Por: José Manuel Rivero. Abogado-analista político
Las imágenes difundidas por el digital El Salto, reproducidas en otros medios, el 26 de marzo de 2026 sobre la redada policial en el distrito madrileño de Villaverde, que culminó con la detención de Serigne Mbaye —ex diputado autonómico de Podemos y reconocido activista— en la puerta misma de su domicilio, no dejan margen a la duda: revelan la naturaleza de clase y la deriva reaccionaria de sectores del aparato coercitivo del Estado. La brutalidad policial documentada no constituye un exceso individual, sino la expresión de un fascismo policial que actúa con impunidad en los barrios populares.
Resulta especialmente revelador el detalle del agente de paisano que lucía una pulsera con la bandera de España. Lejos de representar una neutralidad institucional, ese distintivo se ha consolidado como emblema de la militancia del Partido Popular y de Vox. Su exhibición durante el ejercicio de la fuerza pública no solo quiebra el deber de objetividad, sino que escenifica la captura de las instituciones de seguridad por parte de un chovinismo reaccionario que identifica al adversario político y al migrante como enemigos a batir. Detener de este modo a quien ha ostentado la representación de la soberanía popular en la Asamblea de Madrid constituye un mensaje de amedrentamiento directo contra toda disidencia que cuestione la hegemonía del sistema. En el vídeo se observa, también, como dos policías aplastan, poniéndose encima en plancha con sus cuerpos para inmovilizarlo, a un ciudadano sobre la acera boca abajo, ante los gritos de la vecindad del peligro de asfixiarlo..
Desde un prisma estrictamente jurídico-constitucional, lo presenciado en el vídeo supone una vulneración flagrante del artículo 15 de la Constitución Española, que prohíbe de forma taxativa los tratos inhumanos o degradantes. Cuando la fuerza del Estado se desborda de manera desproporcionada contra un ciudadano desarmado en su esfera privada, se quiebra el principio de legalidad y se incurre en el terreno de la tortura moral y física. A ello se suma la violación del artículo 14, que consagra la igualdad ante la ley, y del artículo 17, que protege el derecho a la libertad y la seguridad frente a detenciones arbitrarias. No nos hallamos ante una actuación reglada, sino ante una vía de hecho que lesiona el núcleo duro de los derechos fundamentales. El uso del perfilamiento racial como herramienta de control social en estas redadas vacía de contenido el Estado de Derecho y convierte la seguridad pública en un sistema de castigo selectivo bajo la lógica del ultranacionalismo fascista.
Esta agresión a la dignidad humana trasciende nuestras fronteras y colisiona frontalmente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 5 y 9, proscribe de manera meridiana los tratos crueles y las detenciones arbitrarias. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 3, establece una prohibición absoluta e inderogable de los tratos inhumanos o degradantes —doctrina que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado reiteradamente al Estado español por su falta de diligencia en la investigación de abusos policiales—. La actuación contra el ex diputado Serigne Mbaye infringe también el artículo 14 del CEDH, que prohíbe la discriminación, situando a España en una posición de ilegalidad internacional manifiesta. El marco normativo europeo exige que toda intervención policial sea proporcionada y necesaria; la violencia exhibida en Villaverde no cumple ninguno de estos preceptos.
Ante tal gravedad, la única respuesta compatible con una democracia que se pretenda real es la inmediata separación del servicio de todos los policías involucrados en el operativo. La permanencia en activo de estos agentes, portando armas y autoridad en nombre del pueblo mientras exhiben simbología propia de la extrema derecha, constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana. Pero la depuración disciplinaria no basta: urge acometer una democratización profunda del aparato policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden seguir siendo el último reducto de lógicas autoritarias y continuidades ideológicas del pasado. Es imperativo limpiar de fascismo las comisarías y garantizar que el monopolio de la violencia responda exclusivamente a la protección de los derechos de la mayoría social, y no a las agendas de odio de la reacción política encarnada en el PP y Vox. Tolerar esta brutalidad es aceptar que la Constitución se detiene allí donde empieza el brazo de un agente con una pulsera partidista.