Redesscan, la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, denuncia a través de un comunicado, la intención del Gobierno de Canarias de promover la entrada del sector privado en el futuro plan de infraestructuras socio sanitarias de Canarias.
Llaman la atención de la presencia de Eugenio Pérez, consejero delegado de Solimar de residencias de ancianos, en unas recientes Jornadas sobre el sistema de atención a la dependencia, a la que asistieron también la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido y Beatriz Barrer, presidenta de la Zona Especial Canaria ZEC. Valido habló de que el Gobierno de Canarias quiere desarrollar un futuro plan de infraestructuras socio sanitarias de las Islas Canarias pero que “este plan no es posible si no hay operadores privados».
Denuncian que Eugenio Pérez fue alcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007”, denunciado en 2005 por Izquierda Unida por una supuesta trama de corrupción urbanística, si bien la fiscalía archivó la investigación al no hallar indicios de vinculación de Eugenio Pérez con dicha trama. Y su empresa Solimar junto con Savia (propiedad de los Cotino y el constructor Enrique Ortiz) o La Saleta, empresas todas cercanas al Partido Popular, eran beneficiadas por el modelo Cotino recibiendo dinero de la Generalitat valenciana por acoger a personas mayores en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar” (eldiariocv.es, 02/03/2015).
PRIVATIZACIONES SOSPECHOSAS
El cuatro de octubre conocíamos una jornada a la que asistieron el Gobierno de Canarias, la ZEC y la empresa Solimar.
En esta jornada se habló sobre el sistema de atención a la dependencia y que éste debe construirse sobre tres pilares: las ONG, el sector privado y la propia Administración pública.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, describió una grave situación en Canarias debido principalmente al envejecimiento de la población, por lo que desde el gobierno se pretende “articular un potente servicio de atención a los dependientes más leves, los de grado 1, con servicios domiciliarios y especializados, pero, al mismo tiempo, a habilitar más plazas residenciales y diurnas”. Por otra parte, describía la mala situación de las residencias ya que “no hay plazas públicas disponibles y apenas existen posibilidades de concertar plazas con el sector privado” por lo que el Gobierno de Canarias quiere desarrollar un futuro plan de infraestructuras socio sanitarias de las Islas Canarias. Por último, afirmó que “este plan no es posible si no hay operadores privados».
Otros de los invitados Eugenio Pérez, consejero delegado de Solimar, aprovechó la ocasión para hacer un recorrido por la historia de la empresa, que actúa en la Comunidad Valenciana desde 2004. Por último Beatriz Barrer, presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), hablo de las excelentes condiciones para el sector socio sanitario ya que se puede beneficiar de los incentivos fiscales de Canarias y tributar al 4%.
Pero ¿Quién es Eugenio Pérez Mifsud? Según eldiariocv.es, Eugenio Pérez Mifsud, es “exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007”, denunciado en 2005 por Izquierda Unida por una supuesta trama de corrupción urbanística, si bien la fiscalía archivó la investigación al no hallar indicios de vinculación de Eugenio Pérez con dicha trama.
Si bien, AERTE , la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, denunciaba en 2015 “de una gravedad extrema que, pese a los informes en contra de la abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu, se siguen “derivando personas en exclusiva hacia” los llamados “centros de accesibilidad social”, empresas privadas que tienen garantizado por ley ingresos públicos.
Básicamente, estas residencias reciben dinero de la Generalitat por acoger a personas mayores en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar” (eldiariocv.es, 02/03/2015). Además, “entre las empresas beneficiadas por el sistema estarían Savia, propiedad de los Cotino y el constructor Enrique Ortiz, La Saleta, Solimar o Novaire”, empresas cercanas al Partido Popular las cuales eran beneficiadas por el modelo Cotino.
Aunque el escándalo se conocía en 2014 “tras hacerse públicas más conversaciones registradas por la Policía en las que sus protagonistas hablan de «llenar» las residencias de la familia Cotino y de Enrique Ortiz a costa de dejar de pagar a las personas en situación de dependencia que viven con sus familias” (El Mundo, 03/07/2014). Una de estas conversaciones es entre Enrique y el director de sus residencias Savia-Gerocentros, Arturo Alario, al que se escucha decir “Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya, que coño pasa que se están dando ayudas a cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a Uría Menéndez, además a iniciativa mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares” para seguir más adelante “Claro que sí. Tenemos que hacer algún sistema, yo ya quedé ayer con los de Novaire, Solimar, etc. plantear un sistema que pase por encima de este tío. Es la única manera que nos den las listas con un convenio para que sea legal, todo sujeto a ley, por supuesto, ya que somos plazas públicas, que nos remitan la solicitud de plazas y que no se pasen meses haciendo papeles inútiles. Sabes, es lo que tenemos que plantearle en la reunión al conseller todas las empresas de accesibilidad”
Lo peor de situación fue que la privatización de 2.000 plazas expulsó de las residencias a mayores de renta baja (Levante, (18/02/2015). Debido a la implantación del llamado modelo Cotino, consolidado por el expresidente de les Corts Valencianes, Juan Cotino, (eldiariocv.es, 15/04/2015), quien a la empresa de su familia y otros gigantes del sector de las residencias de la tercera edad. Estas cobraban “más por plaza que otros centros con conciertos (hasta 56,14 euros frente a los 50 que reciben ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo) aunque afrontan exigencias menores que otros centros en número de personal y salarios”.Además “según cálculos del sector, en base a simulaciones sobre centros con 50 plazas disponibles y un 75% de ocupación, las empresas beneficiadas por el sistema han podido facturar casi 4 millones de euros extra.”
Sin embargo, en 20017 las Corts aprobaron el dictamen de la Comisión de Investigación para el estudio del proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes -creado por los exconsellers del PP Rafael Blasco y Juan Cotino- y que concluyó que hubo «trato de favor» hacia las empresas que resultaron adjudicatarias (20minutos, 27/09/2017). Así, Oltra afirmó (eldiariocv.es, 19/09/2015) que quería acabar con «el oscurantismo y la opacidad de la Generalitat ya que los Servicios Sociales han estado «muy castigados en los últimos años por las fundadas sospechas, y hechos demostrados, de la falta de transparencia en la gestión y del enriquecimiento personal de unos cuantos sátrapas en connivencia con los gestores públicos»
Según el IMF (International Monetary Fund) se estima que el coste anual de los sobornos vinculados a la corrupción es de alrededor de 1,5 a 2 billones de dólares (aproximadamente el 2% del PIB mundial), aunque los costes económicos y sociales probablemente sean mayores, ya que los sobornos constituyen sólo un aspecto del posible formas de corrupción. Así, encontramos que dentro de los efectos sociales de la corrupción se encuentran:
• Bajos resultados en las Políticas Sociales.
• Niveles bajos en los indicadores de educación y salud. Ya que la corrupción puede distorsionar la asignación de fondos dentro de los sistemas de salud y educación.
• Ineficiencias en la prestación de servicios sociales. Debido al desvío de fondos de programas contra la pobreza tanto hacía grupos de la población relativamente ricos como a individuos y grupos bien conectados, disminuyendo el impacto de los programas sociales en la distribución del ingreso y la pobreza.
En España según el estudio “Relación entre corrupción y satisfacción” el coste de la corrupción se sitúa entorno a 39.502 millones de €. El coste per cápita mensual por comunidades Autónomas oscila entre el mínimo de La Rioja (65,05 €) y el máximo de Canarias (79,07 €). Según el sociólogo Jose María Tortosa Blasco, “el Estado de Bienestar para ricos utiliza el argumento del too big to fail, es decir, que las grandes empresas y los grandes Bancos no pueden caer, razón por la que tienen que ser socorridas, sea cual sea su comportamiento y la legalidad o moralidad del mismo”.
Desde REDESSCAN estamos por unos servicios públicos, sin privatizaciones y que no alimenten la corrupción. Ojo con el Gobierno de Canarias.