El colectivo Derecho al Techo denuncia el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias y la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional.
Aseguran que esta situación está siendo aprovechada por quienes, con fines especulativos, alquilan viviendas por habitaciones, obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la precariedad ajena.
En este sentido afirman que en la isla de Gran Canaria se observan ejemplos alarmantes de esta tendencia, con precios de alquiler que se acercan al salario medio disponible de muchas personas trabajadoras, lo que constituye un abuso y una vulneración del derecho a una vivienda digna.
Algunos de los ejemplos que aporta Derecho al Techo, extraídos de páginas webs destinadas al alquiler.
– Habitación en Camino del Laurel, 22, Tres Barrios-Trasmontaña, Arucas 600€/mes
– Playa de Arinaga, Agüimes (C/ Juan de Austria, 60) – 500 €
– Santa Brígida (C/ Castelar, 16) – 500 €
– Escaleritas, Las Palmas de G.C. (C/ Profesor Reina, 1) – 500 €
– Escaleritas, Las Palmas de G.C. (C/ Juan B. Melo, 3) – 530 €
– Vecindario norte (Avda. de la Unión, 35) – 490 €
– Vegueta, Las Palmas de G.C. (C/ Santa Bárbara) – 490 €
– Santa Catalina–Canteras, Las Palmas de G.C. (C/ Ruiz de Alda, 28) – 490 €)
– Vecindario centro (C/ Artemi Semidán, 70) – 550 €
– Arenales – Avda. Marítima, Las Palmas de G.C. (Paseo de Tomás Morales, 86) – 550 €
– Calle del Mocán, 25, Mogán interior, Mogán 400€
-Calle Juan de Austria, 60, Playa de Arinaga, Agüimes 500€
«Pagar entre 400 y 600 euros por una habitación no puede considerarse una solución habitacional, sino una forma de explotación encubierta que enriquece a unos pocos mientras expulsa a muchas personas de sus barrios y de su ciudad», afirman.
Desde Derecho al Techo hacen un llamamiento a todas las personas afectadas por esta situación a visibilizar y denunciar estos abusos, y anuncian una Asamblea abierta para promover la organización colectiva y exigir medidas que frenen la especulación y garanticen el acceso real a la vivienda.
«La vivienda no es un negocio, es un derecho», concluye el colectivo..