Rueda de Prensa
SB-Noticias.- Denuncian que el Ayuntamiento de Santa Cruz está aplicando la Ley Mordaza y la Ordenanza del Paisaje Urbano para perseguir y coartar a las Plataformas y colectivos ciudadanos
Este viernes, miembros de la Plataforma por un Territorio Sostenible, la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra y por un Mar Limpio, Izquierda Unida y Si se Puede, han denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Santa Cruz está aplicando la Ley Mordaza contra los movimientos sociales contestatarios, para impedir la participación de los ciudadanos instrumentalizando torticeramente a la Policia Municipal.
Julián Ayala, prestigioso periodista y escritor y Sergio García, profesional sanitario, son dos ciudadanos que residen en Santa Cruz de Tenerife y que viven con estupor como, desde el Ayuntamiento de su ciudad, se les ha sancionado en base a unos hechos que ellos no han cometido. Posiblemente, ambos ciudadanos tengan en común haber cometido el “delito” de utilizar su derecho a la libertad de expresión y a mostrar su rechazo a la mala gestión de las administraciones públicas y en particular del Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
Julián Ayala es miembro de la Plataforma por un Territorio Sostenible, Plataforma por el derribo del Mamotreto y contra la Corrupción y la Asociación en defensa de las Pensiones Públicas. Sergio García forma parte de la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra y por un Mar Limpio.
Los «delitos» cometidos por Sergio García
Sergio García, como miembro de la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra y por un Mar Limpio, fue el firmante de la solicitud de una Manifestación celebrada el pasado 9 de septiembre, que transcurrió con total normalidad por las calles de Santa Cruz de Tenerife, a la que acudieron miles de personas para protestar por la presencia de las microalgas y cianobacterias en las costas y la falta de depuración de las aguas.
Diez días mas tarde, recibe una llamada de la policía local de Santa Cruz informándole de que se le hace responsable -como firmante de la convocatoria de la manifestación- de numerosos carteles pegados en distintas zonas de la ciudad. El día 1 de diciembre, desde el Ayuntamiento le informan que la Policía Municipal ha levantado un acta contra él, por pegar carteles en dos calles el día 20 septiembre, es decir 11 días después de la celebración de la Manifestación.
No sólo es ilógico que se le acuse de pegar carteles de una Manifestación después de haberse celebrado la misma, sino que él ese día se encontraba en Sevilla y asegura que en ningún momento, ni antes ni después de la misma pegó carteles en ningún punto de la ciudad.
Los «delitos» cometidos por Julián Ayala
Julián Ayala, recibió el día 23 octubre una notificación de incoación de expediente sancionador contra él -firmado por el concejal Dámaso Arteaga con fecha del 13 octubre- . En dicho expediente se le informa de que el 19 de diciembre de 2016 se recibe por la policía local actas de infracción administrativa por fijar carteles en lugares no autorizados, como la Calle Castillo y la Plaza Weyler.
Ayala no sale de su sorpresa, afirma que hace muchos años que no ha pegado carteles, entre otros motivos por su salud y su edad “soy mayor para estar pegando carteles habiendo muchachos jóvenes que realizan esas tareas”.
Haciendo memoria tras recibir la notificación, Ayala recuerda que el 19 diciembre 2016, Santiago Pérez y él mismo, como miembros de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, celebraron una Rueda de Prensa a las Puertas del Parlamento de Canarias, contra la Ley del Suelo. Al finalizar la misma, dos policías les pidieron su documentación, aludiendo a que “llevaban una pancarta que a lo mejor es irregular”.
Un año después Julián Ayala recibe esta carta, acusándolo de hechos inciertos.
Ayala explica que solicitó consultar el Expediente que figura en la Policía, donde se recoge que varios días antes de celebrarse dicha Rueda de Prensa en el Parlamento, dos policías locales levantaron acta contra él por fijar carteles en lugares no autorizados, cometiendo una infracción contra la Ordenanza sobre Paisaje Urbano.
Frente a este expediente, Julián Ayala presentó alegaciones diciendo que lo recogido en dichas actas no es cierto, porque él no ha pegado carteles. Y como única respuesta recibe la misma exposición de motivos, donde se considera que ha cometido una infracción contra la Ordenanza sobre el Paisaje Urbano, imponiéndole una sanción “leve” de 60 €.
Ayala denuncia que se ha utilizado una identificación requerida en un acto legal (una Rueda de Prensa) para achacarle actos supuestamente ilegales de los que no ha formado parte.
También lamenta que frente a las Alegaciones presentadas, se aplique la presunción de veracidad a la Policía, pues la “Ley Mordaza” establece que la denuncia o el atestado de los agentes constituirá «base suficiente para adoptar la resolución que proceda«, por lo que el ciudadano «se ve obligado a demostrar la falsedad del relato policial, lo que resulta, en la práctica, casi imposible«.
Julián Ayala y Sergio García denuncian que desde el Ayuntamiento se está aplicando la Ley Mordaza y la Ordenanza de Paisaje Urbano para perseguir y coartar a las Plataformas y colectivos ciudadanos.
Santiago Pérez afirma que se trata de una sanción que pretenden imponer por una cantidad simbólica, pero que esconde un ambiente represivo del que son responsables “los jefes de los agentes que han levantado las actas y especialmente los jefes políticos”.
Pérez considera que todo esto se sustenta en una grave perversión de la ley, negando la presunción de inocencia y obligando al denunciado a probar su inocencia, trasladando la carga de la prueba – que corresponde al que acusa – al acusado.
Asimismo critica duramente las falsedades y contradicciones recogidas en las Actas policiales: “Un acta no puede ser válida cuando al mismo tiempo dice que están identificando al denunciado y éste se encuentra ausente, las dos cosas no pueden estar en el mismo acta y tampoco puede tener validez un acta donde se consideran como hechos, colocar carteles de un acto que ya se ha celebrado”, afirma.
Ramón Trujillo expuso que a nadie se le escapa que la conducta que se denuncia es impropia de un estado de derecho y típica de un estado dictatorial.
Denuncia que el edil Dámaso Arteaga “que dedica su tiempo a firmar decretos neofranquistas y a homenajear a figuras del nacionalismo español como García Escámez”, tenga la insolvencia democrática de firmar una resolución que de hecho implica que una ordenanza de paisaje urbano deroga la propia Constitución: “ese es el nivel de la resolución que firma este concejal y es muy grave que un concejal firme un documento propio de un régimen dictatorial, para tratar de violentar los derechos fundamentales de algunos ciudadanos”.
Trujillo considera un escándalo que se sancione a unos ciudadanos utilizando pruebas falsas, porque existe una presunción de culpabilidad contra las personas que además tienen que demostrar su inocencia, mientras que a los políticos y la policía se les otorgue la veracidad de sus tesis.
El concejal de IUC asegura que este caso lo llevarán a la Comisión de Control y al próximo Pleno porque es un hecho de extrema gravedad y desprecio a la democracia y asegura que este comportamiento forma parte del ADN de Coalición Canaria.
Asun Delgado, de Sí Se Puede, advierte que este no es el único hecho antidemocrático de este grupo de gobierno, pues asegura que cada vez es mayor su deriva dictatorial, que bajo formas aparentemente amables esconden comportamientos antidemocráticos.
La edil de Sí se Puede asegura que esta forma de actuar persigue impedir cualquier tipo de oposición, tanto desde los movimientos sociales como desde los grupos políticos que no comulgan con ellos.
Asimismo Delgado también corrobora que exigirán responsabilidades políticas.
Finalmente Sergio García y Julián Ayala aseveran que están dispuestos a llegar a los Tribunales, no por el dinero, sino por el antecedente antidemocrático que ello supone.