y no dudan en abusar en sus tarifas, castigando a las personas con menos recursos. De la misma manera, se mira para otro lado mientras las macrogranjas que colonizan nuestro territorio ya han dejado sin agua potable a cientos de municipios de nuestro país. Las activistas preguntan a la sociedad: «¿somos nosotras las criminales? ¿Es esto lo que el Estado entiende por justicia?»
«Se nos acusa de daños al patrimonio histórico del Estado, pero cualquiera que pase frente al Congreso de los Diputados puede ver que tales daños no existen”. Además señalan que, como avisan las personas expertas, el cambio climático supone una gran amenaza para la conservación tanto de este patrimonio histórico como del patrimonio natural, cuyos daños no podrán ya revertirse si continuamos por esta senda. “Pero la fiscalía parece considerar que la amenaza son quienes defienden dicho patrimonio histórico y natural. Nos ha parecido sorprendente, y preocupante, que la fiscalía haya pedido explícitamente que la pena a imponer sea de cárcel para que este caso tenga efecto disuasorio. Esto supone la vulneración al legítimo derecho de protesta reconocido por la Constitución Española, por normativas internacionales y por Naciones Unidas.”
«Por todo esto, las activistas consideramos que la acusación que pesa sobre nosotras no sólo es desproporcionada, sino también hipócrita. Ejercimos nuestro legítimo derecho a la protesta frente a un mal mayor que pone en peligro a todas las personas. Nos manifestamos ante unas instituciones que incumplen la más básica de sus atribuciones, que es asegurar la vida de los pueblos y la protección del territorio. Exigimos el cese de la persecución de activistas y defensoras del territorio en todo el mundo y que se juzgue a todos los gobernantes y multimillonarios que nos han llevado a esta catástrofe sin precedentes. Actuamos, en definitiva, en defensa de la vida, de los Derechos Humanos, la justicia social y la justicia climática. Y no nos arrepentimos”.