Tras las asambleas celebradas con personal de las oficinas técnicas municipales de ambas provincias, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Canarias (FSC-CCOO) trasladará a los grupos parlamentarios un paquete de enmiendas orientadas a evitar que se ponga en riesgo el control público del uso del suelo en las islas.
El origen inmediato de esta iniciativa está en el Decreto-ley 3/2025, publicado el martes 22 de abril, presentado con el objetivo de «agilizar» las licencias urbanísticas. A la vista de los reparos formulados por el Consejo Consultivo de Canarias y por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, así como del malestar social y profesional generado, el texto se tramita ahora como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas.
El núcleo más preocupante del proyecto es la creación de los «informes técnicos de conformidad», que podrían ser emitidos por entidades privadas, colegios profesionales o medios propios personificados. Estos informes sustituirían a los informes técnicos municipales incluso cuando estén en juego potestades públicas vinculadas a la legalidad urbanística; no requerirían verificación ni ratificación por parte del personal técnico municipal y desplazarían la preceptividad del informe técnico de la Administración.
«Huida del Derecho Administrativo»
FSC-CCOO advierte de que esta vía facilitaría una «huida del Derecho Administrativo», en términos utilizados por el Tribunal Supremo, mercantilizando el urbanismo y subordinando el interés general a lógicas privadas. En un territorio sometido a alta presión urbanística como Canarias, ello degradaría la calidad del control público sobre el uso del suelo.
Además, la redacción actual sería aplicable a cualquier construcción que se proyecte en Canarias, abriendo la puerta a actuaciones de gran escala (como equipamientos comerciales o de ocio) que nada tienen que ver con el acceso a la vivienda —y menos con vivienda pública y asequible—, pese a que ese sea el marco discursivo invocado. El problema de fondo no es «agilizar» a cualquier precio, sino preservar el interés general.
El sindicato subraya que los retrasos en licencias no son atribuibles al personal técnico y que la solución pasa por reforzar plantillas y coordinación entre administraciones (ayuntamientos, consejos insulares de aguas, cabildos y otros organismos que informan los expedientes), además de cumplir una densa normativa que protege la salubridad, la accesibilidad universal, los espacios públicos y demás garantías ciudadanas.
En coherencia con lo recogido en las asambleas, las enmiendas de FSC-CCOO proponen soluciones desde lo público: colaboración interadministrativa real; utilización de medios propios del sector público; impulso de mancomunidades y consorcios urbanísticos; y exigencia de ratificación por los servicios técnicos municipales de cualquier informe externo, para asegurar objetividad, imparcialidad y defensa del interés general bajo un código de conducta garante para la ciudadanía.
Asimismo, se defiende la autonomía municipal y su capacidad de autoorganización: la posible «cláusula de descuelgue» no debe operar por silencio administrativo, sino requerir un pronunciamiento expreso y explícito del Pleno municipal para aceptar que informes técnicos externos sean preceptivos en el procedimiento.
FSC-CCOO Canarias solicitará reuniones con los grupos parlamentarios para explicar el detalle de estas propuestas y confía en que el Parlamento incorpore las enmiendas necesarias para asegurar que cualquier mejora en la tramitación urbanística se haga reforzando lo público, nunca vaciándolo de sus competencias sustantivas ni menoscabando las garantías democráticas.