Por Antonio Aguado
Si España fuera una tienda, por estar tan saturada y explotada, correría riesgo de implosión y habría que cerrarla. Eso ocurre con los tantos casos de corrupción que ha soportado. Desde el advenimiento de la democracia estos han venido siendo más ostensibles, empezando en la época de Felipe González y continuando con la de José María Aznar. En la de Zapatero hubo un receso, pero en la de Rajoy, éste volvió a las andadas.
Por supuesto, en el franquismo fue mucho peor, los casos de corrupción estaban a la orden del día, protagonizados primero por el propio dictador y genocida Francisco Franco, pero también por las personas de su máxima confianza y entorno, Al respecto, era público y notorio lo que estaba ocurriendo, pero en aquel régimen dictatorial todo esto estaba permitido y no se podía denunciar.
Recientemente ha salido a relucir el caso Koldo García que involucra a quienes fueron secretarios de organización federales del PSOE, José Luís Ábalos y Santos Cerdán. Éste abandonó ese cargo orgánico y el institucional como diputado y se dio de baja del Partido Socialista. José Luís Ábalos, fue expulsado del PSOE, tanto de su cargo orgánico como el institucional como ministro de Fomento, pero sigue mantenido su escaño en el Congreso, pero ahora en el Grupo Mixto.
Pero sin lugar a dudas, el mayor escándalo de corrupción en la etapa democrática es el protagonizado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en los gobiernos de Aznar y sobre todo en el de Rajoy. Lo mismo que desde las cloacas del Estado se montó la policía paralela con la operación Kitchen, estando al frente de la misma el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En el caso de Montoro, creó una hacienda paralela, que actuaba en la doble vertiente, para aprovecharse con mordidas él personalmente y todos sus compinches y también con traspasos económicos al PP.
Para lograrlo utilizaron al principio un bufete de abogados, denominado Montoro y Asociados y posteriormente, después de “darle de baja” a este con otro llamado Equipo Económico. Esto fue un auténtico paripé ya que era el mismo perro, pero con distinto collar. Su modus operandi, consistía en hacer leyes a la carta de grandes empresas, que éstas las redactaba conjuntamente con el referido Equipo Económico y después de pasar por el Consejo de Ministros y por el Congreso, debido a la mayoría absoluta del PP se aprobaban y pasaban a formar parte del BOE.
Otro ministro muy involucrado era el del Justicia Rafael Catalá, como secretario de la empresa de juegos Codere, aprovechó para incrementar esta actividad, hasta el extremo, de ser España uno de los países en la Unión Europea con más casos de ludopatía. Es algo normal, ver este tipo de instalaciones situadas cerca de los centros educativos, con el riesgo que representa para la juventud.
Pero la corrupción en España va mucho más allá de los políticos. Forma parte del paisaje natural de nuestro país, el pago de compras y servicios en dinero negro, a las empresas y personas que nos abastecen o realizan trabajos en diferentes y múltiples especialidades. No es que esté generalizado, pero salvo honrosas excepciones, si está bastante extendido.
Un caso muy significativo, fue durante la llamada “burbuja inmobiliaria”. Cuando en aquella época muchas notarías, en el momento de la compra venta de las viviendas o instalaciones, facilitaban a los vendedores y compradores que sus transacciones se hicieran con dinero oculto u opaco.
También es una practica muy extendida, cuando se solicita una factura la contestación coercitiva que en muchos casos nos dan las empresas o los profesionales interpelados. Suelen decir: si me paga con factura, tengo que añadirle el IVA o sea, siendo el más generalizado el 21% en la península o en Canarias el IGIC el 7%. Muchas personas para ahorrarse esos intereses, suelen caer en ese señuelo y no los pagan. Esto demuestra que la picardía o este tipo de corrupción nos viene afectando considerablemente, pues son ingresos que el Estado deja de percibir para poder mejorar nuestra calidad de vida.
La economía sumergida en nuestro país fue el año 2024 del 24% . Siendo per cápita de 33.516 euros y de 1,59 billones de euros, en el conjunto del país igualmente el año pasado. A quienes más afecta la falta de aportación de esos recursos económicos, son al 19,7% de la población en pobreza o exclusión social.