La conspiración golpista realenga, que tuvo en el asalto por militares del Congreso español y el secuestro de sus diputados el 23 de febrero de 1981 el episodio criminal más grave, consiguió la estratégica finalidad bastarda de consolidar la democracia vigilada y limitada instaurada por el pacto constitucional de 1978 entre las clases dominantes del régimen franquista y sectores dirigentes de la oposición democrática en el estado español, bajo las directrices de los EEUU.
Es decir, con el golpe «manu militari» del 23F, se «armonizó» el proceso autonómico, se intregró definitivamente a España en la OTAN y se dió cobertura gubernamental e institucional al terrorismo de estado para reprimir al soberanismo vasco.
De aquel aciago e impune de hecho, para la mayor parte de la trama, episodio golpista, surgió una «autoridad militar, por supuesto», que se denominó «elefante blanco», que aunque oficialmente nunca se identificó ni se personalizó, fue segura su existencia y la que, como «Director», asumió las funciones de que los pilares sustentadores del sistema franquista, esto es, la dominación por la oligarquía financiera de las relaciones sociales de producción y de la subordinación militar del estado español a los EEUU, permanecieran «atados y bien atados». Logrando, a través de aquellas bastardas actuaciones, tales objetivos.
La gravísima y sistémica crisis financiera del capitalismo global, ha tenido unas dramáticas consecuencias sociales en el estado español, donde los niveles sociales de desigualad, precariedad, pobreza, con altísimos índices de desempleo y corrupción política, son intolerables.
El descrédito y descomposición del sistema político institucional del rêgimen monárquico parlamentario español, por no dar respuesta satisfactoria a las clases populares ante sus graves problemas de necesidades sociales de vivir dignamente y de representación política, está generando una efervescencia democratizadora, sobre todo, en la nación catalana, en la que su pueblo, mayoritariamente, quiere votar pacificamente, mediante referéndum, sobre las opciones de permanecer o independizarse de España.
Este derecho a la autodeterminación, ante la voluntad del Parlamento de Escocia de ejercitarlo, fue acordado que se celebrara por el gobierno conservador del Reino Unido, después de concertarlo con el gobierno autónomo de Escocia. Resolviendo así, pacífica y democraticamente, un conflicto político. En cambio, el Gobierno central conservador español se niega a convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya, a pesar de la voluntad del Parlamento catalán, cerrando la posibilidad de un acuerdo al respecto con la Generalitat. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un derecho humano, recogido en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, ratificado por el estado español y que forma parte del ordenamiento constitucional español:
Artículo 10.2 de la C.E: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
Pues bien, al igual que cuando se hizo el trabajo sucio de reformar en el año 2011 el artículo 135 de la Constitución Española, por el que se da prioridad al pago de los intereses y principal de la deuda pública sobre cuaquier otro gasto social, las dirigencias del Partido Popular y del PSOE se pusieron de nuevo de acuerdo para aprobar la siniestra y fascista Ley de Seguridad Nacional de 2015.
Esta Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, surgió para que no se produjera una repetición, ahora en forma de referéndum de autodeterminación, de lo que aconteció el 9 de noviembre de 2014 en Catalunya, es decir una consulta popular sobre la voluntad del pueblo catalán de seguir o no formando parte de España.
Y es aquí, en esta Ley de Seguridad Nacional, donde aquel «elefante blanco» se institucionaliza para golpear a la democracia y que, ahora, puede utilizarse para suprimir y reprimir por la fuerza la celebración del referéndum de autodeterminación convocado para el 1 de octubre de 2017 por la Generalitat de Catalunya y destituir a su gobierno autónomo.
Vean si no su articulado, concretamente el artículo 24.
«Artículo 24 Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional
. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos:
a) La definición de la crisis.
b) El ámbito geográfico del territorio afectado.
c) La duración y, en su caso, posible prórroga.
d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.
e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.
2. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación».
Ya, los aparatos estatales españoles están preparando un terreno de intervención y represión en Catalunya, en un contexto de alerta terrorista de nivel 4 «reforzadoi»; ncluso, han empezado las entradas y registros en imprentas para incautar eventual material electoral, además de querellas de la Fiscalía contra representantes de instituciones catalanas e imposición de multas millonarias a los mismos.
Sólo el pueblo catalán, con su continua movilización pacífica en la calle, sobre todo el 11 de septiembre, «La Diada», la solidaridad y de movlización de los demás pueblos del estado español pueden parar los riesgos «primorriveristas» de Rajoy.