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Home»Noticias»Movimiento Ciudadano»«El Gobierno de Canarias tiene la obligación de trasladar a Costas con urgencia los informes que demuestran que el Hotel de La Tejita es ilegal»

«El Gobierno de Canarias tiene la obligación de trasladar a Costas con urgencia los informes que demuestran que el Hotel de La Tejita es ilegal»

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By on agosto 27, 2020 Movimiento Ciudadano
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Pedro Hernández, ecologista histórico de Lanzarote, profesor en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y activista, analiza diversos aspectos de actualidad en Radio San Borondón.

«La empresa constructora del Hotel de La Tejita no cuenta con los supuestos derechos urbanísticos que reclama»
Como ecologista y experto en Análisis y Planificación Turística del Territorio, Hernández se muestra muy preocupado por la situación del Hotel de La Tejita en el sur de Tenerife, una obra que en estos momentos sigue paralizada de modo cautelar por el Ministerio para la Transición Ecológica, porque ocupa unos terrenos que podrían quedar afectados por la servidumbre de protección de costas una vez que se complete el deslinde del dominio público en esa zona de Granadilla de Abona. Todo ello después de una larga lucha ciudadana y de que dos activistas se encaramaran en las grúas de la obra para presionar dicha paralización. Hernández advierte de que quedan poco más de dos meses para que la Dirección General de Costas termine el procedimiento administrativo de revisión del deslinde del dominio público del tramo de costa donde se encuentra la playa de La Tejita, después de que lo reclamasen ATAN y la plataforma Salvar la Tejita.  En este sentido, recuerda que  la Demarcación de Costas de Tenerife bloqueó el informe para la revisión del deslinde de ATAN y Salvar la Tejita, tardando un año en trasladarlo a la Dirección General de Costas en Madrid, quien finalmente abrió el expediente el 12 de noviembre de 2018, y dado que tienen un plazo 24 meses para resolverlo, queda un tiempo limitadísimo y de no hacerlo éste decaerá.
Por ello, Pedro Hernández considera fundamental que el Gobierno de Canarias – como  responsable de la ordenación del territorio y del urbanismo de la zona de servidumbre de protección– se pronuncie y resuelva con urgencia aspectos muy relevantes en relación a la construcción del Hotel. Por una parte, en lo relacionado con el deslinde, pues se está discutiendo si el hotel debe ir más hacia el interior en base a los valores naturales que lo justifican. Y por otra parte, el gobierno debe demostrar que la constructora no cuenta con los supuestos derechos urbanísticos que reclama.
Hernández exige al Gobierno de Canarias que no permanezca callado ante la pretensión de la empresa que reclama derechos urbanísticos en este lugar, argumentando que ya tenían hecho el plan parcial antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. “Ahí no había nada hecho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 88 y le están dando derechos urbanísticos que no les corresponden”, afirma. Al tiempo que pregunta por qué el Gobierno de Canarias mantiene ocultos y no hace públicos los tres informes que supuestamente ha mandado a Madrid.
Por último, Pedro Hernández expone el argumento que considera más claro. Y es que en 1982 se hizo el primer expediente para declarar espacios naturales protegidos de Canarias. El primer Gobierno de Canarias 83-87 hace la primera Ley de Espacios Naturales. Y la Reserva Especial de Montaña Roja del año 87 tenía un límite que afectaba a más de la mitad del actual Plan Parcial donde está el complejo del Hotel La Tejita. La conclusión es clara: ahí no podían haber hecho nada porque estaba incluido en el espacio natural protegido de la Reserva Natural Especial de La Tejita, por lo tanto no hay justificación para que los dueños del Hotel tuvieran derechos urbanísticos.
Finalmente señala que “nadie sabe por qué” en el año 1994 aparecen cambiados los límites del espacio natural protegido. “Exigimos al Gobierno de Canarias que publique esto, que se lo haga ver a Costas y que no siga callado”.

«Canarias no puede entregar Chira Soria a Red Eléctrica»
Otro de los temas preocupantes que plantea, tiene que ver con la central hidroeléctrica Chira Soria: “El barranco de Arguineguín es la zona más espectacular de Canarias, es uno de los grandes barrancos del sureste de Gran Canaria, y eso no se le puede entregar a una multinacional como REE, que está en manos de los fondos internacionales”. Recuerda en este sentido que se trata de una importante obra hidráulica con tres presas espectaculares en la cabecera del barranco que se le quiere entregar a esa multinacional. Por ello insta a restaurar y conservar esos suelos que han sido hiper transformados, y sobre todo a que se mantengan en manos públicas. Considera prioritario que Canarias se plantee reducir el actual consumo energético a través de auditorías que acaben con el gran despilfarro actual, de entre el 30 o 40 %, para beneficio de dichas multinacionales.

«Que la muerte del perro Timple sirva para poner sobre la mesa una auditoría a todos los ayuntamientos de Canarias»
Sobre el asesinato de Timple, el perro callejero que murió tras ser asfixiado por dos vecinos de Teguise en Lanzarote, Pedro Hernández afirma que este caso pone de manifiesto tres cuestiones. Por un lado, la actuación de personas psicópatas, con severas patologías para convivir en sociedad, que no solo mataron a un animal indefenso, sin que lo grabaron durante media hora. Por otra parte, el papel de las instituciones, como en este caso el ayuntamiento de Teguise que no han cumplido su deber. En este sentido reclama que la muerte de Timple sirva para poner sobre la mesa una auditoría a todos los ayuntamientos de Canarias, que tienen que tener instalaciones adecuadas para los animales domésticos sueltos etc. En tercer lugar, recuerda que en el siglo XXI la sociedad manifiesta sensibilidades muy importantes, como el feminismo, la lucha contra la violencia hacia la mujer, la sensibilidad ambiental, y la protección de los animales. En todos estos casos considera que los gobiernos no han estado a la altura de la sociedad, que va muy por delante de la legislación vigente. “En el caso de la protección a los animales, los señores que gobiernan piensan que esto es secundario. Tanto que no está contemplado en el código penal, alguien pude matar animales pero no le va a pasar nada, como en el caso del perro Timple”.

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