La asociación vecinal recuerda el incumplimiento de la ley de 1998, la reunión mantenida con el presidente Clavijo y los datos récord de exclusión residencial en Tenerife. Rechaza trasladar el conflicto a los barrios y reclama coordinación institucional urgente.
La Asociación Vecinal Urban Centro el Perenquén ha exigido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Gobierno de Canarias una solución coordinada y urgente para atender a las personas sin hogar en la capital, ante el incremento récord de la exclusión residencial en la Isla y el incumplimiento mantenido durante décadas de los compromisos legales adquiridos por las instituciones.
La presidenta del colectivo, Silvia Barrera, recordó que el pasado miércoles se reunió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con los viceconsejeros de Asuntos Sociales y Presidencia, Francisco Candil y Alfonso Cabello, respectivamente, para trasladar la propuesta de convertir el edificio Diego Crosa, ubicado en el barranco de Santos, en un albergue municipal para personas sin hogar. Un inmueble público que el Ayuntamiento prevé destinar a un hub urbano para empresas de animación digital y videojuegos, con una inversión de 1,4 millones de euros.
“No podemos aceptar que se priorice una inversión privada en ocio digital cuando hay cientos de personas durmiendo en la calle o en infraviviendas, y más cuando llevamos años proponiendo soluciones viables”, señaló Barrera. “El edificio Diego Crosa debe tener un uso social. Si las administraciones consideran que no es la ubicación adecuada para un albergue, que lo expliquen y que presenten una alternativa inmediata. Pero en ningún caso puede entregarse a un hub digital privado mientras la emergencia habitacional sigue creciendo”.
Incumplimiento legal desde 1998
Urban Perenquén ha puesto sobre la mesa el incumplimiento de la Ley 5/1998, de 6 de julio, del Parlamento de Canarias, que autorizó la cesión gratuita al Ayuntamiento de dos inmuebles en la calle San Vicente Ferrer, números 20 y 22, con la finalidad expresa de crear un centro de acogida para personas sin hogar y poner en marcha un plan de reinserción social y laboral. La ley establecía un plazo de cinco años para su utilización y una cláusula de reversión automática a la Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento.
“Tres décadas después, esos inmuebles siguen sin destinarse al fin para el que fueron cedidos. Estamos ante un incumplimiento flagrante de la ley y una falta de respuesta política que ha durado demasiado”, denunció Barrera. La asociación insta al Gobierno de Canarias a exigir al Consistorio que cumpla con la legalidad o, en su defecto, que ejecute la reversión de los inmuebles para que sean destinados a su fin social original.
Datos récord de exclusión residencial
La reivindicación de Urban Perenquén se apoya en el último informe de Cáritas Diocesana de Tenerife, que constata que 2.838 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la Isla, la cifra más alta de los últimos cinco años. Santa Cruz de Tenerife concentra el 37,1% del total, seguida de los grandes municipios turísticos del sur.
El informe revela además que el 49,9% de las personas en situación de sinhogarismo provenían de una vivienda normalizada antes de caer en la exclusión, lo que evidencia que se trata de un problema estructural vinculado a la crisis de acceso a la vivienda, la presión del alquiler vacacional y la falta de políticas públicas efectivas.
“No estamos hablando de un problema marginal ni de ‘personas con problemas’ aisladas. Estamos ante el fracaso de un sistema que expulsa a la calle a familias enteras y a personas que tenían una vida normalizada. Y mientras tanto, las administraciones reaccionan con medidas aporofóbicas como quitar bancos en lugar de garantizar el derecho a la vivienda”, subrayó la presidenta vecinal.
Sin confrontación vecinal: responsabilidad institucional
Urban Perenquén ha querido dejar claro que no entrará en una confrontación entre barrios. La asociación respeta la opinión de los vecinos y vecinas de las zonas donde se plantean recursos, pero considera que la responsabilidad de elegir ubicaciones, dotar de recursos y coordinar las políticas de inclusión es exclusivamente de las administraciones públicas.
“El problema no es qué barrio gana o pierde. El problema es que durante décadas no ha habido voluntad política para solucionar el sinhogarismo. No vamos a permitir que las instituciones se excusen en los conflictos vecinales para seguir sin actuar. Si el edificio Diego Crosa no es viable para un albergue, que el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias presenten ya una alternativa concreta, con plazos y con presupuesto”, afirmó Barrera.
Compromisos pendientes
En la reunión mantenida con el presidente Clavijo, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Francisco Candil, se comprometió a reunirse con el Ayuntamiento de Santa Cruz para recabar información sobre las acciones desarrolladas en materia de sinhogarismo y para solicitar el censo actualizado de personas que duermen en la calle en la capital.
Urban Perenquén valora este primer paso, pero insiste en que es necesario pasar de los compromisos a los hechos. Por ello, exige:
Que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz trabajen de forma coordinada en un plan insular de alojamiento e inclusión para personas sin hogar, con plazos concretos y dotación presupuestaria.
Que se dé cumplimiento a la Ley 5/1998, destinando los inmuebles de la calle San Vicente Ferrer a su fin social original o ejecutando su reversión.
Que el edificio Diego Crosa, cedido por el Parlamento de Canarias, tenga un uso social prioritario para la ciudadanía, ya sea como albergue o como recurso alternativo que dé respuesta a la emergencia habitacional, y no se destine a un hub digital privado.
“No podemos esperar más. Las cifras no dejan lugar a dudas. La exclusión residencial extrema ha alcanzado su máximo histórico en Tenerife. Las instituciones tienen los recursos, los instrumentos legales y las propuestas sobre la mesa. Solo falta voluntad política para actuar”, concluyó Silvia Barrera.