Estamos a las puertas de un nuevo curso escolar. Y en Canarias, el principal problema social y educativo es la pobreza.
Tenemos los índices más elevados de pobreza y exclusión social del Estado español y de la Unión Europea, superando el 45%, y de manera especial entre los niños y niñas.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias mira para otro lado ante esta gravísima situación. No parece que la pobreza sea un problema que tenga que ver con un partido que lleva más de un cuarto de siglo gobernando en Canarias. Tampoco la educación la consideran una prioridad. No existen políticas transversales que atiendan los problemas desde los distintos frentes. Su medida estrella en Educación ha sido el impulso a los E-sports. Ese es el nivel de nuestro Gobierno.
Recientemente, el Consejo Escolar de Canarias emitía un informe en el que aconsejaba al Gobierno de Canarias que facilitara que la población escolar pudiera tener acceso desde los centros educativos, y con apoyo de otras Consejerías, a tres comidas diarias.
¿Qué podemos esperar del Gobierno canario del Sr. Clavijo, que incumple de forma reiterada la Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014 y que preveía que en 2022 se dedicaría, al menos, un 5% del PIB? Teniendo en cuenta que en el momento de la aprobación de la Ley Canaria de Educación, 2014, el presupuesto de Educación representaba un 3,8% del PIB, en 2018 ya debería haberse situado en el 4,4% para cumplir lo establecido en dicha Ley. Para cumplirse lo legislado, del actual 3,62% del PIB deberíamos pasar hasta un 4.6% del PIB para 2019. Y, sin embargo, estamos reivindicando otro año más llegar a un 4%, misión que parece imposible con este Gobierno de Coalición Canaria, preocupado por los negocios de sus poderosos amigos y despreocupado de los derechos de la mayoría social.
Se hace necesario asegurar la adecuada financiación del sistema educativo, lo que obliga a asumir política y socialmente que la financiación educativa debe partir de la máxima de que la educación no debe considerarse como un gasto, como la subvención de un servicio, sino como una inversión que tiene repercusiones de gran calado socioeconómico.
En consecuencia, la inversión en educación debe garantizarse como una prioridad en la Comunidad Autónoma de Canarias, por su rentabilidad individual y social (empleo, sanidad, servicios sociales, etc.), por el papel estratégico que juega la formación como generadora de progreso y bienestar personal y social, y, por tanto, como recurso para mejorar la situación socioeconómica actual y requisito imprescindible para el desarrollo futuro de Canarias.
Ya en 2017, el propio Consejo Escolar de Canarias instaba “al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias a que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para el ejercicio de 2018 se dedique al menos el 4% del PIB para Educación y solicita que la subida del 3,57% al 4% se destine a la Enseñanza no universitaria, incluida la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años”. La ONU recomienda invertir en infancia. Los presupuestos deben tener enfoques de infancia. El Gobierno hace oídos sordos a la educación y a la pobreza.
Con esta finalidad, desde el grupo Parlamentario de Podemos presentamos una Proposición No de Ley para que se cumpliera el objetivo del Consejo Escolar de Canarias, que fue apoyada mayoritariamente, con la abstención de Coalición Canaria.
En estos días, nos enfrentamos ante un nuevo curso: la pobreza no ha disminuido y la inversión en educación no ha aumentado. Y el gobierno no está ni se le espera para dar solución a estos graves problemas.
Necesitamos medidas urgentes, que faciliten una medida de rescate social, una prestación por hijo o hija a cargo, que garantice en primer lugar, la comida diaria de toda la población escolar y, en segundo lugar, la gratuidad de los materiales escolares para todo el alumnado necesitado.Y no hay que esperar a los presupuestos para 2019. El Gobierno tiene nuestro apoyo para aprobar un crédito extraordinario con esta finalidad.
Hay que apostar por una vuelta al cole más llevadera para las familias y por una vida más digna para la infancia.
Por Manuel Marrero, diputado de grupo parlamentario Podemos Canarias