La eclosión del nuevo concejal delegado de Planificación y Urbanismo, Carlos Tarife, ha dado renovados bríos a los viejos y especulativos proyectos urbanísticos en Santa Cruz. Por lo pronto, ha comenzado su andadura como matarife del Plan Especial del Toscal regresándolo a las tortuosas catacumbas zerolianas, una machacona demanda del arriscado ex concejal Garcinuño, a pesar de haber sido requeteaprobado en pleno y de gozar de un gran consenso social y vecinal.
Aunque nadie duda de que son Zaida González –la jefa del PP municipal- y el alcalde Bermúdez quienes controlan los movimientos de este recién llegado ejecutor, lo cierto es que éste pronto ha empezado a nombrar la bicha de la prevaricación. Se ve que es consciente de los numerosos delitos e irregularidades cometidas en la Gerencia de Urbanismo y las concejalías afines -eso da mucho yuyo- y/o de que la argucia de retrotraer el plan de El Toscal al periodo de información inicial con la excusa de la existencia de una supuesta inseguridad jurídica, no se la traga nadie y menos las plataformas vecinales del Toscal que ven en esta maliciosa trastada motivo más que suficiente para denunciarla en los tribunales de justicia.
Está visto que a los responsables municipales poco o nada les importa los sentimientos y el apego que tienen las gentes con los barrios donde viven ni el patrimonio histórico y cultural que encierran, solo hay que darse un paseo por los barrios señeros y populares de la ciudad -El Toscal, El Cabo, El Monturrio, etc.- o por los edificios simbólicos de Santa Cruz –el Templo Masónico, El Balneario, el Viera y Clavijo y tantos otros- abandonados desde hace años. Tal es la desidia en esta materia que a pesar de que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, órgano creado en tiempos de Miguel Zerolo (2009) para dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio de Canarias, no se ha vuelto a reunir desde el día de su constitución.
Por otro lado, el ayuntamiento de Santa Cruz, con José Manuel Bermúdez a la cabeza, ha dado muestras más que suficientes de que es capaz de defender una cosa y su contraria sin el más mínimo rubor. Recuerden cómo luchó el Alcalde por mantener en pie el mamotreto de Las Teresitas –una obra ilegal e ilegalizable en sentencia firme- so pretexto de que era patrimonio municipal, o cómo el reaccionario concejal José Carlos Acha defiende a capa y espada la pervivencia del monumento a Franco a pesar de que infringe la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo ahora, a pesar de la anulación del Plan General de Ordenación por parte del TSJC, siguen despachando licencias a trote y moche a los propietarios de numerosos inmuebles de la zona de Miraflores, y no solo de esa zona, pues son más de 500 los edificios santacruceros amenazados por los buldócer de la codicia que están incluidos en el catálogo del Patrimonio Histórico del Cabildo, haciendo tabla rasa de nuestra historia con el objetivo de dejar expedita esa espaciosa y céntrica zona para lo que verdaderamente les importa, el negocio y la especulación.
De seguir las cosas por estos derroteros, mucho nos tenemos que la Ley de Patrimonio de Canarias tenga los días contados, como todas aquellas normas que impedían a Coalición Canaria y el PP llevar a cabo el proyecto histórico de la oligarquía isleña, así pasó con la Ley del Catálogo de Especies Protegidas o con las Directrices de Ordenación del Territorio. Por eso, a pesar de los dimes y diretes entre ayuntamiento y cabildo por los derribos en Miraflores, sería de ingenuos pensar que la valiente defensa del patrimonio de todos que esos técnicos “fundamentalistas” del Cabildo han puesto en marcha aplicando dicha ley, plantándole cara al mismísimo alcalde Bermúdez y los lobbies empresariales, no sea saboteada, incluso, desde la cúpula de esa institución y/o del mismo Gobierno de Canarias. Fepeco y la Ceoe ya han dado el Ok a las canonjías que Bermúdez, en formato de exenciones fiscales y planes de inversión, les ha puesto en bandeja. Ahora sólo falta que Carlos Alonso, que ha aguantado a regañadientes la valentía de los técnicos, ordene al blandengue Psoe que le sirve de muleta en el Cabildo para que se deje de “tiquismiquis” con eso de la defensa del patrimonio, meta en cintura a esos díscolos técnicos y le ponga fin de una vez a esa “disfunción administrativa”. Así ya está todo preparado para que comience el festín en Santa Cruz, nuestro patrimonio y todo lo que es susceptible de sorribar serán los manjares puestos sobre la mesa de las palas mecánicas y las concretaras.
Aunque el festín realmente comenzó a finales de los años cincuenta en el barrio de Cabo-Llanos. Allí, un embrionario proceso de elitización/gentrificación de ese espacio urbano supuso la expulsión en 1973 de la población residente, perteneciente en su mayoría a las clases populares y trabajadoras y, al mismo tiempo, que la burguesía aprovechara la oportunidad que le brindó el ayuntamiento franquista para apropiárselo y dar uno de los más grandes pelotazos de la época, luego se urbanizó convirtiéndose en lo que se hoy conoce como “la milla de oro”. Ese proceso urbanizador sigue hasta nuestros días, ya es una realidad en la zona de Miraflores y a nadie se le escapa que el próximo en la lista será el barrio de El Toscal. En todos estos procesos urbanísticos encontramos dos características comunes que son, por un lado, la activa participación de las instituciones –ayuntamiento y Cabildo, fundamentalmente- para generar el mejor escenario posible a los procesos de especulación inmobiliaria y, por otro, una intensa devastación del patrimonio.
Esperemos que no se salgan con la suya del todo, de lo contrario nos tendremos que ir acostumbrando a vivir en un Santa Cruz convertido en una sucesión indecente de parques temáticos comerciales y de negocio –Parque Boulevard, La Concepción-La Noria, “milla de oro”, etc.- unos espacios deshumanizados, vacíos de contenido real y ciudadano que generan nuevas fronteras internas, fomentan la exclusión social y aumentan exponencialmente la brecha entre ricos y pobres.
No construyen un Santa Cruz para vivir, sino para consumir.