Vozpopuli.- Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, puntualiza a este diario que no es un cierre empresarial sino de algunos servicios deficitarios, y que afectará a la mitad de sus vigilantes. Asegura que las administraciones les deben 25 millones.
Una de las empresas de seguridad privada más conocidas y también más polémicas de España ha anunciado este martes a sus trabajadores un ajuste en su actividad. Según ha informado el comité de empresa, Seguridad Integral Canaria ha anunciado este martes un «cese de actividad» tras el que cederá o venderá sus servicios en un ajuste que afectará a 1.000 vigilantes de los 2.000 que tiene. Se trata principalmente de las actividad de seguridad privada con contratas, deficitarias según asegura su presidente por la mala calidad de los pagadores.
Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En los últimos años consiguió saltar fuera de las islas y consiguió presencia en la Península con adjudicaciones importantes como Metro de Madrid o el Ministerio de Defensa. Las actividades afectadas serán sobre todo en las islas y según Ramírez seguirán manteniendo contatos emblemáticos, como el propio de Metro, que en mayo vigilaba Seguridad Integral Canaria en un 40% de su red.
La compañía tendría pérdidas de 7,2 millones con unos impagos muy superiores
Según informa el comité, el 1 de septiembre la compañía liquidará los servicios privados y el 1 de octubre los públicos, mientras mantiene su compromiso de pagar a «trabajadores, proveedores y bancos». Este periódico ha podido hablar con Ramírez, quien ha asegurado que no se trata de un cierre empresarial sino de una «reordenación». «Tenemos que reiniciar nuestra presencia en transporte de fondos y sistemas y quedarnos con los servicios que pagan bien y lo suficiente para cumplir con el convenio nacional. Por ello nos vamos a quitar todos los servicios de seguridad y vigilancia que nos pagan tarde y no cubren nuestros costes».
Según fuente sindicales, la empresa tiene pérdidas de 7,2 millones de euros de los cuales 3,2 se deben a la compra de la oficina en Las Rosas (Madrid), 3,7 millones por denuncias perdidas y 500.000 por gastos operativos. La empresa tendría además 25 millones sin cobrar de las administraciones: Patrimonio le debería 2 millones, Defensa 2,5 y el ayuntamiento de Las Palmas 5 millones.
Ofertas a la baja
Integral Canaria había sido criticada por los sindicatos por hacer ofertas a la baja para ciertos servicios, con unas rebajas de costes que repercutía en sus empleados mediante convenios peores que el convenio nacional, algo que permite la reforma laboral. Sin embargo, el objetivo de la empresa es ahora precisamente «poder cumplir el convenio», según su presidente. En estos momentos, la empresa estaba adoleciendo de problemas de caja que le habían llevado a impagar a sus empleados, según ha reconocido su presidente, y lo que le había provocado una huelga general.
Además, Ramírez ha asegurado que no habrá despidos porque otras empresas se quedarán con los servicios de Integral Canaria mediante subrogaciones.