Por: José Manuel Rivero. Abogado y analista político
Asistimos una vez más al ritual anual de la superestructura monárquica en el Estado español, una puesta en escena de lo que se denomina el «Mensaje de Nochebuena» del rey español. Este ejercicio de comunicación política, heredero directo de la liturgia de la dictadura franquista y del nacional-catolicismo, pretende proyectar una imagen de unidad nacional y arbitraje institucional desde la cúspide de una jefatura del Estado no electa. Sin embargo, bajo el análisis de una historia total que atienda a las estructuras de larga duración, el mensaje de diciembre de 2025 de Felipe de Borbón no es más que un síntoma de la crisis orgánica que atraviesa el régimen de 1978. No estamos ante un mensaje de concordia, sino ante un vano esfuerzo por apuntalar una hegemonía maltrecha, amplificado por el papel vergonzosamente adulador de los medios de comunicación oficiales, tanto públicos como privados, que actúan como correas de transmisión del pensamiento único, silenciando cualquier crítica de clase y construyendo una hagiografía permanente de un monarca que cada vez representa a menos ciudadanos.
La «inquietante crisis de confianza en la democracia» a la que alude el monarca no es un fenómeno meteorológico ni una fatalidad del destino, sino el resultado dialéctico de una institución, la Corona, que arrastra el lastre de una dinastía históricamente nefasta. Felipe VI no puede presentarse como el cirujano de los males de la nación sin reconocer que su propia legitimidad trae causa de una genealogía de traiciones a la soberanía popular. Desde el absolutismo criminal de Fernando VII, pasando por el entreguismo de un Alfonso XIII que huyó tras amparar la dictadura de Primo de Rivera, hasta llegar a la figura de Juan Carlos I (educado e instaurado por Franco, al que expresa su respeto y admiración) la monarquía borbónica ha operado siempre como el freno a cualquier transformación democrática y social profunda. Resulta un ejercicio de cinismo histórico que el actual rey hable de ejemplaridad mientras mantiene un silencio sepulcral sobre la inmensa fortuna corrupta acumulada por su progenitor. Un monarca que realmente deseara regenerar la confianza institucional debería empezar por exigir la devolución íntegra al pueblo español de cada euro cobrado en comisiones, «regalos» de satrapías extranjeras y fondos opacos que hoy permanecen impunes. Sin esa reparación económica y moral, la «ejemplaridad» borbónica es solo un decorado de cartón piedra para consumo de una opinión pública anestesiada por el aparato mediático del régimen.
Este discurso de 2025 se ha caracterizado por un vacío ético que clama al cielo y que ignora de manera deliberada la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En un momento histórico donde el concepto de justicia se vacía de contenido frente al genocidio que la entidad sionista perpetra contra el pueblo palestino, Felipe VI ha decidido aplicar un mutismo cómplice. Ni una mención a la paz ni al respeto a la legalidad internacional. Este silencio no es accidental; responde a la inserción de la monarquía en la lógica del capital global y las alianzas geoestratégicas que priorizan el mantenimiento del orden establecido sobre la vida humana. Esta misma ceguera voluntaria se extiende a la situación en Venezuela, donde el monarca ha omitido cualquier condena al asedio naval, a las amenazas de guerra y a las ejecuciones extrajudiciales que forman parte de la estrategia de injerencia imperialista de los EEUU contra la soberanía de los pueblos. Al callar ante estas violaciones flagrantes del derecho internacional, la Corona se reafirma como pieza sumisa de un engranaje que utiliza la democracia solo como una etiqueta vacía cuando conviene a sus intereses.
En el plano interno, el silencio sobre la barbarie cotidiana del feminicidio en España y la violencia de género sistemática revela la naturaleza profundamente patriarcal y derechizada de su mensaje. Ignorar a las mujeres asesinadas es ignorar el conflicto central de nuestra formación social, situando a la monarquía en la órbita de ese negacionismo reaccionario que hoy coloniza determinadas instituciones de la mano de la extrema derecha. Pero quizá lo más revelador sea lo que el Rey ha validado con su falta de crítica: la deriva política de sectores de la judicatura española. Mientras el poder judicial interviene como un actor de parte, boicoteando leyes emanadas de la soberanía popular como la de amnistía, Felipe VI ha preferido aludir a una «crisis de confianza» que apunta directamente contra el Gobierno y el Congreso de los Diputados y no contra quienes desde los tribunales practican el «lawfare» para subvertir la voluntad legislativa. Al no exigir el respeto debido al poder legislativo, el monarca se erige en el paraguas ideológico de la intervención judicial.
Estamos ante un discurso redactado con la tinta de la derecha más agresiva —aquella que funden el Partido Popular y Vox— y que resuena con la consigna aznarista del «el que pueda hacer, que haga». Felipe VI se postula así como el eje del recambio reaccionario, abandonando cualquier pretensión de neutralidad para actuar como el baluarte de un bloque histórico que prefiere la ruptura del orden democrático antes que permitir la mínima redistribución de poder o el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. El mensaje de Nochebuena de 2025 ha servido para desenmascarar definitivamente a un monarca que es el síntoma del agotamiento del régimen. La Corona española se aferra a un pasado de privilegios, intentando ocultar bajo palabras grandilocuentes su incapacidad para conectar con las necesidades materiales y las aspiraciones de justicia del pueblo trabajador y los sectores subalternos: juventud y pensionistas. Frente a una monarquía que protege la herencia de la corrupción y se alinea con la reacción judicial y la injerencia externa del imperialismo estadounidense,solo cabe comprender que el fin de esta crisis no vendrá de manos de quien ostenta una corona manchada por la historia, sino de la conquista definitiva de una democracia real donde la soberanía sea ejercida por el pueblo.
José Manuel Rivero. Abogado-Analista.