Por: Andrés Ramírez Santana. Profesor Enseñanza Secundaria
La JUSTICIA le da dos cachetones sonoros con la mano abierta al alcalde Sr. Francisco García y a sus concejalas y concejales ‘TRAMPOSOS’ de ‘Municipalistas Primero Canarias’, además de a sus líderes en Gran Canaria, los Sres. Teodoro Sosa y Óscar Hernández, alcaldes de Gáldar y Agüimes respectivamente. La jueza Beatriz Rallo, titular de la sección Civil del Juzgado de Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria, mantiene la declaración de «TRÁNSFUGAS» a las personas que abandonaron Nueva Canarias y, por tanto, el pase de esos concejales (y alcalde) tránsfugas al grupo de los «NO ADSCRITOS». Con este auto judicial, la magistrada desestima la solicitud de medidas cautelares presentada por el Bloque Nacionalista Rural (BNR, el partido de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar e impulsor de ‘Primero Canarias’) y por Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé de Tirajana.
El auto judicial viene así a confirmar y cuestionar las malas mañas políticas del Sr. Teodoro Sosa y del Sr. Óscar Hernández alcalde agüimense por ‘Roque Aguayro’, que han estado actuando, desde el inicio de su ‘nuevo-viejo’ viaje político, casi como los dos capos (‘consigliere’) de la política grancanaria, franquiciados de la ‘Cosa Nostra’ de Coalición Canaria tinerfeña, representada en el Sr. Fernando Clavijo como el principal capo y mecenas de la trama mafiosa política de ‘Primero Canarias’. El Sr. Teodoro Sosa y el Sr. Óscar Hernández intentaron, presuntamente, usar una ‘artimaña y argucia legal’ propia del mejor hampa político, para procurar eludir unas mínimas normas jurídicas y democráticas, al integrar a los ‘tránsfugas’ de diferentes municipios grancanarios como afiliados y militantes del partido político galdense BNR.
El auto de la jueza Beatriz Rallo se ampara en las disposiciones del ‘Pacto Antitransfuguismo’, que establece claramente que dentro de una candidatura promovida por una coalición “se considera tránsfuga a la persona electa que abandona el partido político que propuso su incorporación” (Nueva Canarias-Bloque Canarista), incluso “si esta persona recalara en otro espacio de la coalición (BNR) sin el consentimiento tácito del partido original”. De esta manera, la jueza Beatriz Rallo señala en el auto de manera inequívoca que este abandono “no previsto en el pacto de coalición” supone a primera vista “una transgresión y un fraude de ley”. En consecuencia, con la lectura de este auto, también tendrían el carácter de ‘No Adscritos’ y de 𝘁𝗿𝗮́𝗻𝘀𝗳𝘂𝗴𝗮𝘀 los 22 concejales de los municipios de La Aldea de San Nicolás, Arucas, Teror, Ingenio, Moya, San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de GC, además de un consejero del Cabildo de GC, teniendo que dejar de percibir los elevados sueldos que hasta ahora han ido cobrando como primera consecuencia.
De este modo, el PSOE de Santa Lucía, con este auto judicial, no pueden ni deben seguir manteniendo un pacto sostenido con tránsfugas, porque estarían ya siendo cómplices de la indecencia política, de la deslealtad y de la indignidad política en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El grupo político del PSOE (los 3+2, o los 5-2, como se les conoce en Santa Lucía) deberían dejar de dispararse a sus propios pies, simplemente por temor a desaparecer como grupo en las próximas elecciones municipales.
Ahora no cabe otra situación política en el consistorio santaluceño: la inmediata DIMISIÓN de los 6 concejales tránsfugas con el Sr. Francisco García a la cabeza (si tuvieran vergüenza y dignidad política, claro) o una MOCIÓN DE CENSURA de los diferentes grupos políticos que dé paso a una mejor convivencia política en el municipio. La ética política y la defensa de unos mínimos valores democráticos deben siempre imperar e instalarse de manera permanente en nuestras instituciones democráticas.