Los colectivos ecologistas de Tenerife acusan al ayuntamiento de Arona de no haber defendido en sede judicial el valor ecológico de la Montaña de Guaza que alberga hábitats y especies de gran valor ecológico, muchos de ellos protegidos.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) coloca ahora en una posición decisiva al Ayuntamiento de Arona: la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo permitiría defender la protección del Monumento Natural de la Montaña de Guaza frente a la edificación proyectada por Metrovacesa en Palm-Mar. La situación adquiere mayor relevancia al existir dos sentencias en sentido contrario, lo que incrementa la necesidad de que el Supremo unifique criterio sobre este espacio incluido en la Red Natura 2000, el máximo estatus ambiental de la Unión Europea.
La Montaña de Guaza alberga hábitats y especies de gran valor ecológico, muchos de ellos protegidos. Sin embargo, los colectivos ecologistas consideran que el Ayuntamiento ha llevado este procedimiento de manera deficiente, sin aportar la documentación técnica necesaria que acredite los valores ambientales afectados ni justificar por qué la intervención proyectada podría suponer un deterioro significativo del espacio. Y afirman que la ausencia de estudios rigurosos sobre flora, fauna y dinámica ecosistémica resultó determinante: el Consistorio no defendió en sede judicial los valores naturales del área, pese a tratarse de una zona de especial sensibilidad ecológica.
La sentencia subraya, además, la falta de motivación de la Administración local, recordando que la desestimación por silencio administrativo y los informes posteriores “no aportaron una explicación mínimamente aceptable” para apartarse de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Evaluación Ambiental, precisamente reformada para casos como este.
La trascendencia jurídica es evidente: si el Ayuntamiento no recurre, la sentencia adquirirá firmeza y la protección efectiva de la Montaña de Guaza quedará gravemente debilitada, abriendo la puerta a nuevas edificaciones en un enclave sometido al régimen de protección más exigente de Europa. De producirse este extremo los colectivos aseguran que se verán obligados, una vez más, a defender el interés común y la naturaleza de las islas contra corriente.
30 días para actuar y evitar que Guaza quede desprotegida
El Ayuntamiento de Arona dispone de 30 días desde la notificación de la sentencia para preparar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, única vía para evitar que la urbanización avance en una zona reconocida por su extraordinaria importancia ambiental y paisajística.
Mientras tanto, los colectivos ecologistas han anunciado que vigilarán de cerca la actuación municipal. Varias organizaciones ya trabajan para documentar exhaustivamente los valores naturales de la parcela y poner a disposición de las administraciones públicas y judiciales los estudios que el Ayuntamiento no aportó, con el fin de garantizar la máxima protección para Guaza y para impedir que la dejación de funciones de la administración comprometa un enclave de valor ecológico incalculable.
Dos grandes proyectos inmobiliarios – ahora paralizados- aspiran a ubicarse en Montaña de Guaza
La Montaña de Guaza es un enclave declarado Monumento Natural y parte de la Red Natura 2000. Está en el centro de un conflicto urbanístico porque hay al menos dos proyectos inmobiliarios pretenden construirse en su ladera. Por un lado, la empresa madrileña Metrovacesa solicitó licencia para levantar un edificio residencial con 28 viviendas, locales, garajes y piscina, en una parcela de 3.200 m². Por otro lado, el proyecto The Cliff, promovido por la familia belga detrás del grupo Los Menceyes, planea construir viviendas de lujo en otra parcela adyacente, además de obras en la ladera, desvío de un barranquillo y reestructuración del talud. Metrovacesa ya recibió una sentencia en contra en 2007 que anuló la licencia obtenida por afectar a un espacio natural protegido y a una zona de laderas.
Ambos proyectos están actualmente bloqueados. Los colectivos ecologistas de la Isla afirman que ambos proyectos están inmersos en una estrategia para saltarse la documentación ambiental exigida por Ley, ya que las parcelas están dentro de la Red Natura 2000, lo que implica riesgo real para especies protegidas como aves marinas y el reptil en peligro lagarto gigante de Tenerife. Los colectivos defienden la imposibilidad de construir en esas laderas, tal y como ya sentenció el juzgado en 2007.