Los trabajadores y los servicios públicos de Canarias están siendo el blanco del fuego cruzado entre los ejecutivos de Fernando Clavijo y Pedro Sánchez, en relación con la indeterminada cuantificación del superávit y la reivindicación del Gobierno de Canarias para que este pueda ser invertido en las islas.
El superávit, que se traduce en el exceso de capital acumulado y no invertido en las islas, tiene su origen en los recortes que el propio Gobierno de Clavijo impuso a los servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía canaria, excediéndose innecesariamente en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad que impulsó el Gobierno de Rajoy durante la denominada crisis. Tal circunstancia tiene ahora un efecto boomerang perverso, con el riego evidente de que aquel innecesario ahorro promovido por Clavijo acabe destinado al pago de deuda y deje a la comunidad canaria en una situación de manifiesto ridículo. Una situación esta grotesca cuando seguimos ocupando el vagón de cola del Estado y Europa en materia de empleo, salarios y dignificación laboral, junto a los más altos niveles de pobreza y deterioro de los servicios públicos.
No es así de extrañar, que la interlocución con el Gobierno de España, nada proclive a atender las reivindicaciones del País canario, no fructifique como pretende el presidente Clavijo y que el desdén vuelva a ser la respuesta del PSOE a la petición de autorización para el gasto del superávit.
Paralelamente a la actitud «colonialista» del PSOE, -término éste coherente pero que Coalición Canaria sólo utiliza en campaña electoral-, los trabajadores nos encontramos ante un ejecutivo canario de escasa fiabilidad en la correcta utilización de los presupuestos públicos, pero mañoso en lograr el respaldo de determinados agentes sociales. El ejecutivo canario ya ha dado suficientes pruebas de ello, perdiendo partidas económicas no utilizadas dirigidas a fines sociales como la pobreza o para materia medio ambiental.
Resulta especialmente llamativo, el apoyo sin condiciones de los sindicatos a la actual estrategia de Clavijo contra Madrid, favor que es inmediatamente permutado con la entrega a estos y a la patronal de un montante de 6,2 millones para un improbable «asesoramiento y emprendimiento» sobre empleo. Es esta una nueva demostración de que los trabajadores y las clases populares canarias carecen de valedores de sus legítimos derechos, prolongando su segregación y empujándoles hacia los peores indicadores sociales y laborales.
A la vista de lo ocurrido, y la espera de una definitiva interlocución bilateral que no esté mediatizada por la actual campaña electoral, Intersindical Canaria espera que el próximo gobierno que se asiente en las islas, anteponga el interés general frente a la enfermiza subordinación a los dictados de la patronal y los mercados. Un diálogo este en el que el gobierno del PSOE o de cualquier otro signo deberá desterrar cualquier actitud de supremacía colonial hacia Canarias.
Jaime Bethencourt
Secretariado Confederal Nacional