Así lo informa el Diario Público en su edición de hoy. El «premio» concedido por el diario de Marhuenda al Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) fue un galardón al mejor municipio turístico de Canarias, previo pago de su importe, tras acordar cuatro inserciones sobre el municipio y los premios en el diario.
La alcaldesa del municipio turístico del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno, esgrimía que debido a que el periódico fundado por Luis María Anson «es un diario de tirada nacional que crece y se sitúa como un referente de información e influencia entre los grandes periódicos de España«, era necesaria «la inserción de noticias referentes a nuestro municipio en dicho periódico ya que su difusión cubre un gran espectro de población a nivel nacional y de esta forma damos a conocer nuestro municipio dándole un impulso al sector turístico, sector fundamental y prioritario en nuestra economía«.
Consultado por Canarias Ahora, el propio Marhuenda asegura que los pagos son un «importe muy pequeño» fruto de un acuerdo comercial «como tienen todos los periódicos» y su objetivo es «promover» el municipio de Mogán.
Tras conocerse el premio, el Ayuntamiento emitió al día siguiente de la ceremonia un comunicado en el que señalaba que estos premios «reconocen el buen trabajo de organizaciones públicas y privadas en uno de los sectores fundamentales de la economía española«.
Onalia Bueno tiene experiencia demostrada en la compra de voluntades… y votos. A tenor de lo que cualquier persona puede encontrar en Internet, Onalia Bueno pagó en los últimos comicios entre 50 y 150 euros por voto, según informaron LA SEXTA y EL País. El asunto aún está sub iudice.
Está claro que la alcaldesa de Mogán lleva en sus genes la impronta del PP. Según informó Canarias Ahora, en marzo de 2017, la Fiscalía la denunció, junto a dos de sus concejales, por ser presuntos autores de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
No obstante, también hay que informar que Onalia Bueno quedó libre de imputaciones tras el archivo del «Caso Europa» por falta de pruebas, una pieza derivada de la «Operación Góndola», que era la última de las ocho causas por las que fue imputada en el año 2007, cuando era concejala del PP y responsable de las áreas de Vivienda y Asuntos Sociales. Para el archivo de esta denuncia fue determinante la ausencia de la acción popular, ejercida por el denominado Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción, excluida de la causa por la magistrada-juez Luz Calvé Mortes por no depositar la fianza ni presentar querella.