Ya son tres las sentencias igual de contundentes del TSJC contra el Decreto 113/2015 que regula la VV en Canarias.
El TSJC ha emitido la sentencia del recurso de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) contra el decreto 113/2015.
En la sentencia al recurso presentado por ASCAV, el Tribunal se reafirma, calificando una vez más de “falacia” la justificación del Gobierno de Canarias a la prohibición de las Viviendas Vacacionales en zonas turísticas al tiempo que nuevamente insiste en que el Reglamento “infringe claramente la libertad de empresa, siendo la única explicación plausible a esta cortapisa la de tratar de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en zonas turísticas”.
Asimismo, la sentencia de ASCAV falla a favor de la impugnación del artículo 5.2 a) por el que quedaba prohibido a los usuarios destinar la vivienda vacacional a fines que no fueran los propiamente turísticos ya que limita el ejercicio al derecho de la propiedad privada en el bien inmueble, que es, precisamente eso, una vivienda. También anula el resto de apartados del artículo 5.2 ya que el Tribunal entiende que el Reglamento no tiene potestad para imponer deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas.
En definitiva, el fallo de la Sala, anula los artículos 3.2 y las prohibiciones de VV en zonas turísticas y urbanizaciones mixtas residencial – turística, también anula el 5.2 y los usos a los que el propietario quiera destinar la vivienda, negando la potestad del Gobierno de Canarias a imponer deberes a los turistas. Asimismo, como en las anteriores sentencias, se anulan los artículos 12.1 que no permitía el alquiler parcial de viviendas, ya que se vulnera, una vez más la libre oferta de servicios, por lo que la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, volviendo a lesionar la libertad de competencia y el artículo13.3 en lo referente a la espera de 15 días para el inicio de la actividad. Por su parte, el fallo condena también a costas al Gobierno de Canarias.
Además de las restricciones a las viviendas ubicadas en suelos turísticos, hay que sumar toda la problemática de los suelos rurales, que tanto en Tenerife como en Lanzarote, está bloqueando la regulación de viviendas que aún dotadas de cédula de habitabilidad no consiguen reconocimiento por parte de Ayuntamientos y Cabildos aunque su construcción fuera incluso anterior a cualquier Plan de Ordenamiento y normativa urbanística.
Esta sentencia junto con los datos del Informe sobre VV elaborado por el Gobierno de Canarias y presentados hace tan sólo unas semanas en la que se constata que el sector de mercado que demanda alquiler vacacional en relación a los turistas que nos visitan representaba en el 2010 el 10,32% de los turistas y en el 2016 el 8,61% de los mismos y que, por tanto, no hay una boom turístico de la VV, pone en evidencia, que todo el desarrollo normativo, sólo ha pretendido atentar contra principios fundamentales de derecho de propietarios e intermediarios turísticos.
La perversión del modelo de la VV por parte de inversores y bancos que compran edificios completos, para convertirlos en “pseudo” todo incluidos, animados por la RIC para prestar servicios diversos, sólo ha pretendido cerrar la puerta a una demanda internacional de VV como modalidad de alojamiento tal y como la concibe ASCAV y el millar de socios y socias a los que representa, que trata de dar respuesta a una demanda concreta del turista.
El modelo tradicional al que se aferra Canarias, sólo pretende seguir aportando más de lo mismo, lo cual, es altamente peligroso y nada constructivo para el devenir turístico de las islas, ya que una oferta diversa que escuche y se adapte activamente las demandas del visitante y le proporcione seguridad jurídica, resulta vital.
La VV como actividad tiene un impacto económico de 1500 millones de Euros en las islas, según el propio Gobierno de Canarias, por lo que, genera empleo y una oportunidad para los canarios de participar de un recurso turístico que es de todos y todas.