La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible acudirá este jueves 7 de septiembre a Bruselas, para comparecer ante el Comité de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo con el claro objetivo de plantear ante las instituciones europeas los problemas de legalidad europea del paquete legislativo que ha desarrollado el Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales y urbanística.
Esencialmente la Ley de Islas Verdes, aprobada en el mes de septiembre de 2016, sobre la ordenación territorial turística de La Palma, La Gomera y El Hierro; y la Ley del Suelo de Canarias que, aprobada el 21 de junio pasado, ha entrado en vigor el 1 de septiembre.
La denuncia fue presentada por Santiago Pérez en representación de la PLATAFORMA CANARIAS POR UN TERRITORIO SOSTENIBLE, que será quien exponga el planteamiento, aunque también intervendrán en la sesión de PETI (Bruselas) Vanesa Catalán(La Palma), Rubén Martinez (La Gomera), Juan Ramón Santana (El Hierro) y Antonio Pérez (Gran Canaria).
La Plataforma destaca, asimismo, el papel que han jugado en esta lucha la eurodiputada de IU, Angela Vallina y Elvira Hernández.
La Plataforma explica que «Ya en marzo, cuando acudimos a Bruselas por primera vez, advertimos de que uno de los fines que pretende toda la estrategia del Gobierno de Canarias es aprobar normas que puedan ejecutarse rápido, de forma que una vez ejecutados los proyectos aunque haya sentencias tardías declarando su nulidad la transformación del territorio y los recursos naturales sea irreversible. Y no nos hemos equivocado. En La Palma, ya se han puesto en marcha proyectos en espacios integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como es el campo de golf de Tamanca».
Para la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible este conjunto normativo, especialmente a través de la creación de los “proyectos de interés singular”, va en contra de algunos derechos fundamentales, no sólo de la legislación ambiental europea, sino de algunos derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico europeo, y en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son el derecho al medioambiente, el derecho a la igualdad ante la Ley y a la no discriminación, y el derecho de propiedad “porque a través de estos instrumentos de proyectos de interés singular, que se aprueban discrecionalmente por la autoridad administrativa, se puede poner en marcha el procedimiento expropiatorio, de forma que las garantías constitucionales y europeas del derecho de propiedad se convierten en una entelequia”.
Lo que la Plataforma va a defender en Bruselas ante el PETI es el diagnóstico expresado en la Memoria de la Directrices de Ordenación General (Memoria que, a pesar de carecer de valor normativo, el Gobierno también ha derogado explícitamente con la Ley del Suelo): “El objetivo de mantener nuestro medio natural coincide plenamente con el de hacer duradera nuestra principal fuente de recursos económicos. La defensa de los valores ambientales, imprescindible para sostener el atractivo turístico de las Islas, puede convertirse también en un magnífico reclamo para esa actividad”.