Eso que suena tan mal de judicializar la política es un adjetivo muy del gusto de quienes “sufren” mayor número de denuncias por su mala acción política. La justicia es un recurso más que tienen las organizaciones sociales y políticas en su mano para poder realizar su labor, para hacer cumplir la legalidad o lograr que asuntos irregulares sean aclarados. Por desgracia, como hemos visto recientemente en el ranking estatal de denuncias por corrupción, en Canarias sigue siendo más que necesario.
Me parece normal que el uso de la justicia no guste a esa vieja clase política que, entre declaraciones de prensa más o menos altisonantes, se dedicaba a hablar de sus negocietes y a repartirse favores. A lo más que llegan quienes defienden ese viejo régimen es a promover las denuncias contra leyes progresistas o contra quienes de alguna manera se han opuesto frontalmente a su caduco modelo político. Esas son las únicas acciones legales que les gustan.
En las últimas semanas nos han notificado el archivo de dos denuncias presentadas en torno al Caso Técnicas Competitivas y al Caso Grúas. En ambos, presentamos escritos, uno ante la Fiscalía y otro ante el Juzgado de Guardia, en compañía de Por Tenerife-Nueva Canarias, acompañados de decenas de pruebas documentales que nuestros asesores jurídicos entienden que señalan los presuntos delitos que atribuimos a los responsables políticos de nuestro municipio y diversos entramados de afines y empresas vinculadas a Coalición Canaria. No son denuncias fruto de un calentón o del capricho, son el resultado de un trabajo concienzudo de estudio de expedientes e informes donde creemos que se demuestra que desde la responsabilidad municipal se han cometido irregularidades.
Seguramente sea más políticamente correcto eso de la oposición light, que a lo sumo llega a una denuncia en prensa, que nunca se mete en líos de juristas, “no vaya a ser que al final no podamos pactar”. Yo personalmente saldría colorado de lo que espero que sea un pequeño tránsito por la actividad política institucional si, teniendo conocimiento de lo que una asesoría jurídica cree que podría ser un presento delito, no lo trasladara al juzgado, que debe ser quien determine una vez consumidos todos los recursos legales a nuestra mano, si hubo o no hubo una irregularidad.
Pongamos como ejemplo el llamado Caso Grúas. En 2003 un joven concejal de Seguridad Ciudadana, llamado Fernando Clavijo, apuesta por privatizar el servicio municipal de grúas. Entre 2004 y 2005 se adjudica este servicio a la empresa del señor José Padilla, que en sede judicial y en la Comisión de Grúas insistió una y otra vez que fue utilizado para colocar a afines a responsables políticos de Coalición Canaria en buena parte de puestos de trabajo creados ex profeso, como se deduce del análisis de la documentación. En 2011 le empresa se vende a una serie de empleados que son señalados por varias fuentes como vinculados a Clavijo, existiendo un documento que además certifica que la antigua oficina del exalcalde lagunero y su exsocio son los contactos que estas mismas personas indican al juzgado como lugares donde ser notificados. No solo eso, entre 2011 y 2015 la empresa vive una auténtica convulsión: incumplimientos constantes del pliego de condiciones firmado, carencia de tarjeta de transporte e ITV de varios vehículos, más de 300.000 euros de deudas con la Seguridad Social y Hacienda, impagos de nóminas a su plantilla de más de un año, un proceso judicial abierto por el robo sistemático de piezas de vehículos del depósito municipal de Camino La Villa… Y en ningún momento el Ayuntamiento abrió o inició el más mínimo expediente de investigación o sanción contra Autogrúas Poli SL. Y no solo eso, en 2014 se le prestan, en contra de los informes de los técnicos municipales, 120.000 euros de las arcas municipales para hacer viable que en agosto, con documentos de los directores del servicio advirtiendo de faltas “muy graves o gravísimas”, se le vuelva a prorrogar el servicio a la misma empresa. Teniendo constancia de estos elementos, disponiendo de más de 36 documentos probatorios… ¿Deberíamos habernos quedado esperando? Creemos que no.
Evidentemente tendremos que pedir perdón. Perdón por las molestias a quienes han amparado y protegido estas irregularidades. Vamos a seguir denunciándoles. Vamos a llegar hasta el final porque tenemos pruebas para ello.
Rubens Ascanio. Portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna