Por: Lois Pérez Leira
En un panorama geopolítico constantemente bombardeado por acusaciones e intereses creados, la voz del expresidente de Honduras Manuel Zelaya irrumpe no solo para defender, sino para colocar un espejo incómodo frente a la comunidad internacional. Sus declaraciones, firmes y cargadas de contexto, van mucho más allá de una mera desmentida; son un alegato sobre la soberanía, la hipocresía de las potencias y el fracaso de los organismos multilaterales.
Zelaya desmonta con contundencia la acusación de que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, soborna a funcionarios hondureños para el narcotráfico. Pero no lo hace desde la negativa vacía, sino apelando a los hechos recientes de su propio país. Señala con precisión la ironía: es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro el que ha sido elogiado por Estados Unidos por su «combate frontal» al narco. Aumento histórico de decomisos, destrucción de laboratorios y, sobre todo, la entrega y condena a 45 años de prisión en EE.UU. del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo puede acusarse al mismo gobierno que extraditó a un capo de colaborar con otro? La contradicción es tan evidente que revela que la acusación carece de sustento y obedece más a una narrativa política conveniente.
Este punto no es menor. Al utilizar el caso de JOH como ejemplo, Zelaya ejecuta un movimiento maestro retórico: utiliza el estándar de justicia impuesto por Washington para demostrar la inconsistencia de sus propias acusaciones. Es una forma de decir: «Nos juzgan con una vara que nosotros mismos estamos aplicando con mayor rigor y éxito».
Sin embargo, el núcleo de su mensaje trasciende lo bilateral y apunta al corazón de un problema estructural en el orden mundial: el bloqueo militar y económico contra Venezuela. Zelaya, como fundador de la CELAC, eleva la denuncia a un principio fundamental: la defensa de la soberanía y el derecho internacional. Su pregunta es demoledora: «¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones?».
Esta interrogante resuena en un vacío de autoridad moral. La ONU, diseñada para ser el árbitro neutral de los conflictos internacionales, ha sido recurrentemente marginada o instrumentalizada por las potencias con poder de veto. Las sanciones unilaterales y los bloqueos, condenados por numerosos informes de expertos de la propia ONU por su impacto devastador en la población civil, se aplican al margen del derecho internacional, destruyendo la Carta que dice proteger.
Al calificar el silencio ante esta agresión como un «crimen de lesa patria» y un «acto de cobardía», Zelaya no solo habla para Honduras o Venezuela. Habla para toda América Latina y el Caribe. Su discurso es un recordatorio de que la sumisión a la narrativa hegemónica, sin análisis crítico, es una traición a los principios de autodeterminación por los que históricamente ha luchado la región.
Las palabras de Zelaya son más que una defensa. Son un manifiesto. Un llamado a que los pueblos y sus líderes no guarden un silencio cómplice que legitima la agresión y erosiona la frágil arquitectura del derecho internacional. En un mundo donde la fuerza often prevalece sobre la razón, su voz es un recordatorio urgente de que la soberanía no se negocia, se defiende. Y que el primer paso para defenderla es alzar la voz contra la injusticia, aunque—o especialmente cuando—venga disfrazada de acusación.