Lleva mintiendo vergonzosamente varias semanas a los canarios: repite todos los días que le da lo mismo que le investigue el Tribunal Superior de Justicia que el Juzgado de Instrucción de La Laguna; pero está revolviéndose como gato panza arriba para que el Tribunal Superior de Justicia, ejerciendo una jurisdicción que ya no tiene, archive el caso.
Un Caso en el que, según la lógica más elemental, será imputado por actos relacionados con la corrupción desde que sea devuelto a La Laguna.
Por esta sencilla razón: la Audiencia Provincial de Santa Cruz de ha dictado dos autos declarando que algunas resoluciones y conductas de Clavijo y sus concejales delegados pueden ser delictivas y, recientemente, el propio Juzgado de Instrucción elevó una Memoria razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias sustentada en la existencia de indicios delictivos en los que aparece Clavijo como autor.
Clavijo, a la desesperada, pretende que el Tribunal Superior ejerza jurisdicción sobre el Caso Grúas y lo archive sin más. A pesar de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía que suprime los aforamientos.
Clavijo, sus asesores y agentes propagandísticos han aventado estos días algunos argumentos –algunos, en mi opinión, bastante cogidos por los pelos– para intentare salirse con la suya.
¿Por qué se empeñan en repetir que la norma del nuevo Estatuto que suprime los aforamientos es pará él una norma desfavorable, que restringe sus derechos de defensa, y por lo tanto no puede aplicarse “retroactivamente” a un asunto que ya está en el TSJC? ¿Será porque Clavijo va a tener menos garantías para su defensa ante los jueces que nos investigan y juzgan al resto de los canarios, que ante el TSJC? ¿O será porque alguien le prometió que el TSJC archivaría de inmediato el Caso, dejando tan campantes a Clavijo y a los dos que ya están imputados? Esto tiene que explicárnoslo.
Clavijo sabe, aunque mucha gente no, que la única razón de ser de los aforamientos es la de proteger a los cargos aforados –sean parlamentarios o miembros del gobierno o del poder judicial– frente a denuncias por actos realizados precisamente en el ejercicio de esos cargos. Y no, como en el Caso Grúas, cuando se les investiga por hechos realizados antes de estar aforados o en el ejercicio de otros cargos.
Clavijo está intentando abusar del aforamiento del que disfrutaban los miembros del Parlamento y del Gobierno antes de la entrada en vigor del Estatuto, para librarse de una imputación cantada por sus actuaciones cuando era alcalde de La Laguna. Se coloca así al lado de lo peor de la clase política, al lado de los que a base de abusar del aforamiento lo han desprestigiado ante la opinión pública. A mí, como canario, me da vergüenza.
Aplicar el aforamiento exclusivamente a las investigaciones por hechos realizados en el ejercicio del cargo por el que se está aforado (en este caso, la presidencia del Gobierno o su condición de parlamentario autonómico) es lo que propone el Consejo de Estado, de cara a una futura reforma de la Constitución. Sí: en el mismo dictamen que estos días han aventado Clavijo y sus asesores, como si pudiera tener algún efecto sobre el Caso Grúas.
Han usado el dictamen el Consejo de Estado, censurando convenientemente lo que no les interesa (Clavijo tiene gatillo fácil para la censura), porque saben que muchos canarios y canarias no saben muy bien qué es el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo “del Gobierno” –es decir, no es poder legislativo ni judicial–, y les suena a algo así como Air Force One.
Se arregostan en el desconocimiento y la desinformación de mucha gente. Y esa es una de las grandes especialidades de la casa. De Coalición Canaria, claro.
Clavijo y su mariachi propagandístico viene especulando también con otro argumento: la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la pérdida del aforamiento no es aplicable a este Caso, porque hasta ahora las pérdidas de aforamiento de diputados sólo se habían producido por renuncia al escaño o por la terminación del mandato parlamentario. Y la supresión del aforamiento por un cambio legislativo, como el producido con la entrada en vigor del Estatuto, no tiene precedentes.
Efectivamente: según el Tribunal Supremo, el Tribunal del aforamiento debes seguir entendiendo del caso, aunque el aforado hubiera perdido su condición de tal, sólo si la investigación había concluido y se había decretado la apertura del juicio oral. Pero ese Tribunal seguía siendo tribunal de aforamiento para los que continuaban siendo diputados y los que adquirieran esa condición como resultado de nuevas elecciones.
Pero el TSJC ha perdido sobrevenidamente toda jurisdicción sobre los diputados y miembros del gobierno autonómico. El poder de juzgar es un poder terrible que decide sobre la libertad y la propiedad de las personas y, en tantos sitios, hasta sobre la vida.
Por eso en el Estado de Derecho el principio de la improrrogabilidad de la jurisdicción es sagrado. Y lo proclaman solemnemente, nada más abrirlas, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ninguna autoridad judicial puede ejercer ese poder ni un segundo sin tenerlo atribuido por una norma con rango de Ley, sin que contraiga graves responsabilidades jurídicas.
Lo que pretende Clavijo –aunque reniega de ello más que San Pedro– es que el Tribunal Superior de Justicia retenga el Caso Grúas y lo archive de inmediato después de haber perdido absolutamente la jurisdicción sobre el mismo. Ya no es, por tanto, Tribunal de aforamiento de ni de diputados ni de miembros del gobierno, actuales o por venir.
Es decir: Clavijo quiere un Tribunal para él sólo, como si siguiera siendo tribunal de aforamiento y él un aforado. Y, para más inri, para que archive de plano una investigación por hechos que pueden ser delictivos –así lo ha declarado varias resoluciones judiciales– de los que fue director y actor principal cuando era alcalde de La Laguna. Antes de estar aforado según el viejo Estatuto, al ser elegido diputado e investido presidente del Gobierno.
Y todo porque alguien le prometió que si el Caso Grúas llegaba al TSJC lo iban a archivar de plano.
Menos mal que dice que le da lo mismo que lo investigue un tribunal u otro. Porque si no le llega a dar lo mismo, que Dios nos coja confesados.