La violencia contra las mujeres, lacra fruto de un sistema capitalista y patriarcal, tiene mucho que ver, en cuanto a responsabilidad, con las decisiones que se toman en las instituciones y debería tener la consideración de asunto de estado de primer orden.
Cualquier tipo de infradotación o recorte en políticas de Igualdad, es ahondar en las agresiones (verbales, psíquicas, físicas o económicas), que por comisión o por omisión, se ejercen contra las Mujeres en cualquier ámbito: doméstico, social, laboral, educativo, de los poderes públicos y fácticos, y que alcanzan un deleznable número de víctimas mortales.
La realidad diaria, es que, más allá de un ejercicio de declaración de intenciones, por parte de los poderes públicos no se instauran verdaderas políticas efectivas de protección de las víctimas y sus allegados. Pero además de la ineficacia en las acciones de protección e intervención, la actividad preventiva, que contribuiría a erradicar la normalización de unos modelos de conducta aprendidos, y cuya reprogramación debe ser instaurada a través de la educación reglada y obligatoria desde los primeros niveles, como contenidos transversales acerca de la educación sexual y reproductiva, la igualdad, el respeto y la visibilización, no parecen tener cabida.
A nivel mundial, las mujeres tenemos menores salarios y más precariedad en la actividad laboral, dobles y triples jornadas, feminización de la pobreza y la enfermedad, menos oportunidades, casi exclusiva responsabilidad de los cuidados, tasas ínfimas de representación, somos violentadas por defender los derechos fundamentales, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual…
En el estado español todavía se permiten declaraciones de altos cargos institucionales y organizaciones como la iglesia, que incitan a la violación, vierten amenazas de modificación regresiva de la Ley de Aborto, dictan sentencias judiciales a favor del acoso y el abuso sexual, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje institucional sexista y misógino, medios de comunicación que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos.
En Canarias más de mismo. Pero además, las mujeres sufrimos y debemos luchar contra la triple discriminación: capitalismo, patriarcado y colonialismo, en una situación socioeconómica con niveles de paro y pobreza que duplican la media del estado español.
Desde Intersindical Canaria, abogamos por la erradicación definitiva de la violencia, para lo que es necesario que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que la violencia de género: maltrato psíquico, agresiones físicas, violencia sexual, el acosos sexual y laboral no sean invisibilizados ni minimizados por las instituciones ni la sociedad. Que las mujeres tengamos derecho a la igualdad laboral: sin discriminación salarial y en igualdad de oportunidades y de derechos. Que la sociedad sea paritaria en los mejores aspectos que la fundamentan y definen y que se reconozca la deuda que la Historia tiene contraída con nosotras.
Cati Darias Delgado
Delegada de Intersindical Canaria