En el último pleno del Parlamento de Canarias todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la Ley de Memoria Histórica, con la excepción del Grupo Parlamentario de Podemos, que votó en contra de la misma.
Acudieron como invitadas las presidentas de tres asociaciones de víctimas, de La Palma, Tenerife y Arucas (Gran Canaria), que junto al resto de asociaciones que componen el Foro Memorialista de Gran Canaria llevan años luchando y reivindicando Verdad, Justicia y Reparación.
Con las presidentas de las tres asociaciones mencionadas fue con las primeras que me reuní hace un año, para tratar del borrador de la citada Ley y llegamos a dos conclusiones.
La primera, que si salía así, como ha sido aprobada, no aportaba nada nuevo sobre la Ley estatal 52/2007 del gobierno de Zapatero, y que “mejor la guardáramos en una gaveta”.
Y en segundo lugar, que debiéramos hacer un esfuerzo para que, de alguna manera, se recogiera en la mejor medida posible el asunto de los menores robados.
Con estas premisas, comencé mi trabajo en el proceso de ponencia. Porque esta Ley surge en su origen como una necesaria respuesta a las demandas de las asociaciones de víctimas y de sus familiares y una deuda de la sociedad canaria hacia ellas.
En varias ocasiones acudí a Gran Canaria a realizar diversas reuniones con la totalidad de asociaciones de víctimas que conforman el Foro Memorialista de Gran Canaria, y me hicieron llegar múltiples enmiendas a dicho borrador. También recogí enmiendas de masones de Canarias y de los colectivos de menores robados.
De 70 enmiendas, el grupo parlamentario mixto presentó 6; NC presentó 10; PSOE presentó 12; el PP ninguna; CC 1 y el de Podemos 41.
Hay que añadir que desde Podemos se apoyó la totalidad de las enmiendas del resto de grupos, no recibiendo similar reciprocidad hacia las de las diversas asociaciones, trasladadas a la ponencia por este portavoz.
Ha sido una oportunidad perdida. Se ha aprobado, por tanto, una ley deficiente, que no avanza ni un ápice sobre la ley estatal, que sigue siendo reiteradamente incumplida en Canarias.
Una ley, en definitiva, que a pesar de llegar con 11 años de retraso, no apostó por convertirse en la mejor ley de todo el Estado y, sin embargo, recogió el acuerdo de mínimos entre los grupos que la apoyaron, para hacer posible que un partido como el PP, que no apoyó la ley estatal, que no dedicó ni un solo euro a su cumplimiento durante el reciente mandato de Mariano Rajoy, que actualmente se sigue oponiendo a la exhumación del sanguinario dictador Franco, se sintiera cómodo con este texto.
Fueron vanos los muchos intentos de mejora aportados por las diversas asociaciones y el grupo parlamentario de Podemos, para que las víctimas y sus familias fueran honradas con una ley digna, que diera satisfacción a sus reivindicaciones, sin cicaterías y en una clara apuesta de la sociedad canaria por saldar una deuda histórica con más de 3.000 ejecutados y desaparecidos durante el golpe de estado y la larguísima dictadura, así como sus posteriores secuelas durante muchos años.
En la exposición de motivos, donde se debiera contextualizar la situación de toda esa etapa, sólo se hace mención a Canarias, citando el Estatuto de Autonomía y sus competencias en esta materia.
No es casualidad que se ‘olvide’ que en las Islas hubo una gran represión, motivada por la voluntad de poner fin al proyecto reformista republicano y que implicó la detención de miles de personas, desaparecidas, fusiladas, esclavos en batallones de trabajo forzado o personas que, ante lo que vivieron, tuvieron que marcharse del Archipiélago.
Se ‘olvida’ que fueron detenidas en Fyffes o Gando, entre otros lugares; fusiladas en el Barranco del Hierro, lanzadas al vacío en la Sima Jinámar, recluidas en la colonia penitenciaria para homosexuales en Fuerteventura, desaparecidas en los pozos de Arucas, en los montes de La Palma o en la costa tinerfeña.
Lo que no se nombra no existe, se oculta y, además, se ignora.
Tampoco se debe edulcorar la verdad y sustituir los hechos por eufemismos que la ocultan, como hace esta Ley.
El lenguaje no es neutral y asimilar débiles con vencidos no es honrar a las personas asesinadas, como tampoco lo es llamar rebelión militar o sublevados a lo que fue un golpe de Estado y una terrible dictadura.
Tampoco se satisfacen las reivindicaciones de las víctimas con una “reparación moral”, cuando exigen una reparación integral.
A pesar de las múltiples recomendaciones de la ONU, sobre que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, nada de ello se recoge en el texto aprobado por el Parlamento de Canarias.
Ni tampoco se insta al Gobierno del Estado a que lo recoja en la normativa estatal y a que revise y mejore tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007, reiteradamente incumplida y considerada como una ley “de buenos propósitos y de algunos fracasos”, como la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, considerada como una ‘Ley de punto y final’, para acabar de una vez con el perdón que los herederos de la dictadura se auto concedieron.
A pesar de las múltiples aportaciones del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, en materia de régimen sancionador o de actuaciones en materia educativa y de investigación, nada de ello fue tenido en cuenta por el resto de grupos parlamentarios.
Bajo la calificación de “no hay que crear más chiringuitos” o la excusa insularista de “a ver en qué isla lo ponemos” se rechazó la propuesta de crear un Instituto Canario de Memoria Histórica y Democrática, dotado con medios humanos y materiales suficientes para impulsar las pretensiones de esta ley.
A cambio, sólo se crea una web denominada “centro virtual”. Cicatería e insularismo se unieron para impedir la creación de un centro que coordinara la documentación, la digitalizara, sirviera de lugar para la investigación, para el asesoramiento a las familias, como referente para que esta sociedad no repita jamás estas atrocidades.
Cuando algunos de los que apoyan esta Ley en Canarias se siguen oponiendo a nivel de Estado a la exhumación del dictador, o a condenar el golpe de Estado, la larga dictadura y sus terribles consecuencias, es muy difícil argumentar el consenso con el que esta Ley se ha realizado.
El consenso de los mínimos aceptables para que sea papel mojado y termine también en una gaveta.
Manuel Marrero Morales
Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias
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