Hoy domingo día 8 de octubre, a las 11:00 de la mañana, la Plataforma por las Pensiones Públicas junto con un amplio número de colectivos, han convocado una Manifestación desde la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, hasta la Plaza de la Candelaria.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS
Las pensiones de jubilación son un derecho básico de las trabajadoras y trabajadores reconocido en la Constitución, cuyo artículo 50 dice que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”
Pero en la práctica este mandato constitucional –como tantos otros– no tiene efectividad alguna, pues las instituciones del Estado que deberían representar los intereses de la mayoría social y, por tanto, garantizar ese derecho, no lo hacen. Al contrario, con el pretexto de la crisis económica los últimos gobiernos del PSOE y, en mayor medida, del PP han puesto en práctica una serie de políticas con el objetivo, indisimulado y exitoso, de cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos empresarios, funcionarios y pensionistas), en beneficio exclusivo de la banca y las grandes empresas, los verdaderos responsables del crack económico.
Desde el inicio de la crisis se han perdido en España 30.000 millones en salarios, mientras que los beneficios de los grandes empresarios y financieros han aumentado 14.000 millones. Hoy las rentas del capital en el Estado Español crecen el doble que los salarios. Los ricos se están haciendo inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Los recortes sociales llevados a cabo por el PP y por el PSOE, especialmente las reformas laborales, han abocado a millones de trabajadores activos al paro, la precariedad y la miseria. La misma miseria que está afectando también hoy a una gran mayoría de pensionistas.
ATAQUE SIN PRECEDENTES.- Porque el sistema público de pensiones está sufriendo, debido a estas políticas, un ataque sin precedentes, que perjudica gravemente tanto a las trabajadoras y trabajadores actualmente jubilados como, en mucha mayor medida, a las que se jubilarán en el futuro.
Las pensiones contributivas de la Seguridad Social –las más numerosas– se financian con las cotizaciones aportadas por los empresarios y los trabajadores. Antes de la llegada del PP al Gobierno en diciembre de 2011, estas cotizaciones generaron en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social un superávit de muchos miles de millones de euros. Concretamente, en noviembre de 2011 –el último mes del segundo gobierno de Zapatero–, con cuatro años de crisis y un paro que llegaba a los cuatro millones y medio de personas, la llamada ‘hucha’ de las pensiones, creada para garantizar el pago de las prestaciones en épocas en que lo ingresos fueran inferiores a los gastos, alcanzó su cima de 66.815 millones de euros.
Esa ‘hucha’ seguiría nutriéndose ahora, si el empleo precario y mal pagado, las bonificaciones empresariales de cuotas a la Seguridad Social y otras medidas antisociales no la estuvieran agotando definitivamente.
CRISIS INDUCIDA.- Porque son las políticas económicas de las últimas legislaturas –orientadas a beneficiar los intereses de los capitalistas para explotar cada vez más a los trabajadores y trabajadoras–, las que han incidido gravemente en la llamada “crisis de las pensiones”, una crisis inducida para favorecer a los Fondos Privados de Pensiones, ansiosos de apoderarse de un “negocio” que mueve más de 120 mil millones de euros al año.
El sistema de pensiones públicas es uno de los escasos instrumentos de redistribución de la riqueza que, basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, debería ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos. Las pensiones, además de constituir un factor –todavía muy insuficiente– de cohesión social, son el medio de vida y sustento de uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables y juegan un papel cada vez más importante en el ámbito económico, como garantía de demanda de bienes y servicios que, a su vez, son motor de creación de empleo.
REFORMAS NEFASTAS.- Son tres las últimas reformas que más han incidido en la citada crisis de las pensiones:
• La Ley 27/2011 del último Gobierno de Zapatero sobre Actualización, Adecuación y Modernización de la Seguridad Social, que aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, así como el número de años computables para el cálculo de la pensión, que de 15 pasó a 25, y fijó en 37 años el tiempo necesario para tener derecho al 100% de la prestación, lo que supone un listón inalcanzable para millones de personas y uno de los mayores recortes de gasto en Europa.
• La Ley 23/2013 del primer Gobierno de Rajoy, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que desvinculó del IPC el aumento anual de las prestaciones y estableció para su revalorización un mínimo del 0,25% y un máximo del 0,50% más el IPC, lo que ha supuesto, en la práctica, la progresiva disminución del poder adquisitivo de las y los pensionistas.
Esta ley contempla también que a partir del 1 de enero de 2019 el importe de las pensiones de jubilación estará vinculado a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, mediante una fórmula que disminuirá progresiva y sensiblemente las prestaciones de quienes se jubilen después de esa fecha.
Como consecuencia de esta última reforma, las pensiones en Canarias, como en el resto del Estado, sólo se han incrementado los últimos cuatro años un miserable 0,25%. Esto significa, por ejemplo, que para millones de pensionistas el incremento vigente en 2017 no alcance los 1,75 euros al mes. Si, además, tenemos en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado se prevé que el IPC de este año se va a situar bastante por encima del porcentaje citado y a ello le sumamos los años en los que las pensiones han estado congeladas, el resultado es que el poder adquisitivo de las personas mayores se encuentra en caída libre, con el consiguiente empobrecimiento y exclusión social de la gran mayoría de las personas jubiladas.
• La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, que establece el llamado «copago farmacéutico» y que implica el abono por los pensionistas de parte –o de todo– el precio de los medicamentos, que hasta esa fecha eran gratuitos. Un reciente informe de CC.OO. calcula que los pensionistas y trabajadores activos han gastado en medicinas 6.490 millones más desde que el Gobierno cambió el sistema de copago en 2012.
LA BRECHA DE GÉNERO.- La ignominia de la desigualdad de género se advierte claramente en el sistema de la Seguridad Social. La pensión media de las mujeres es un 30% inferior a la de los varones. El 62% de las pensiones de jubilación de las mujeres están por debajo de los 600 euros, si quitamos los complementos, mientras que en esta misma situación sólo están el 18% de las pensiones de los hombres. Además, las mujeres constituyen el 93% de las personas que reciben una pensión de viudedad y el 70% de quienes tienen una pensión no contributiva, que son las más bajas del sistema. Se mantiene también en la vejez la desigualdad que viven las mujeres en relación al trabajo y los cuidados a lo largo de toda su vida.
CONCLUSIONES.- La crisis de las pensiones no es un problema económico sobrevenido, sino la consecuencia de unas políticas de austeridad que han desmantelado el incipiente estado de bienestar de las mayorías sociales, en beneficio de las grandes corporaciones y empresas del capitalismo financiero. Estas políticas están sumiendo en la marginación y la miseria a amplias capas de la población, entre ellas a la mayoría de las y los pensionistas.
La ruina de la Seguridad Social no es tanto una consecuencia de la crisis como una cuestión de ideología y voluntad política, que nos aboca a un escenario de pensiones de subsistencia para pobres y de planes privados de pensiones para la ínfima minoría que pueda pagarlos.
Por todo ello, las organizaciones sociales, políticas, sindicales y vecinales firmantes de este manifiesto, llaman al conjunto de la ciudadanía a movilizarse para asegurar un Sistema Público de Pensiones que garantice una vida digna a las personas jubiladas, y que concretamos en los siguientes objetivos:
1º.- Que los desfases entre ingresos y gastos de la Seguridad Social se cubran desde los Presupuestos Generales del Estado.
2º.- Aumentar la cuantía de las pensiones –empezando por las no contributivas y contributivas mínimas–, hasta igualarlas al salario mínimo interprofesional; dentro del objetivo de lograr que la pensión mínima alcance los 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea como necesario para tener una vida digna.
3º.- Recuperar el modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC, para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.
4º.- Restablecer los 65 años como edad máxima de jubilación, en el contexto de una escala que considere edades más tempranas de retiro para aquellas profesiones que impliquen un mayor desgaste o riesgo físico o psíquico de los trabajadores y trabajadoras que las ejercen.
5º.- Establecer fórmulas que rompan la brecha existente entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres.
6º.- Eliminar todo tipo de copago o repago farmacéutico
7º.- Alcanzar cuanto antes la inversión media de la UE en pensiones.
8º.- Mantener el carácter público de los servicios de la Seguridad Social, sin privatizar la gestión.
Organizaciones firmantes:
Alternativa SOC; CCOO; COBAS; CSI-F; Coordinadora de Estibadores; UGT; USO; ANC; Anticapitalistas; J/PCPC; Izquierda Unida; PCPC; Partido Feminista; Podemos; Recortes; 0 Sí se Puede; XTenerife; A.VV. El Perenquén; A.VV. Toscal Tribulaciones; Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias; Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria; Canarias se Defiende; Colectivo Harimaguada; Junta Republicana de Canarias; PLANMOCAN, Centro de la Cultura Popular Canaria y Radio San Borondón.