Denuncian que el plan supone una grave regresión ambiental, vulnera la legislación vigente y transforma el parque Nacional en un espacio de explotación turística y comercial.
Colectivos ecologistas y grupos de estudio y conservación de Canarias han remitido una carta al Consejo de la Red de Parques Nacionales, solicitando la emisión de un informe desfavorable al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, promovido por el Gobierno de Canarias, y la paralización inmediata de su tramitación.
Las entidades firmantes denuncian que el documento constituye “una grave regresión en materia de conservación” y contradice los principios fundamentales de la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director de la Red, normas que establecen la conservación como objetivo prioritario de estos espacios naturales.
Durante la reunión del Patronato del Parque Nacional celebrada el pasado 29 de septiembre, los representantes científicos, técnicos y conservacionistas —incluidos los del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna— votaron en contra del nuevo PRUG. El propio director del parque se abstuvo, reconociendo que el texto “no era el adecuado para la conservación de los valores del parque”.
Pese a ello, el Gobierno de Canarias mantiene la tramitación del plan, justificándose en “razones de índole sociopolítica”, según documentación remitida por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, sin contar con informe técnico alguno.
Regresión ambiental y vulneración del principio de no regresión Los colectivos recuerdan que el principio de no regresión ambiental obliga a mantener e incrementar los niveles de protección ya alcanzados, prohibiendo cualquier retroceso en materia de conservación. Sin embargo, el PRUG del Teide relaja prohibiciones, permite actividades de alto impacto y abre la puerta a la privatización de servicios,
desnaturalizando la finalidad y el régimen jurídico del Parque Nacional.
El nuevo plan, advierten, transforma el Parque Nacional del Teide en un espacio de explotación turística y comercial, relegando la conservación a un plano secundario y poniendo en riesgo los valores biológicos, geológicos y paisajísticos que lo convirtieron en Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, carece de un enfoque científico y técnico riguroso, perpetuando un modelo de turismo masivo que amenaza la integridad del ecosistema y la sostenibilidad del espacio protegido.
Ante esta situación, las organizaciones ecologistas solicitan al Consejo de la Red de Parques Nacionales que emita un informe desfavorable al nuevo PRUG del Teide y que reclame un dictamen jurídico al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a fin de que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente. También instan a que se paralice la tramitación del documento hasta que el texto asegure el respeto al principio de no regresión ambiental.
Del mismo modo, piden que se requiera al Gobierno de Canarias una revisión integral del PRUG, incorporando criterios científicos, técnicos y jurídicos acordes con la finalidad de conservación que define a todos los Parques Nacionales, así como el restablecimiento de un proceso de participación pública transparente y accesible, tal como exige la normativa ambiental y de gobernanza