Las plataformas de pensionistas de Canarias se coordinan para exigir al gobierno del Pacto de las Flores el desarrollo del complemento a las pensiones no contributivas comprometido en la Ley de Renta de Ciudadanía. Ambas asociaciones hacen público el siguiente comunicado:
«La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias y la Plataforma Asociación por la Defensa de las Pensiones en Gran Canaria 7 de febrero 2017 se dirigen, una vez más, al Gobierno autónomo de Canarias y a la Consejería de Servicios Sociales para pedirles que desarrollen, antes de las elecciones de mayo, el artículo 44 de la Ley de Renta Ciudadana referido al complemento a las pensiones no contributivas.
La Ley señala que el objetivo del complemento, que tendrá carácter periódico, es “elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social”, está dirigido a “aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social”, será “complementaria de los ingresos que pudieran tener las personas integrantes de la unidad de convivencia” y tendrá “carácter ampliable, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
En las Islas Canarias existen muchas pensiones contributivas por debajo del umbral de pobreza (rentas inferiores al 60% del salario medio del país, según lo establece la UE), que han quedado fuera de ésta Ley que debe garantizar una protección social, por lo que es necesario modificar la Ley de Renta Ciudadana para que recoja también a las pensiones contributivas más bajas, tal como hacen otras Comunidades Autónomas. Las desigualdades económicas han crecido con la inflación, agravando la vulnerabilidad del colectivo de pensionistas.
Las personas con pensiones no contributivas deben recibir ya el complemento por lo que exigimos que el desarrollo reglamentario para el cálculo del mismo se realice antes de que termine la presente legislatura, y su pago tenga efectos retroactivos a la fecha de aprobación de la Ley. Por otra parte, el desarrollo debe simplificarse y el trámite debe ser directo, pues esas personas tienen reconocida la pensión y es la propia Comunidad Autónoma quien la gestiona y dispone de los datos necesarios.
No se entiende que, ante la pobreza reinante, se aplacen las medidas después de tantos años de espera. Les recordamos que desde 2018 entregamos al Gobierno Autónomo un escrito firmado por unos 5000 de ciudadanos y ciudadanas solicitando el complemento de las pensiones mínimas y no contributivas, para contrarrestar la precariedad en la que viven miles de canarias y canarios.
La situación de pobreza, estimada en un 37,8% de la población canaria, es alarmante y exige una actuación inmediata. De ese porcentaje muchas personas son pensionistas y mujeres. La subida estatal del 15% de las pensiones no contributivas en julio del 2022 hasta diciembre de ese mismo año, así como su posterior prolongación a 2023, no puede justificar el retraso del desarrollo del complemento, pues dicha subida en su cuantía máxima (63,21€ al mes) deja las prestaciones en 484,61€, cantidad con la que es imposible afrontar las mínimas necesidades y mucho menos la inflación que venimos arrastrando. Estas personas, por su edad o por sus discapacidades, no pueden resolver con esos ingresos sus necesidades de cuidados. Muchas están pendientes de una Ley de Dependencia que no funciona correctamente. Las listas de espera de años y la falta de recursos públicos equivale a negarles ese derecho. Además, la apuesta de los gobiernos canarios por la privatización de los recursos sociosanitarios, reduciendo las listas de espera a base de ayudas económicas insuficientes, en lugar de recuperar la gestión pública de dichos servicios, está ocasionando la precarización de los trabajadores y una pésima atención a las usuarias y usuarios.
Las personas pensionistas no pueden ni deben esperar. Todas las vidas son importantes y más aquellas que no tienen otros recursos ni posibilidades de conseguir trabajos, mayoritariamente mujeres mayores o con discapacidades que tienen como único medio de subsistencia una pensión.
La Administración canaria debe posibilitar ya el complemento a sus pensiones que les permita tener una vida más dignas. La cuantía del complemento tiene que hacer posible que la renta total que reciben se acerque al 60% del salario medio, debe superar la ayuda puntual que han recibido en estos dos últimos años de 250€ en un solo pago; debe ser de periodicidad mensual, tal como recoge la Ley, y ampliable – decimos nosotras y nosotros- a las pensiones contributivas que también se sitúan bajo el umbral de pobreza. En Canarias, según datos de diciembre del 2022 hay 349.700 pensiones contributivas y 42.387 no contributivas, sin contar a autónomos, con una brecha de género de un 25,5% y con una pensión media de 997,60€ y donde el 50% cobra por debajo de 950 euros. Esta situación exige medidas urgentes, no sólo transitorias sino estructurales.
Seguiremos con nuestras reivindicaciones a nivel estatal exigiendo la subida de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas y de la mínima y la máxima de las pensiones no contributivas; seguiremos exigiendo la recuperación de la paga compensatoria de enero para no perder poder adquisitivo y su ampliación a las pensiones no contributivas; seguiremos reclamando medidas para erradicar la brecha de género y seguiremos reclamando la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social así como intentaremos frenar los planes para endurecer las condiciones de las futuras pensiones y la implantación de la privatización del sistema público. Reclamaremos una reforma de las pensiones no contributivas para mejorar sus condiciones y requisitos de acceso.
Por todo ello, reiteramos al Gobierno de Canarias que actúe de forma urgente, complementando ya las pensiones más bajas. Recordamos nuestra solicitud de hace unos meses donde les exponíamos al Ejecutivo Autonómico:
A) Que tome medidas estructurales para impedir el aumento de la inflación, sobre todo la que se produce porque unos cuantos quieren hacerse más ricos a costa de hacer más pobres a la mayoría.
B) Que adopte medidas que nos hagan menos dependientes y vayan a las causas de la inflación. Entre ellas:
– Creación de una empresa pública de energía no contaminante
– Poner topes a los precios de productos de primera necesidad.
– Activar políticas de vivienda pública (incluidas las residencias).
– Primar un transporte público adecuado a las personas mayores o con discapacidad, respetando el medio ambiente.
– Apostar por los servicios sociales y por los cuidados.
C) Que desarrolle antes de finalizar la legislatura el artículo 44 de la Ley de Renta Ciudadana para permitir compensar las pensiones que están por debajo del umbral de pobreza hasta alcanzar al menos al SMI.
Esperamos se tenga en cuenta el contenido de esta carta y podamos tener una reunión para abordar estas peticiones con el Gobierno de Canarias y sus Consejerías lo antes posible».