Los colectivos y particulares promotores de la denuncia penal contra Cuna del Alma y el Alcalde de Adeje (Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, Juan Francisco Galindo, La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria-ARCAN), presentarán este lunes 29 de diciembre, una denuncia administrativa conjunta contra el Gobierno de Canarias por su papel activo y determinante en los destrozos medioambientales e históricos irreparables que el proyecto urbanístico Cuna del Alma lleva adelante en el municipio de Adeje (Tenerife).
La denuncia señala directamente al Gobierno de Canarias -a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo- por autorizar de forma excepcional la ocupación de la franja de protección del dominio público marítimo-terrestre para usos turísticos privados de lujo, justificándolo en una supuesta “conveniencia para el modelo turístico canario”.
Para los colectivos firmantes, esta decisión convierte al Gobierno de Canarias en cómplice necesario de la destrucción ambiental, litoral y patrimonial que se está produciendo en Adeje. Dado que la ocupación de la franja de protección del litoral es una medida excepcionalísima según la normativa de Costas, que sólo puede justificarse cuando existe un interés público prevalente real, motivado y acreditado.
Sin embargo, acusan al Gobierno de autorizarla para instalaciones privadas de alto standing (piscina y restaurante). Hacerlo además en uno de los municipios más saturados turística y urbanísticamente de Canarias, donde los precios de la vivienda son los más altos del Archipiélago y con un litoral ya profundamente artificializado y colmatado.
Los colectivos denunciantes aseguran que lejos de responder al interés general, esta autorización empeora los desequilibrios territoriales, sociales y ambientales existentes, profundizando un modelo turístico depredador ampliamente cuestionado por la ciudadanía canaria. A lo que hay que sumar como agravante de la actuación del Gobierno de Canarias, que gracias a las autorizaciones parciales concedidas está ofreciendo al juzgado de Arona una coartada mínima para el archivo inicial de una denuncia penal por posibles delitos medioambientales y urbanísticos muy graves. Una denuncia que llevan adelante colectivos sociales y ecologistas en defensa de Canarias, a los que el Gobierno de Canarias cobardemente boicotea y traiciona.
Recuerdan que afortunadamente, el archivo provisional de la denuncia contra cargos políticos y administrativos que el Juzgado de Arona archivó, ya ha sido recurrido, no sólo por los colectivos denunciantes, sino también por la propia Fiscalía de la Audiencia Provincial. «Este último hecho viene a demostrar la gravedad de lo que denunciamos, cuando es el propio Ministerio Fiscal el que se posiciona del lado de los denunciantes», afirman.
LA DENUNCIA
La denuncia colectiva se presentará ante la Consejería de Obras Públicas,Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias de la que depende directamente la Dirección General de Costas, y se traslada simultáneamente a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias con competencias para paralizar la obra, al Cabildo de Tenerife por estar siendo afectado el espacio de especial protección de La Atalaya, al Parlamento de Canarias para que ejerzan acciones de control al Gobierno, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al afectar directamente a la aplicación de la normativa básica estatal de Costas que no se está cumpliendo.
Los colectivos firmantes exigen:
– La revisión inmediata de la autorización concedida,
– La adopción de medidas cautelares que paralicen las afecciones al litoral y al patrimonio,
– Y la depuración de responsabilidades administrativas.
Los colectivos denunciantes aseguran que: «aunque las administraciones públicas y la clase política, la mayoría corruptas, puedan controlar en determinado momento el devenir de las decisiones judiciales y tratar de manipular el relato -como estamos viendo-, no pueden tomar al pueblo canario por tonto, a todos, permanentemente. Porque Canarias no se vende, se ama y se defiende».
Además se preguntan: «¿Por qué salva Clavijo(CC) a Fraga(PSOE) con decisiones administrativas claramente contrarias a la legalidad?, ¿qúe es lo que teme?, ¿qué le debe?»