El colectivo Derecho al Techo denuncia que las llamadas empresas desokupas continúan actuando en distintos lugares de nuestras islas con métodos de extorsión, amenazas y amedrentamiento hacia las personas y comunidades. Y lo hacen a través de unas prácticas ilegales y violentas, ya que la decisión sobre un desahucio corresponde únicamente a los jueces y las posibles negociaciones deben realizarse siempre por vías legales.
Cabe recordar, por una parte, que dos miembros de la empresa “Desokupa Ahora” se encuentran actualmente en prisión tras ser condenados por el asesinato con tortura de una persona en Tenerife y por causar graves lesiones a otra. Y por otro lado la Fiscalía ha denunciado al dueño de Desokupa, Daniel Esteve, por «incitar al odio contra el colectivo migrante».
Ante la posible aparición de estos grupos en los barrios, Derecho a Techo hace un llamamiento a la organización comunitaria y vecinal para garantizar la seguridad y la defensa del derecho a la vivienda creando redes barriales y comunitarias junto a colectivos sociales y de vivienda. «Debemos estar atentas a los anuncios que estas empresas hacen en redes sociales para actuar con antelación, para responder de forma organizada y pacífica, mostrando unidad frente a sus intentos de intimidación».
En este sentido recuerdan una serie de aspectos legales a tener en cuenta:
- El domicilio es inviolable (art. 18.2 de la Constitución Española). Nadie puede entrar en él sin consentimiento.
- Hacerlo constituiría un delito de allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal).
- Si impiden el acceso a la vivienda, cometen un delito de coacciones (art. 172 CP).
- Si retienen a alguien dentro, estarían incurriendo en detención ilegal (art. 163 CP).
Por todo ello instan a las personas afectadas a denunciar cualquier delito cometido por estos grupos y a documentar gráficamente los hechos (imágenes, audio, testimonios), siempre preservando la seguridad.
Derecho a Techo no promueve ni facilita acciones violentas o ilegales. «La mejor defensa ante estas mafias es la organización colectiva, la documentación, la presión social y mediática, y la vía jurídica. En caso de riesgo inminente para la vida o la integridad de las personas, debe priorizarse la llamada inmediata a emergencias (112)», afirman.
Finalmente Derecho al Techo reitera que las empresas de desokupación no deben existir. Su actividad vulnera la ley, atenta contra la convivencia y refuerza el terrorismo inmobiliario que golpea a nuestras comunidades. La respuesta está en la unión vecinal, la solidaridad y la defensa firme del derecho al techo.