SB-Noticias.- Denuncian que el Presidente del Gobierno de Canarias no los recibe
Los sindicatos de Seguridad anuncian movilizaciones a lo largo de esta semana, para denunciar a las Instituciones Públicas Canarias que contratan los servicios de seguridad a empresas «pirata», ya que consideran que “los actuales criterios de adjudicación, convierten los concursos públicos en meras subastas al precio más bajo, lo que facilita la adjudicación a empresarios oportunistas y sin escrúpulos que tiran sus ofertas por los suelos a costa de incumplimientos laborales”.
Por ello, la Federación de Trabajadores/as de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha convocado para este miércoles 4 de octubre,una Concentración frente a Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, bajo el lema «Nuestro futuro está en juego. No a las empresas pirata que pagan por debajo del convenio nacional», para reivindicar una contratación pública socialmente responsable.
Reclaman que tal como recogen las diversas directivas comunitarias, se debe tener en cuenta no sólo el precio a la hora de adjudicar los concursos «Exigimos que se adjudiquen los servicios a empresas que cumplan con el convenio colectivo sectorial y no sometan a miles de familias canarias a condiciones salariales de auténtica miseria».
Basilio Franco, Secratrio General de USO Canarias, dijo en Radio San Borondón que la lucha reivindicativa de los trabajadores de seguridad se ha orientado ahora hacia las administraciones públicas, porque ya han comprobado que contra las empresas del sector es imposible luchar, debido al enorme poder, influencias y maniobras irregulares, para ahorrar al maximo a costa de los salarios y los derechos laborales de los trabajadores.
ALCOR Seguridad una empresa pirata para vigilar los Centros de Menores
FTSP – USO Canarias denuncia que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias, ha adjudicado el contrato para prestar servicio de “protección y seguridad” en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) Valle Tabares, a la empresa Alcor Seguridad.
Aseguran que se trata de una compañía calificada como “empresa PIRATA”, sociedades mercantiles especializadas en conseguir concursos públicos a precios muy ajustados a costa de los/as trabajadores/as. Alcor Seguridad se descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios, ampliación de la jornada anual/mensual por encima del convenio y salarios que no llegan a los 1.000euros. Además aseguran que fue «expulsada» de la Universidad de La Laguna por las condiciones «inhumanas» en las que mantenía a sus empleados.
USO Canarias critica la contratación de Alcor Seguridad y que no subroga a la totalidad de la plantilla de vigilantes del CIEMI Valle Tabares. La FTSP – USO y los/as trabajadores/as del Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) Valle Tabares, se muestran indignados por que la empresa Alcor Seguridad no ha subrogado a unos veinte trabajadores/as de dicho centro. El servicio comenzó a prestarse en la medianoche del jueves al viernes, donde recogieron la uniformidad, un total de veinte vigilantes de seguridad de la empresa cedente (Seguridad Integral Canaria) no han sido recogidos por la empresa cesionaria (Alcor Seguridad) con antigüedad reconocida como recoge el Estatuto de los Trabajadores y Convenio de Seguridad, indicándoles el representante de la empresa que estos trabajadores/as no cumplen los parámetros para ser subrogados.
El argumento de esta empresa es que han inflado el listado del personal del servicio de vigilancia a subrogar, por lo que es necesario menos trabajadores/as, pero a su vez han realizado un total de veinte nuevos contratos de trabajo y con un cómputo mensual de 182 horas, en este caso se puede decir que la oferta que ganó este concurso público automáticamente se sitúo en baja temeraria. La decisión no fue compartida por los vigilantes, cuyos representantes sindicales (FTSP – USO) consideran que la empresa entrante debería asumir a todos los trabajadores y se ha puesto en manos de la Asesoría Jurídica de la USO para interponer demanda.