Las familias denuncian una situación provocada por Unelco-Endesa con la complicidad de todas las administraciones públicas competentes a las que acusan de propiciar una crisis humanitaria en “La Esperanza” de consecuencias irreversibles.
El pasado jueves 22 de marzo, la empresa Unelco-Endesa cortó, sin previo aviso, el suministro eléctrico que abastecía a la Comunidad “La Esperanza” en el municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria).
La Comunidad “La Esperanza” es la comunidad autogestionada más grande del Estado español y se compone en su mayoría de familias sin recursos con hijos a cargo que a comienzos de 2013 fueron realojados allí a través de la Federación Anarquista de Gran Canaria, contando con el consentimiento de la promotora propietaria del inmueble que aún se encuentra litigando su proceso de embargo a manos de Bankia (siendo adjudicataria de la deuda la SAREB).
La gravedad del acto de Unelco-Endesa es, para estas familias, incalificable desde una perspectiva humanitaria si atendemos a que en la Comunidad viven más de 70 familias, unas 200 personas, siendo más de la mitad de ellas menores. El problema no es sólo que la comunidad carece de luz, sino también de agua, pues el hidro que traslada el agua a las viviendas no funciona sin energía eléctrica. Las consecuencias directas para estas familias y sus hijos, obligadas de un día para otro a vivir sin agua y sin luz, pueden ser irremediables si no se pone una solución urgente.
Unelco-Endesa siempre se ha negado a regularizar el suministro eléctrico, a pesar de la disposición de los vecinos a pagar contadores y cuotas. «La negociación con ellos ha sido imposible desde hace 5 años», afirman. A su vez ninguna administración pública ha aceptado mediar o intervenir para garantizar este derecho a los suministros básicos que la propias normativas municipales establecen.
Los vecinos que viven en La Esperanza informan de que no van a permitir esta situación y denuncian que «en el democrático Estado español, en esa zona política progresista y avanzada llamada Europa, 200 personas, en su mayoría niños, carecen de los suministros más básicos (agua y luz) por culpa de la codicia de una empresa privada y por culpa de la vergonzosa inhibición de las administraciones públicas».