El cuento de las rebajas fiscales se vende bien en una sociedad acrítica y desinformada. Si nos dicen que para el próximo año tienen previsto unas rebajas en el IRPF y en el IGIC que me pueden suponer un ahorro medio de 200 euros anuales, lo aceptamos y lo aplaudimos. Con frecuencia no percibimos el engaño que esconde esta publicidad.
Para la gran mayoría, estas rebajas fiscales no compensarán ni de lejos el gasto que lleva aparejado el deterioro y privatización de los servicios públicos, como estamos viendo en la sanidad, la educación y los servicios sociales, mientras que para esa minoría que siempre gana –sea con crisis o sin ella-, estas rebajas supondrán un mayor margen de beneficios.
Por poner algunos ejemplos: ¿Compensará ese dinero el gasto en médicos privados derivado de las interminables listas de espera o el gasto farmacéutico? ¿Y los gastos en libros de texto o guarderías? ¿Y la falta de ayudas para nuestros mayores y dependientes? Si hacemos cuentas veremos que nos están dando gato por liebre.
No es noticia que la contribución fiscal en España esté 7 puntos por debajo de la media de la eurozona y que los ingresos fiscales en el presupuesto de la Comunidad Canaria para 2018 se sitúen a la cola del Estado con 3 puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de las comunidades. También es poco conocido que la contribución fiscal en las cuentas de Canarias decreció durante la crisis y hoy es 0,6 puntos inferior a la de 2008, lo que supone una pérdida de ingresos de unos 240 millones de euros. Tampoco escandaliza, por último, que los servicios públicos, que en Canarias siempre arrastraron déficits históricos, sufrieran durante la crisis económica (2008-2014) unos recortes tan brutales que, todavía hoy -en el 2018-, estamos en un -1,1% del PIB en gasto social que teníamos en 2008, es decir, 511 millones por debajo del nivel de aquel año.
Desde nuestro punto de vista, mientras el gasto social no recupere los niveles anteriores a la crisis y los servicios públicos no restablezcan los estándares de calidad y gratuidad que tenían, no sólo no se justifica ninguna rebaja, sino que son necesarias recuperaciones fiscales para dar cumplimiento al artículo 31 de la Constitución donde se establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Sería razonable establecer medidas de compensación y baja fiscalidad para ese tercio de la población canaria que vive instalada en la pobreza pero, en coherencia con nuestra carta magna, el Gobierno de Canarias debería activar un conjunto de medidas fiscales para que las rentas altas y las de capital contribuyan en su justa medida a incrementar de forma más significativa los ingresos de nuestra comunidad. ¿No tenemos un REF fiscal que posibilita que los excedentes empresariales se puedan dedicar a recapitalizar los negocios para crear empleo?
Nuestro IGIC representa un tercio del IVA que se paga en la península. Bajarlo 2 puntos (del 7 al 5%) sería tan descarado como irresponsable, ya que significa disminuir los ingresos de la Comunidad en unos 250 millones de euros y, en consecuencia, bajar el techo de gasto en la misma proporción. Ya se realizaron rebajas fiscales en el 2018 por valor de 120 millones de euros. ¿Es prudente y razonable seguir con esta “fiesta fiscal”cuando la recuperación está en pañales y los servicios públicos desnutridos?
Otro interrogante: ¿Con qué autoridad moral y política podrá pedir Canarias mejoras económicas a Madrid y al resto de Comunidades cuando, siendo la comunidad con menor contribución fiscal, se permite renunciar a una parte de los ingresos y, con ello, reducir el techo de gasto, realizando rebajas fiscales en los primeros años de la recuperación?
Somos conscientes de que el actual momento preelectoral se presta a medidas populistas pero hacemos un llamamiento al rigor y la responsabilidad. Queremos instar a la sociedad y a las fuerzas políticas a establecer una fiscalidad justa y proporcional cuyo principal objetivo sea la mejora de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.
Por último. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establece que los presupuestos de Educación deberán aumentar progresivamente hasta alcanzar el 5% del PIB en 2022. El gobierno y todos los grupos políticos saben que si el presupuesto de Educación para 2019 no aumenta en los 245 millones necesarios para llegar al 4% del PIB será prácticamente imposible cumplir el objetivo previsto.
Por otro lado, el programa de Coalición Canaria para las elecciones de mayo de 2015 establecía que “… la Educación debe constituir uno de los ejes esenciales del diseño de la Canarias que queremos”y citaba como primer objetivo “Incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.
Sr. Clavijo: cumplir la Ley y cumplir su Programa Electoral deberían ser, desde nuestro punto de vista, dos de sus principales obligaciones. No desaproveche la ocasión. Cumpla con la ley y con la palabra dada.
Fernando Redondo Rodríguez, Isabel Teresa Gómez Gutiérrez y Bernardino Ruiz Velázquez (miembros de la Plataforma Ciudadana por el 5% del PIB para la Educación)