El Gobierno ha anunciado un paquete de medidas que, según declara, buscan “aliviar” el mercado del alquiler. Entre ellas, destacan la bonificación del 100% del IRPF a propietarios que renueven contratos sin subir el precio y la delimitación del alquiler por habitaciones.
A través de un comunicado, el colectivo Derecho al Techo expone que este enfoque vuelve a cargar la crisis de vivienda sobre quienes ya la están sufriendo y evita afrontar el problema de fondo que son los alquileres desorbitados y la inexistencia de un parque público suficiente que garantice el derecho a la vivienda, cuando existen miles de viviendas cerradas para especular.
«Es una medida fiscal que solo beneficia a los rentistas y especialmente a los grandes tenedores. De hecho, esta lógica ya está recogida en la Ley de Vivienda estatal, cuya aplicación efectivamente permitiría limitar precios en zonas tensionadas y controlar a los grandes propietarios, pero que comunidades autónomas como Canarias, entre otras, se niegan a implementar. El resultado es el mismo, se protege la rentabilidad privada mientras se frena cualquier intervención efectiva sobre el mercado.
Se trata de una política que premia a los rentistas, no que protege a las inquilinas. La bonificación fiscal equivale a una ayuda pública directa a quienes ya obtienen ingresos por alquiler, generalmente en una posición económica más sólida que la mayoría de la población que vive de alquiler. Es inaceptable que el dinero público se utilice para mejorar la rentabilidad privada mientras no se garantiza el acceso a una vivienda digna para quienes la necesitan. La medida parte de la idea de que el problema es la falta de incentivos a los propietarios, cuando el único incentivo legítimo debería ser el cumplimiento del derecho al techo.
El Gobierno sigue concibiendo la vivienda como un producto financiero. Incentivar fiscalmente el mantenimiento de viviendas en alquiler en condiciones ventajosas para propietarios no detiene la especulación. El núcleo del problema es el precio del alquiler, que debe bajar. Los topes fiscales o los límites por habitaciones no frenan una dinámica especulativa estructural que convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho humano.
Pero el verdadero agujero estructural del sistema es la ausencia de vivienda pública. Sin un parque público y social robusto no se puede hacer frente a la especulación ni garantizar alternativas dignas. Europa demuestra que solo con intervención pública directa se estabilizan precios y se reduce el poder de los grandes tenedores. En España seguimos con parches fiscales que delegan en el mercado la garantía de derechos.
Una vez más, el coste de la crisis recae sobre los más vulnerables, jóvenes, familias monoparentales, población migrante, trabajadores precarizados. A ellos se les exige quedarse en el mismo piso pagando alquileres ya inflados, sin alternativas públicas y sin expectativas de acceso a vivienda estable. El mensaje político que se transmite es inequívoco, quien especula merece apoyo fiscal, quien vive de alquiler que se las arregle, que se busque la vida.
La vivienda es un derecho, no un negocio. Si el Gobierno quiere realmente “aliviar” el mercado del alquiler debe adoptar medidas estructurales, control efectivo de precios, penalización de viviendas vacías, freno al turismo especulativo y a los fondos buitre, limitación del acaparamiento por grandes tenedores y un plan masivo de vivienda pública y social.
No estamos de acuerdo con este decreto porque no garantiza el derecho al techo, no democratiza el acceso a la vivienda, no corrige la desigualdad social y consolida la lógica de mercado que alimenta la crisis habitacional actual. La vivienda digna no puede depender de la rentabilidad privada, sino de una política pública orientada al bien común y al cumplimiento del mandato constitucional.
Desde Derecho al Techo reclamamos al Gobierno que rectifique su enfoque, el límite debe ponerse en el precio del alquiler y el esfuerzo público debe destinarse a garantizar derechos, no beneficios privados.
La vivienda digna es un derecho. Sin techo no hay vida. Sin regulación real no hay justicia».