Se ha venido demostrando que las comisiones de investigación del Parlamento, por regla general han sido ineficientes e ineficaces y aunque al comienzo de sus creaciones y puestas a punto, se suele crear grandes expectativas, pero luego éstas con el transcurso del tiempo se diluyen y por regla general quedan en la nada. Incluso habiéndose comprobado fehacientemente las responsabilidades al menos políticas o, en ocasiones igualmente penales de los investigados.
La solución del Gobierno con relación a los casos de abusos qué, durante mucho tiempo han venido cometiendo clérigos a miles de menores, en seminarios, asilos de acogidas o centro educativos, es crear a través del Defensor del Pueblo, una comisión de investigación al margen del Parlamento y que la misma, este compuesta por expertos, víctimas y con la participación de la propia Iglesia a través de clérigos.
Se conoce la trayectoria política muy (demasiado) tibia de Ángel Gabilondo. Lo último fue como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del pasado mayo de 2021, donde el PSOE con él al frente cosechó una estrepitosa derrota. Como siempre lo ha demostrado, su falta de carácter le pierde. Se pudo comprobar ante Isabel Díaz Ayuso y no sería de extrañar le vuelva a ocurrir ahora. Más en esta ocasión, pues se trata nada menos que de exigirle responsabilidades a la ultraconservadora y reaccionaria Iglesia Católica.
Aunque él haya tenido experiencia religiosa como fraile (hermano corazonista en colegios de Vitoria y Madrid), pero los delitos tan graves de pederastia que han venido cometiendo tantos sacerdotes, con los apoyos de también obispos igualmente responsables, lo más probable es que harán todo lo posible para que la investigación a la que van a ser sometidos, como mínimo se dilate en el tiempo para que sigan las prescripciones de los delitos, o peor aún se queden en la nada. Esto es lo que hasta ahora lamentablemente ha venido ocurriendo.
Por muy Defensor del Pueblo que sea, Ángel Gabilondo tiene una forma de ser que le viene muy bien a la Iglesia Católica, que procurará parapetarse y ser lo más obstruccionista posible. Sino fuera así y sabiéndose con toda certeza que estos delitos se estaban cometiendo en su seno, ¿por qué no tomó la incitativa y los investigó?. Como en tantas otras cosas, ¿también en ésta ocasión, se seguirá saliendo con la suya?.
El perfil de Ángel Gabilondo no es el adecuado y menos para este importante reto, pero peor aún sería el de la exministra Isabel Celaá, qué como católica practicante, en la Ley de Educación LOMLOE vigente, mantuvo la arbitraria e injusta enseñanza privada concertada, con todos los intereses económicos y de adoctrinamiento religioso (aunque no evaluable, pero se sigue impartiendo la enseñanza de religión) que le aporta a la Iglesia. Ahora como embajadora ante el Vaticano, ¿participará o asesorará a la referida Comisión?.
Es de esperar que eso no ocurra con el exalcalde de la Coruña Paco Vázquez, que igualmente llegó a ser del 2006 al 2011, embajador en el Vaticano y forma parte como miembro de la Congregación (más bien secta) del Opus Dei, de la que pende, muchas denuncias a sus clérigos por abusos de menores.
Antonio Aguado Suárez