Salvar Chira-Soria ha desplegado una pancarta y entregado una carta al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el transcurso de la conmemoración el nacimiento del escritor José Saramago en Lanzarote.
Una representación de los vecinos del Barranco de Arguineguín, miembros de la Plataforma Salvar Chira-Soria, entre ellos el Presidente de Turcón-Ecologistas en Acción Honorio Galindo exigieron a Pedro Sánchez una moratoria en la autorización Ambiental del Proyecto Chira-Soria, ampliamente cuestionado por la comunidad científica canaria.
En la misiva se expone que “De seguir con vida Saramago hoy, estaría al frente de la defensa de ese territorio, del barranco de Arguineguín”.
En la misiva se ha puesto en conocimiento del Presidente que las obras implican la destrucción de todo el barranco desde la costa hasta la cumbre, afectando a cinco espacios de la Red Natura 2000. Que el borde costero se contaminará con salmuera y productos químicos. Es la Zona de Especial Conservación Marina de la franja de Mogán “fuente de mucho valor para la pesca artesanal y lugar donde habitan especies marinas únicas protegidas”.
En la carta se hace mención a que en el barranco instalarán torres de alta tensión “atravesando espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, donde habitan aves protegidas y sobrevolando en nuestras cabezas contaminación electromagnética”.
Se le ha informado que La dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias considera que “durante la fase de construcción que durará 70 meses las zona será inhabitable que provocará en la práctica la expulsión de más de 2500 vecinos y vecinas. Detonarán una media de 5000 kilos de dinamita cada día y unos doscientos camiones de gran tonelaje bajarán a la costa los inertes de las explosiones. Cerca de un millón de metros cúbicos de escombros”.
La Plataforma Salvar Chira-Soria ha descrito el EIA como un informe tramitado en el oscurantismo y a la espalda de la legalidad europea vigente que, exige la participación ciudadana y, a las directivas antimonopolio que impiden que REE puede ejecutar la obra, sin contemplar que están jugando con la vida de 2500 vecinos del Barranco de Arguineguín, cuando no contemplan la conocida inseguridad de las presas.
Se ha llamado la atención sobre el hecho de que los políticos locales hacen “la vista gorda” a toda esta situación que “se nos viene encima y se muestran serviles a un modelo de transición energética que nada tiene que ver con las directrices del paquete verde de la UE de diciembre del año 2019 que su Gobierno está aplicando”-
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho en tiempo y forma la transposición de la Directiva (UE) 2019/944 en vigor desde enero del presente año 2021. En noviembre el ministerio de Transición Ecológica ha solicitado a la Comisión Europea que permitiera a REE estar en Canarias en régimen de monopolio para ser el operador del sistema, almacenador y productor de energía con la Central de bombeo en Chira-Soria. La Comisión sometió a información pública y abrió un periodo de alegaciones hasta el 27 de abril. La Plataforma ha participado con alegaciones y recientemente la comisión nos ha informado de que hasta finales de año no resolverá esa solicitud de permitir el monopolio de REE.
En esa situación, sin transposición de la directiva (UE) 2019/944, con la cobertura de una ley de los sistemas eléctricos de los territorios extra peninsulares de 2013, del anterior gobierno de Rajoy y promovida por el ministro José Manuel Soria, no adaptada a la Directiva, con incumplimiento de la declaración de impacto ambiental estratégica del PNIEC que impide el desarrollo de esa central en espacios de RED Natura 2000.
Se le pide a Pedro Sánchez que decrete una moratoria en la ejecución del Proyecto, tal y como una parte significativa de la comunidad científica canaria vienen pidiendo. Esa moratoria a la ejecución tendría la finalidad de que las universidades canarias, los científicos y los técnicos cualificados puedan estudiar la viabilidad de semejante megaproyecto y si se alinea con las propuestas de la UE del llamado conocido como paquete verde en el que la ciudadanía deben estar en el centro de la transición energética.