Intersindical Canaria muestra su posición contraria al techo del gasto y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el que el gobierno del PP pretende dar continuidad a la imposición de férreos recortes en materia de gasto social, y que fundamentalmente, se materializará en nuevas mutilaciones en los servicios públicos del Estado pero especialmente de la Nación Canaria, alejando aún al conjunto de la población del Estado de bienestar.
El sindicato considera el Gobierno canario y el partido que lo sustenta vuelven a practicar su conocido síndrome de bipolaridad política, haciendo en Madrid lo contario de lo que dice en Canarias.
Acusan al Gobierno de incoherencia por el teórico rechazo al techo de gasto «y después la Consejera de economía escenifica tal oposición en la reunión con las CC.AA con una abstención de consolación al gobierno de Rajoy».
También consideran que el presidente Clavijo, para no ser menos en su política entreguista al PP, aminora luego su oposición al techo del gasto público, condicionando su definitiva aceptación a las migajas que Rajoy pueda ofertar. Preocupa también ahora el apoyo que Nueva Canarias pueda dar al techo del gasto y que los perjuicios sean superiores a las insignificantes compensaciones que le pueda ofertar Rajoy .
Desde IC afirman que las naderías con la que el gobierno canario quiere presentar su «exitosa» gestión política ante Madrid, quedan evidenciadas luego en el nulo reflejo que tienen en las clases populares canarias, soportando un sistémico e injusto reparto de la riqueza que, además, deja a la mayoría social sin ser beneficiario del crecimiento de la economía en las islas que, mantiene a los trabajadores canarios con los peores indicadores sociales y laborales, ínfimos salarios, superiores jornadas laborales y una ridícula creación de empleo (cuando esta se produce) en régimen de precario y de alta temporalidad.
Por otra parte desde IC indican que «los datos recientemente conocidos en el sentido del aumento de la población en cerca de diez mil personas en el periodo del último año, no hace sino sembrar nuevas y preocupantes incógnitas sobre el devenir del País Canario, al darse la circunstancia que con menores inversiones públicas, se ve incrementado el gasto social por crecimiento poblacional. Continúan además intocables el engranaje de las estructuras de poder colonialista en las que el Estado Español, mantiene su política de saqueo y de extracción de capital de la boyante industria turística, mientras con la colaboración de sus medianeros del Gobierno canario, mantiene la política restrictiva en materia inversora y de devolución de los activos económicos generados en las islas con los que pudiésemos salir del binomio social de pobreza-dependencia».